Tras llevarse a cabo la sesión especial convocada por el Senado para tratar "la situación de violencia en la Macrozona Sur y las decisiones que está tomando o tomará el Gobierno del Presidente Gabriel Boric al respecto", los senadores Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot criticaron la actuación en la instancia del Ejecutivo y en particular de la ministra del Interior, Izkia Siches.

"malas noticias"

Aravena afirmó que la sesión trajo "muy malas noticias para la Región pues, además de hacer uso del término Wallmapu -que complica y molesta a muchos de La Araucanía que creemos que el separatismo y la división entre mapuches y no mapuches no es el camino. En ningún momento menciona la palabra terrorismo, sino que habla de violencia rural".

Subrayó que "mil atentados en la Región de La Araucanía el año pasado no son violencia rural y fallecieron 10 personas en manos de terroristas cuya identidad desconocemos y, si bien el diálogo es importante, no ha quedado claro si la intervención de la ONU va a vincular a todos los actores o no, porque cuando ella fue a la Región no se reunió con el gobernador, porque no es de sus sector político".

En esa línea, afirmó que "cuando no se dialoga con todos y se hace con gente de la Temucuicui, que en su mayoría son delincuentes -obviamente no todos, pero muchos están procesados por delitos importantes- quedo angustiada porque se está generando un conflicto mayor y si ahora falta Estado de Derecho, pronto simplemente no habrá Estado de Derecho".

CRÍTICAS

Durante su intervención, el senador José García Ruminot aceptó "la invitación (de la ministra Siches) a que tengamos un diagnóstico compartido, porque si seguimos ceñidos a nuestras respectivas miradas, no vamos a resolver la situación. Pero porque necesitamos eso, echo de menos un reconocimiento a la existencia de los grupos violentistas y paramilitares que están operando en el sur".

García lamentó que "usted no tuvo ninguna palabra para señalar que ellos son parte muy importante del problema y que, como se trata de grupos violentos y delictuales, actúan amparados en una supuesta defensa de nuestro pueblo mapuche".

El legislador RN añadió que éste "no es un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, porque si fuera así, ¿como se explica que muchas de las víctimas sean mapuches? Ahí también creo que hay un diagnóstico equivocado, pero así y todo coincido en que tenemos que ponernos de acuerdo en un diagnóstico y las acciones que debemos implementar, entre las que se debe incorporar la seguridad, proteger a las personas y la garantía constitucional de derecho a la seguridad y desarrollar su vida diaria con tranquilidad. Y le recuerdo que usted es la ministra del Interior y Seguridad Pública, téngalo siempre presente".

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"No ha quedado claro si la intervención de la ONU va a vincular a todos los actores o no, porque cuando ella fue a la Región no se reunió con el gobernador, porque no es de su sector político".

Carmen Gloria Aravena,, senadora

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"Si seguimos ceñidos a nuestras respectivas miradas, no vamos a resolver la situación. Pero porque necesitamos eso, echo de menos un reconocimiento a la existencia de los grupos violentistas y paramilitares que están operando en el sur".

José García Ruminot,, senador

Más de 1.000 agricultores, productores pequeños y medianos, abastecedores de agroalimentos y representantes de asociaciones de Canalistas de La Serena hasta Traiguén, se reunieron de manera pacífica frente al excongreso nacional de Santiago.

El objetivo fue transmitir a los constituyentes su preocupación por las normas relacionadas al agua y los alimentos, que propone la Comisión de Medio Ambiente al Pleno de la Convención Constitucional.

Según comentó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, "esta semana se votarán en el Pleno las normas relacionadas al agua, las que de aprobarse serían dañinas para la agricultura. Si bien coincidimos en la priorización del consumo humano y su función ecológica, se pretende la temporalidad total del uso de las aguas, desmantelando las obras de infraestructura que permiten una adecuada conducción de estas, por los cursos naturales y artificiales".

Allendes precisó que "un agricultor no puede hacer una siembra, no puede plantar un árbol, si tiene seguridad para tres años o cinco años. Un árbol frutal se demora cuatro años en producir y si al quinto año te van a quitar los derechos, es imposible producir".