La Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU Mujeres han señalado que casi un tercio de las mujeres del planeta es o ha sido víctima de violencia física o sexual, generalmente desde muy jóvenes. Según esas agencias de las Naciones Unidas, 736 millones de mujeres han sufrido ese flagelo a manos de una pareja o por otras personas. Lo más alarmante es que el fenómeno no ha retrocedido en los últimos diez años y, por el contrario, se ha exacerbado.

En Chile, este año se registran 35 femicidios consumados y 141 en calidad de frustrados, pero a la vez se tramitan miles de causas en los tribunales, por violencia de género. La Cuarta Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer y Delitos Sexuales, que se realizó en todo el país a mujeres de entre 15 y 65 años, reveló que en los últimos años se agudizaron los ataques físicos y psicológicos contra las mujeres. La pandemia de coronavirus y las medidas de cuarentena, junto a los llamados que se realizaron para que las familias permanecieran en sus casas significaron, entre otros problemas, el aumento de los casos de violencia intrafamiliar, cuando la convivencia dentro del hogar se ha deteriorado.

Debido a la crisis sanitaria, muchas mujeres tuvieron que convivir en forma permanente con su agresor y se les hizo más difícil acudir a las comisarías de Carabineros para concretar una denuncia. Las autoridades han remarcado la importancia de realizar las denuncias respectivas mediante los canales correspondientes, que atienden las veinticuatro horas. Para emergencias, Carabineros ha dispuesto el teléfono Familia 149, y para orientación y apoyo en violencia contra la mujer, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha reforzado la atención del fono 1455, con orientación a las víctimas.

Según la legislación chilena, un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente.

La violencia debe denunciarse a tiempo para no tener que lamentar situaciones extremas, y puede superarse con la colaboración de todos, partiendo desde la formación de los niños en torno al respeto a los demás.

El análisis se ha concentrado en los desafíos macroeconómicos que tendrá el próximo gobierno relativos a crecimiento, desempleo, inflación, presupuesto fiscal, clima para la inversión, entre otros temas que son de relevancia y, sin duda, requieren ser atendidos con diligencia. Sin embargo, hay un problema de carácter microeconómico que debe ser abordado con premura por el costo social que genera, pues los bolsillos de las personas se están viendo afectados directamente y esto influye en la percepción y confianza respecto de la gestión de los gobiernos y el legislativo.

Casos emblemáticos de colusión, como el de las grandes cadenas de farmacias, el papel tissue, la carne de pollo y la locomoción colectiva en regiones, han afectado directamente a las personas. Incluso empresas han visto afectados sus costos por conductas colusivas en el transporte marítimo, alimentos para el salmón, entre otras. La lista suma y sigue. Hoy se investiga la probable colusión del transporte de valores, textos escolares, notarías y la que más revuelo mediático ha tenido es la del gas licuado. En esta última la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que defiende y promueve en Chile la libre competencia, realizó un estudio del mercado detectando irregularidades como la baja intensidad competitiva, concentración en la importación y distribución interna que ha derivado en la obtención de beneficios anormales. La investigación aún no es concluyente y recomienda prohibir la distribución directa a clientes de parte de las empresas involucradas, esto favorecería a pequeños distribuidores incentivando la competencia y entrada de nuevos actores.

El diagnóstico se repite en todos los casos anteriores, y aun cuando en algunos de ellos se ha demostrado que la colusión existió y se ha sancionado a las empresas a devolver parte de los beneficios obtenidos ilícitamente a los consumidores, la sensación de la ciudadanía es de impunidad ante estas malas prácticas, pues evidentemente se han visto forzados a pagar mayores precios, generándose reiteradamente pérdidas irrecuperables para la sociedad y pérdida de bienestar.

En consecuencia, debería ser una de las prioridades para la política microeconómica de la futura administración y el legislativo acelerar proyecto de ley anti-colusión del 2020, hoy en trámite, que forma parte de la agenda antiabusos y trato justo para modificar la ley de competencia chilena (DL 211), lo que implica entregar herramientas a la FNE para perseguir los carteles y aumentar las penas efectivas, principalmente en mercados de bienes y servicios de primera necesidad. Estaremos así en línea con la experiencia internacional, que aparte de sanciones económicas contempla cárcel para los artífices de colusiones en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón.

Humberto Salas Jara, académico de la Facultad de Administración y

Negocios. Universidad Autónoma de Chile