La delincuencia se ha visto potenciada por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes, que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas.

Recientemente, Carabineros dio a conocer que este año, hasta agosto, la institución había realizado en el país 5.321 detenciones con incautación de armas de fuego y blancas, la mayoría de ellas en poder de adultos, pero también de niños y adolescentes. Los aprehendidos tenían, en promedio, dos detenciones, aunque algunos acumulan más de un centenar de aprehensiones en su carrera delictual.

Por ello, en el Congreso Nacional se estudian los cambios a la legislación de control de armas, para hacerla más eficiente. En septiembre, la sala del Senado aprobó y despachó en tercer trámite a la Cámara de Diputados el proyecto respectivo que busca, entre otras materias, fortalecer la fiscalización, instalar un registro de cada arma y considerar a las municiones en la legislación. En el proyecto, se aumenta la fiscalización y regulación de las armas y municiones inscritas, pero se debe abordar el tema de las armas ilegales y el tráfico de las mismas.

El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego.

Se recuerda que una encuesta realizada este año por el centro de estudios Espacio Público y la empresa Ipsos, reveló que el 53% de los consultados cree que la delincuencia es el problema más urgente que enfrenta el país, incluso superando al desempleo y las dificultades de acceso a la salud. Por una parte, se aprecia una mayor violencia en los delitos, y por otra, la participación de menores de edad, que son inimputables o se exponen a bajas penas, por lo que suelen ser utilizados por personas mayores. Se entiende la preocupación que existe entre los habitantes, por la extremada violencia en las acciones delictuales, que muchas veces tienen que ver con el tráfico de drogas y la tenencia de armas.

En el marco de la aprobación del Reglamento de la Convención Constituyente se definió un conjunto de comisiones temáticas, que son el espacio donde se desarrollará el contenido de la nueva Constitución. Una de estas comisiones es la de "Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal". Su nombre es extenso, pero recoge de buena forma la prioridad puesta en la equidad territorial lo que, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia para Chile y sus regiones.

En Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural- hemos señalado que la descentralización es un medio clave para el logro de una mayor equidad territorial, pero no es suficiente, pues se requiere intervenir también en una serie de dinámicas y políticas sociales, económicas, medioambientales, que refuerzan las desigualdades existentes entre territorios más aventajados y rezagados del país. La buena noticia es que, a juzgar por el listado de temas que se propone tratar la mencionada Comisión, estamos en un muy buen pie para abordar el proceso desde esta mirada centrada en la justicia territorial y no, como tradicionalmente se ha hecho, en asuntos mayoritariamente administrativos y procedimentales.

En efecto, entre los contenidos que abordará la Comisión se incluyen, además de los clásicos vinculados a la descentralización -que dicho sea de paso, requiere de un fuerte impulso para lograr la tan anhelada autonomía política y financiera de gobiernos regionales y locales-, temas tales como mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental, autonomías territoriales e indígenas, ruralidad, o autonomía del pueblo tribal afrodescendiente chileno, entre otros.

Se trata de un conjunto de temas que expresan una visión comprehensiva e integral del territorio y sus habitantes, así como el reconocimiento de la diversidad social y territorial del país. Por primera vez tendremos, por ejemplo, la oportunidad de debatir, en el marco de la definición de la estructura administrativa del Estado, sobre la situación de las comunidades rurales o los pueblos indígenas. Son dos realidades diferentes, como muchas otras que en nuestro actual ordenamiento se tratan como equivalentes, en desmedro de las oportunidades y el potencial que ciertamente podría desplegarse desde el reconocimiento de las diferencias.

Solo así podremos avanzar en una transferencia de recursos y atribuciones pertinente a la diversidad territorial. Solo así nuestro modelo de descentralización será un medio para la equidad y la justicia territorial. Al parecer, esta vez sí están dadas las condiciones para lograrlo.

Ignacia Fernández,

investigadora principal Rimisp

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural