Falta de calle
Probablemente a muchos parlamentarios, políticos y líderes de opinión, les parecerá una obviedad abordar el tema de la asistencia de los niños al kínder y también intrascendente si este es o no obligatorio. Si no, me cuesta entender el rechazo al proyecto de ley votado el martes.
Efectivamente, los estratos más educados y con mayores ingresos no se pierden respecto de la importancia de esta etapa educativa: sus hijos y nietos lo más probable es que estén asistiendo a la educación pre-escolar.
El problema no está allí. Está en las poblaciones, en el campo, en las familias más pobres de Chile. En el percentil 25, por ejemplo, solo un 50% envía a sus niños al colegio. Y, según la encuesta Casen, el 73% de quienes no llevan a sus niños al jardín infantil considera que no es necesario porque "los cuidan mejor en casa". Esto, pese a que la cobertura llega al 97%.
Entonces, hay un tema cultural, educativo e, incluso, una tremenda desazón en los hogares de los niños más vulnerables que los deja fuera de la educación inicial, precisamente en una etapa sustantiva para su futuro.
Por ello, el rechazo al kínder obligatorio no es una derrota política ni un golpe "al lucro". Es una herida enorme al corazón de niños y mujeres más vulnerables. Así lo entendemos quienes día a día estamos en las calles y en las comunas más desposeídas de Chile intentando frenar la llamada "condena de cuna", trabajo que hoy retrocede con la lamentable decisión de nuestros parlamentarios.
Anne Traub, directora de Fundación Niños Primero (FNP) y Círculo Mujeres Power
Treinta y más años de solo bla-bla
En algunos días más volveremos a repetir el ritual de promesas de todos los/las candidatos a la presidencia. Es un periodo en el que quienes pujamos por un mayor y mejor acceso a los medicamentos, ya hemos vivido muchas veces desde los años 90 en adelante.
Creo que ya es hora en que se develen las verdaderas razones de por qué no tenemos avances sustantivos en esta materia y señalar que es la corrupción la verdadera responsable.
Ya no es posible hablar de ceguera o falta de comprensión de nuestras autoridades, en todos sus niveles, tampoco falta de propuestas o evidencias. Todos los elementos que podrían dar un giro a la política de medicamentos están sobre la mesa, lamentablemente solo se escucha a la industria farmacéutica, que con su mantra de la "calidad, eficacia y seguridad" nos mantiene presos de un entramado normativo que solo empuja los precios de los medicamentos al alza.
Esta corrupción no es un sobre o un maletín para acá o para allá. Se trata de un ecosistema, donde todo el manejo de la información pasa por el financiamiento de las empresas farmacéuticas, la evidencia viene de ellos, los estudios, los análisis y buena parte de las noticias, relacionadas, son agenciadas por la industria.
En el mundo de los medicamentos, la industria es el gran hermano que todo lo puede y está en todos lados. Un estilo SQM, pero más sofisticado.
Para un buen debate sería bueno un sinceramiento al respecto.
Parodiando a la joven Greta Thunberg son 30 y más años de puro bla, bla, bla, bla.
Patricio Novoa Valle/ Daniel Zapata Zapata
Buena fe
Uno de los principios esenciales del Derecho es el de buena fe, que opera como directriz y límite a la actuación de todos quienes llevan a cabo actuaciones con trascendencia jurídica. Supone una salvaguarda de la confianza y de las legítimas expectativas, y sus efectos se irradian no solo al ámbito de las relaciones entre sujetos privados, sino que también a la actividad de todos los órganos del Estado. Entre éstos se cuenta obviamente la Convención Constitucional, encargada de redactar ni más ni menos que la norma jurídica más relevante del país, la Constitución.
Como se sabe, este órgano surgió en virtud de un acuerdo suscrito por la mayor parte de las fuerzas políticas democráticas, y está regulado por el Capítulo XV de la actual Constitución. Los preceptos de este Capítulo establecieron la forma en que debía generarse la Convención, su composición, y las reglas y límites a los que debe ceñirse con el objeto de cumplir con el único y preciso fin para el que fue creada: redactar un proyecto de nueva Constitución.
Los ciudadanos elegimos a los miembros de la Convención para que nos propongan un nuevo texto constitucional conforme a aquellas reglas y límites. Por ende, la buena fe exige que la Convención respete el quórum de aprobación de normas de 2/3; la prohibición de intervenir o ejercer funciones o atribuciones de otros órganos o autoridades; la prohibición de atribuirse la soberanía, y el deber de que el texto que elabore respete el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
José Ignacio Martínez Estay, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes
