Deudas en hogares
El endeudamiento se ha ido provocando por las postergaciones, por la cesantía, la falta de trabajo y de ingresos. Las deudas podrían transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.
Hace unos días ha expirado la ley 21.249, que prohibía a las compañías de servicios básicos suspender el suministro a sus clientes por el no pago de las cuentas. La iniciativa se comenzó a aplicar en agosto de 2020, durante el período más crítico de la pandemia de coronavirus, pero con el tiempo se extendió, debido a las dificultades económicas que afectaron a muchas familias, que perdieron sus empleos y sus ingresos, debido al cierre de fuentes laborales.
Tanto el Gobierno como las compañías de servicios básicos se han comprometido a aplicar una medida transitoria y se espera que durante el presente mes se tramite un proyecto de ley para subsanar de manera definitiva el problema creado por el no pago de las cuentas por parte de los usuarios. El ministro de Energía y de Minería, Juan Carlos Jobet, ha anunciado hace algunos días que el Ejecutivo logró pactar un acuerdo con las empresas de agua y electricidad para evitar interrupciones, salvo a usuarios de muy altos consumos. Ha señalado que de manera excepcional se dispondrán medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, como es la continuidad del suministro y la suscripción de planes de pago para quienes no puedan cumplir con sus cuentas.
Hay un tema de fondo que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o por la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso de los ciudadanos. Esta deuda se ha ido acumulando en el tiempo, por lo que podría transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.
A mediados de 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras, para no interrumpir el suministro en los casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, ya que luego debería repartirse lo postergado en doce meses, lo cual significaría un aumento en las cuentas futuras de los usuarios. Inicialmente, la medida estaría vigente mientras durara el estado de excepción, pero en los aplazamiento se acordó prorrogarla hasta diciembre recién pasado.
Este es un tema que debe resolverse pronto y en forma definitiva, porque se cumplirán dos años de la pandemia y la deuda se acumula peligrosamente para los hogares.