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Nuestra fraternal solidaridad con Ucrania
La Gran Logia de Chile, institución que se inspira en los altos principios que promueven la fraternidad, la convivencia pacífica, la tolerancia, el respeto al derecho, el diálogo y la solución pacífica de las controversias, ante la invasión que sufre Ucrania, Estado miembro de las Naciones Unidas, comparte a la comunidad masónica internacional:
1. Su fraterna solidaridad con la Gran Logia de Ucrania y con el pueblo ucraniano, ante la violenta invasión de su territorio, produciendo un elevado número de muertes y la violación de las reglas que el Derecho Internacional y las Naciones Unidas imponen en favor de la convivencia pacífica de los Estados y los pueblos, de la negociación como mecanismo de solución de controversias, y del respeto a los tratados, a las fronteras y a la soberanía territorial.
2. Su preocupación por la situación que está afectando a millones de refugiados, que se están desplazando hacia los países vecinos, buscando refugio y condiciones esenciales de seguridad.
3. Su llamado a que los países involucrados y los órganos e instancias internacionales pertinentes, actúen con prontitud para garantizar la soberanía de Ucrania, su derecho a la autodeterminación, su integridad territorial, su derecho a la paz y a la convivencia pacífica con sus vecinos, en el ejercicio pleno de los instrumentos que la obra civilizatoria humana ha plasmado en convenciones y acuerdos internacionales, a fin de erradicar la guerra y la violencia como mecanismo de imposición, sometimiento o destrucción de quienes plantean sus controversias e intereses.
Sebastián Jans Pérez, Gran Maestro Gran Logia de Chile
Alimentación bajo riesgo
Nuestra alimentación está en riesgo debido a algunas de las iniciativas de norma aprobadas por la comisión de medioambiente de la Convención Constitucional. El impacto puede ser especialmente negativo en caso de ser aprobada por el pleno la iniciativa 113-5 sobre "Soberanía Alimentaria".
La norma establece que haya un Estado que defina qué, cómo y para quién producir (soberanía alimentaria) fijando el precio de los alimentos. No hay foco en que el Estado debiese velar por el acceso físico y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos. En este sentido, no habría libertad para que los agricultores decidan qué es mejor para su producción y bienestar y se pondrían en riesgo las exportaciones de nuestros apetecidos, valiosos y reconocidos productos como vinos, frutas y semillas.
La norma le adjudica solo a los pequeños productores el rol de abastecer al país, desconociendo el aporte de los medianos y grandes, y prioriza la producción con semillas tradicionales (nativas y ancestrales). Estas semillas tradicionales, utilizadas por algunos pequeños agricultores, sin duda tienen un valor cultural que hay que preservar, sin embargo no son la base de nuestra alimentación ni menos de nuestra seguridad alimentaria. Por el contrario, son las semillas agrícolas (aquellas provenientes de programas formales de mejoramiento genético) las que sustentan nuestra agricultura, y sería imposible que solo pequeños agricultores en base solo a semillas tradicionales abastezcan los requerimientos alimenticios del país. Es necesario reconocer e impulsar la coexistencia de distintos tipos de agricultura donde todos aporten. Y no discriminar por volumen y por tipo de agricultura, como hace esta norma.
También tendrá un impacto negativo el artículo que prohíbe cualquier forma de privatización de semillas. Lo anterior es grave ya que las semillas agrícolas optan a un derecho de obtentor de 15 años (no patentes) que incentiva el desarrollo constante de nuevas variedades vegetales adaptadas a los desafíos agrícolas y a las exigencias de los consumidores (regulado en el país desde 1977). A su vez, se limita la investigación en esta área a solo investigación pública bloqueando la I+D privada y extranjera. A diferencia de lo que muchas veces indican grupos activistas, en Chile nadie puede apropiarse de semillas nativas, ancestrales o de uso tradicional, como sugiere esta norma. En la práctica este artículo condenaría a nuestros agricultores a no poder acceder a las mejores semillas, sean desarrolladas en Chile o el extranjero.
Adicionalmente a lo anterior, la norma prohíbe la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos en el país. El consenso científico reconoce la potencialidad, seguridad y beneficios de los cultivos transgénicos y sus alimentos derivados. El consumo de transgénicos no está prohibido en ningún país del mundo. Además, actualmente países como Cuba, Bolivia, China, entre muchos otros, han adoptado la tecnología para hacer frente a la crisis alimentaria. En Chile, por ejemplo, investigadores en universidades, han desarrollado un maíz transgénico tolerante a la sequía y cítricos capaces de crecer pese a la salinidad del suelo en el desierto. Por su parte, el sector semillero nacional, donde el 70% son pequeños agricultores, ha podido acceder al desarrollo de capacidades técnicas y humanas para la producción y exportación de estas semillas, siendo reconocido a nivel internacional. ¿Nos perderemos todas estas posibles soluciones que otros países utilizan por los prejuicios y una mala norma?
La zona sur del país es rica en agricultura ancestral, y su pequeña agricultura puede ser apoyada a través de iniciativas como circuitos cortos de venta y comercio justo, asociatividad entre productores, alianzas, cooperativas y otras soluciones. El camino para su surgimiento no debe ir de la mano de las prohibiciones como las que busca imponer la norma descrita, sino con medidas de fomento y coexistencia entre producciones diversas y respetuosas del medioambiente.
Miguel Ángel Sánchez, PhD