Hacia una real inclusión
Si bien la ley establece acciones tendientes a la integración de los discapacitados, aún resta mucho camino por avanzar en esta materia para lograr la igualdad. Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad y la mitad de ellos tiene una disminución importante de su funcionalidad.
Hace ya más de doce años que entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con algún grado de discapacidad. Esta normativa que entró en funcionamiento en 2010 modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.
Hoy más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad, la mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas. Por ello, es necesario reconocer que ha habido avances, pero aún falta camino por avanzar.
Si bien en Temuco es posible ver cómo la municipalidad se ha preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas, o los edificios de servicios públicos, habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, son muchas las construcciones particulares que aún no los tienen. Una realidad que también se repite en el resto de las comunas de la Región.
Si bien es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, aún falta mucho por avanzar, en especial respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas.
Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias, por ello, se trata de una tarea en la que todos deben poner de su parte.