Buscan "marco legal" para víctimas de la violencia rural de la macrozona sur
INICIATIVA. Gobernador y parlamentarios de Chile Vamos firman apoyo a Proyecto de Ley que presentarán al Presidente Piñera.
Dado que hasta ahora solo existe una glosa presupuestaria que ha sido catalogada de insuficiente, la que además es postulable y que tampoco entrega mayores garantías desde el punto de vista de las vulneraciones que sufren las víctimas de atentados en la macrozona sur, el gobernador regional, Luciano Rivas, y los parlamentarios de Chile Vamos firmaron un acuerdo de apoyo transversal a un proyecto de Ley que busca la reparación de las víctimas de la violencia rural.
Esta firma se realizó ayer en Temuco en una reunión híbrida convocada por la primera autoridad regional, en donde participaron los diputados y senadores oficialistas de La Araucanía, siendo ahora el objetivo que el Presidente Sebastián Piñera patrocine el proyecto para que sea discutido en el Parlamento.
El gobernador destacó la firma de apoyo al Proyecto de Ley que fue elaborado por su equipo y que fue entregado al ministro de Justicia en su reciente visita a la Región.
"Concretar esta iniciativa es fundamental para avanzar en la recuperación de la democracia en la macrozona sur. Creemos que es el momento de empezar a actuar con hechos concretos para dar soluciones a las víctimas de violencia de nuestra Región", consignó, junto con hacer un llamado a los demás gobernadores y parlamentarios de la macrozona sur para que suscriban transversalmente esta iniciativa.
El diputado de Evópoli, Andrés Molina, también valoró este acuerdo, precisando que "hemos consensuado y vamos a llevar este Proyecto de Ley a La Moneda en una semana más".
PROYECTO DE LEY
En general el proyecto apunta a que las víctimas de violencia rural reciban la adecuada "información, apoyo, protección, resarcimiento e indemnización", respecto del daño físico, psicológico y patrimonial.
En este sentido, entrega un marco legal y reconoce la condición de "víctima de la violencia rural", el cual va más allá de la persona natural, protegiendo también a las organizaciones e instituciones, siendo el fin último la entrega de "una justicia reparadora".
Para ello introduce procedimientos para efectuar "reclamaciones administrativas o judiciales", según sea el caso, junto con detallar los organismos intervinientes.
De acuerdo a lo que ha sido una sentida demanda, provocando incluso una huelga de hambre, el proyecto plantea que "mientras se mantengan en tramitación los procedimientos descritos en la presente ley, se suspenderá el cobro de todo impuesto o contribución respecto de los inmuebles de propiedad de la víctima".
La iniciativa también aclara que el haber recibido algún tipo de compensación anterior, "no constituirá un impedimento para acceder a los procedimientos administrativos y judiciales descritos en la presente ley".
Se consigna además que "es el Estado quien debe hacerse cargo de las costas personales y procesales a que den lugar los procedimientos descritos en la presente ley, sean en sede administrativa o judicial, debiendo nombrarse un abogado para el caso de la víctima que carezca de los medios necesarios".
Por último, el proyecto contempla la elaboración de "un registro histórico especial con todas las víctimas de los hechos constitutivos de la violencia rural", de modo que por el solo hecho de estar inscritas gocen "de preferencia para la obtención de beneficios y accesos a educación, salud, previsión, subsistencia y vivienda, así como acceso a créditos y prestaciones por parte de entidades privadas y públicas".
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"Concretar esta iniciativa es fundamental para avanzar en la recuperación de la democracia en la macrozona sur".
Luciano Rivas,, gobernador regional