A través de la puesta en marcha de una ley corta, el diputado Evópoli por La Araucanía, Sebastián Álvarez, intentará superar la crítica situación que hoy amenaza la existencia de los servicios de Agua Potable Rural (APR) de La Araucanía.

De acuerdo con lo señalado por dirigentes de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru), la entrada en vigencia de Ley de Servicios Sanitarios Rurales puede poner en serio riesgo de continuidad de sus servicios.

Esta ley regulariza su organización, funcionamiento, y calidad de servicio, al alero del Ministerio de Obras Públicas, y según sus declaraciones, el 80% de los más de 300 APR existentes en la Región -que atienden una población cercana a las 400 mil personas- sufre graves problemas que les impiden cumplir con los requisitos para ingresar al sistema de registro nacional. Incluso muchos podrían quedar abandonados por quienes los administran ya que no cuentan con los recursos necesarios para continuar de acuerdo a la nueva legislación.

Yorki Riquelme, presidenta del Comité de Agua Potable de San Ramón, señaló que "todo esto hace casi imposible cumplir con los plazos establecidos por la ley, hay comités demasiado atrasados, que no pueden cumplir con los requisitos, todos somos voluntarios y sin embargo para cumplir con los cobros de las nuevas tarifas que serán dictadas por el MOP, el control de calidad y otros temas sería necesario contratar administrativos, mucha de nuestra gente es de tercera edad, se sienten abrumados por las exigencias, por las presiones de los organismos del MOP, por las eventuales multas, ya que estamos atrasados en varios meses, y amenazan con dejar los servicios de APR botados".

PREOCUPACIón

"Acá quedan en evidencia las injusticias y falta de empatía hacia el mundo rural, la carencia de agua para consumo humano y tantas otras desigualdades marcan una situación antagónica que se debe terminar usando un criterio de justicia territorial", explico el diputado Sebastián Álvarez, miembro de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, quien agregó que "por eso es que estoy liderando una ley corta para salvar esta grave situación. La gente quiere un ordenamiento, pero paulatinamente, con un plazo para subsanar los problemas que se vieron agravados por la pandemia, quieren capacitarse, quieren entregar un mejor servicio".

El parlamentario señaló que "hasta ahora somos los únicos del oficialismo en respaldar su petición para presentar una ley corta, que aplace las exigencias al menos por dos años".