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Según el presidente del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Camilo Henríquez de Temuco, Claudio Díaz Ramírez, el Congreso es el culpable de la crisis que enfrenta el establecimiento y que impacta directamente en los estudiantes, en el marco de la huelga legal del Sindicato de Trabajadores desde hace más de 4 meses.

El dirigente de los apoderados, con dos hijos en el establecimiento, deja en claro que como padres no es su rol tomar parte en este conflicto laboral y, por lo mismo, hace un llamado desesperado al Mineduc para encontrar una pronta solución pedagógica que evite que los alumnos pierdan el año, sobre todo, los cuartos medios.

- ¿Por qué razón está fragmentado el C.G.P.A. del establecimiento?

- Lo que pasó es que un grupo de apoderados denominados padres organizados, quienes desde un comienzo apoyaron las acciones del sindicato, querían medidas más radicales respecto de la huelga que nos afectaba a todos, en cambio este Centro General de Padres entendió que el conflicto es laboral producto del choque de dos leyes y siempre veló por los estudiantes y el restablecimiento del servicio. Además representamos a más de 2.500 apoderados, por lo tanto, tenemos que mantenernos lo más neutral posible. Creemos que la judicialización y las demandas colectivas, siendo legítimas, no destraban el conflicto.

- ¿Cuál es la posición del C.G.P.A. respecto de la huelga de los profesores? ¿La apoyan o rechazan?

- Nos guste o no, tanto la corporación como el sindicato tienen toda una legislación que los respalda, con demandas que son muy legítimas de parte del sindicato, sin embargo, nuestros hijos no tienen una legislación que les asegure su derecho a seguir estudiando y que el servicio se restablezca. Nuestros hijos están desprotegidos y viviendo una tragedia, ya que el tema laboral está por sobre su derecho a la educación. Ellos son víctimas de una Ley de la República (Ley de Inclusión) que quedó mal hecha porque permite que otras dos leyes se contrapongan y hasta el momento nadie se hace cargo de esto.

- ¿Quién es el culpable de esta crisis entonces?

- El Congreso es el culpable porque la Comisión del Senado hizo una mala ley que afecta directamente a nuestros hijos. Y esto no lo digo yo, lo dice la evidencia al tener una ley laboral que está por sobre el derecho a la educación. Aquí han venido una serie de parlamentarios y ninguno de ellos ha asumido este error. El propio ministro de Educación confirmó hace unos años atrás que la Ley de Inclusión quedó mal hecha.

- Después de lo que ha pasado y considerando la trayectoria de la institución ¿debería la Corporación Educacional El Bosque seguir siendo el sostenedor?

- A pesar de toda esta tragedia, no están dadas las condiciones para quitarle la calidad de sostenedor a la Corporación Educacional El Bosque. El proceso de inhabilitación que inició la Superintendencia de Educación es apelable y no destraba el problema de fondo que es la necesidad de que nuestros hijos vuelvan a clases.

-¿Cuál es el llamado que hacen al Mineduc?

- Que las autoridades de Educación entreguen una solución a nuestros estudiantes para que en el contexto de una huelga puedan terminar su año escolar, partiendo por los alumnos de cuarto medio que están muy angustiados. Legalmente la corporación no puede sustituir a los profesores, por eso es la autoridad educativa la que debe entregar una respuesta, ya sean exámenes libres o promedios de notas. Al seremi de Educación le pedimos fechas claras, no podemos seguir esperando después que no han llegado a un acuerdo en cuatro meses. Esto ya no se trata de estar a favor de un sindicato o una corporación porque los estudiantes y los apoderados han estado invisibilizados.

LLa jueza del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Ema del Pilar Novoa, condenó a la Corporación Educacional El Bosque por haber incurrido en prácticas desleales, tras haber desvinculado a una trabajadora con fuero laboral durante un proceso de negociación colectiva.

La denuncia fue realizada por la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, luego de que María Fernanda Améstica Caris, asistente de la educación del Colegio Brother's School de La Florida fuera desvinculada del establecimiento el pasado 19 de octubre de 2020, cuando el sindicato de trabajadores se encontraba en pleno proceso de negociación.

En la sentencia realizada el 12 de julio, la magistrado señaló que la corporación educacional, que es también sostenedora del Liceo Camilo Henríquez, vulneró el principio de la buena fe durante el desarrollo del proceso de negociación colectiva, al separar ilegalmente a la asistente. La investigación realizada arrojó que el empleador no exhibió la debida autorización judicial para el despido.

La Corporación Educacional El Bosque fue sentenciada al pago de una multa de 100 UTM mensuales; a una capacitación de todos los integrantes del Directorio de la Corporación, directores académicos y jefes de unidades sobre negociación colectiva y derechos fundamentales; y al pago de las costas de la causa.

Esta sentencia se suma a la lista de demandas en contra de la Corporación Educacional El Bosque, las que junto a una serie de eventuales irregularidades financieras, son el argumento de la Superintendencia de Educación de La Araucanía, para iniciar un proceso de inhabilitación del sostenedor. El representante legal de la Corporación, Miguel Ángel Jara, ya fue notificado del inicio de este proceso.

El Liceo Camilo Henríquez de Temuco cumple 130 días en huelga legal, en el marco de una fallida negociación de contrato colectivo.

Durante esta semana, conductores del transporte público (micros y colectivos), además de organizaciones de ciudadanos de Temuco, Angol y Victoria, realizaron una manifestación en la capital regional para solicitar una baja a los impuestos de los combustibles.

Según indicaron los manifestantes, lo que buscan es eliminar el impuesto específico y bajar el IVA de este producto de vital importancia, en el marco de un alza progresiva del valor del combustible, de manera de llevar alivio al bolsillo de los chilenos.

Así lo indicó el manifestante y abogado, Edgardo Sepúlveda, quien dijo que "desde 1986 el impuesto específico a los combustibles es un gravamen único en el mundo que soporta el consumidor, el cual está por sobre el IVA y otros impuestos aduaneros".

Jorge Magdiel Jarpa añadió que en conversaciones con los conductores, "ellos me han señalado que la mitad de lo que ganan se va en impuestos, entonces si se eliminara no solo tendrían más dinero para el bolsillo, sino que automáticamente bajaría el valor de todos los productos finales que pagan los consumidores mejorando así la calidad de vida".

Loreto Campana corroboró la solicitud indicando que este impuesto está por sobre los automovilistas porque también afecta a los consumidores del gas licuado y parafina.