Este sábado el Servicio Electoral (Servel) publicará las resoluciones que aceptan o rechazan las candidaturas para la elección de gobernadores regionales, al igual que para los convencionales constituyentes, alcaldes y concejales, con miras a la elección del próximo 11 de abril.

Particularmente, la elección del primer gobernador regional de La Araucanía será clave en la alineación del camino que se trace la propia Región en materia de su desarrollo, con las prioridades que se soliciten establecer con miras a que toda la inversión pública sea coherente con esos principios específicos establecidos en cada territorio.

Por eso, es importante que los electores de la Región conozcan las propuestas de los postulantes y voten de manera informada. La figura del gobernador regional deberá apelar de forma muy intensa a una buena coordinación multinivel -desde los municipios hasta el Gobierno central y, por supuesto pasando por el propio Gobierno Regional- así como a una creciente capacidad de fomentar la articulación público-privada en la definición de un verdadero "proyecto regional", que represente, convoque e interprete los intereses y aspiraciones locales.

Es también muy importante considerar que este ejercicio de democratización viene de la mano del proceso de traspaso de competencia desde el nivel central a las regiones. Realizar un adecuado traspaso de atribuciones al gobernador regional permitirá consolidar esta nueva figura política regional -que parte, por cierto con ciertas dudas ya que contará a su lado con la figura del delegado presidencial- quien a su vez se verá obligado a llevar adelante adecuadas relaciones intergubernamentales.

Ante tal nivel del desafío, no hay duda que junto con la relevancia de las propuestas, será también importante considerar la disposición que se expresa para realizar una adecuada labor de articulación de los intereses locales, con miras al mayor bienestar y desarrollo de todos los habitantes de La Araucanía.

El debate público parece haberse reducido a la violencia rural y su necesaria sanción, por una parte, y a la recuperación de territorios ancestrales al más breve plazo, por la otra. Este enfoque en lo contingente no se hace cargo de una pregunta fundamental, vigente hace más de 200 años de historia del Estado chileno: cómo lograr la coexistencia pacífica e integración de sociedades, que evidencian un origen histórico y trasfondo cultural fundamentalmente distintos.

Los hechos ocurridos durante las últimas semanas nos recuerdan que al parecer vivimos en un deja vu constante, donde el Estado en sí ha estado ausente en los peores momentos. Estamos transitando hacia una fase en la que solo podemos perder y si el Estado no interviene, deteniendo la escalada de violencia e implementando políticas de desarrollo de largo plazo, entonces no es de extrañar que los individuos más violentos de cualquier signo político dominen el discurso público y, con este, el curso de los acontecimientos.

Concordantemente, se deben ejecutar acciones que trasciendan de la crisis coyuntural, estableciendo como prioridad permanente la consolidación de nuestro Estado en el momento histórico actual. Esto significa asegurar las condiciones para la convivencia pacífica entre realidades distintas. Es absolutamente esencial sentarse a conversar y entender la realidad del otro, desde el chileno al mapuche, pero también del mapuche al chileno. Una vez restablecido el diálogo, es necesario avanzar rápidamente en la toma de medidas concretas.

Es aquí donde queda claro que los desafíos jurídicos para el Estado son dobles. Por una parte, garantizar el desarrollo sociocultural y económico de los integrantes del pueblo mapuche e individualizar las responsabilidades legales, tanto civiles como penales, por las graves injusticias que han afectado la Región. Esto último implica perseguir y sancionar efectiva y proporcionalmente a quienes protagonizan hechos de gran violencia en la macrozona sur, y que pretenden arrogarse la titularidad de un conflicto y la vocería de un pueblo, pero a su vez también castigar con dureza la discriminación y el fraude que se desarrolla en el contexto intercultural, que han contribuido a la pobreza y marginación de integrantes del pueblo mapuche de la vida en común. Todo lo anterior busca garantizar un principio fundamental, que muchas veces ha estado ausente en La Araucanía y que hoy día parece tan esquivo en el resto de Chile: la justicia.

Se debe trabajar en propuestas de solución, con el fin de aportar en la construcción del nuevo y justo trato que debe primar en el futuro. Solo de esta manera será posible construir un modelo de convivencia basado en el respeto recíproco y el crecimiento social, económico y cultural de todos.

Francisco Bedecarratz investigador Facultad de Derecho U. Autónoma de Chile