E l ataque que terminó con la vida del trabajador forestal Segundo Catril Neculqueo, en el límite de las comunas de Capitán Pastene y Lumaco, ocurrió mientras rige en la Macrozona Sur el Estado de Emergencia "acotado" impuesto por el Gobierno de Gabriel Boric.

Querella del gobierno

Pocas horas después de ocurrido el ataque, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que el Gobierno tomaría acciones legales contra los responsables de este crimen. "Quiero manifestar, a nombre del Gobierno, nuestro absoluto rechazo a los actos de violencia que hemos presenciado en Arauco. Le he solicitado a nuestro delegado presidencial presentar las querellas correspondientes", anunció y tras confirmarse el deceso del trabajador en el Hospital de Temuco, escribió en Twitter sus "sentidas condolencias a la familia y cercanos" del fallecido. "No existe justificación alguna para una expresión de violencia de esta naturaleza. Vamos a llegar hasta el fondo, buscando dar con los responsables", indicó.

El Presidente Gabriel Boric, por su parte, afirmó que "nuevamente la violencia ha cobrado una víctima. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos, ni que ese sea el rumbo del país. Mi solidaridad y pesar a la familia.

El delegado presidencial en La Araucanía, Raúl Allard, confirmó la querella y añadió que "esto no puede ocurrir más. Son bandas criminales. Las personas afectadas recibieron disparos en la cabeza. Esto no puede ocurrir en un Estado democrático de Derecho. El gobierno no tolera estas acciones violentas que afectan a los trabajadores humildes de nuestro país".

Oposición pide fuerza

Apenas se conoció el ataque, el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, afirmó que se sienten "completamente abandonados" y añadió que "estamos viviendo una situación muy angustiante". Detalló además que más temprano hubo otro ataque a un vehículo con trabajadores por parte de encapuchados con armas de "grueso calibre", que resultó sin heridos.

Desde la oposición surgieron críticas en el mismo sentido, que apuntan al carácter "acotado" a las rutas que se dio al Estado de Emergencia en la Macrozona Sur y que, dicen, no funciona como debiera.

El diputado Miguel Mellado (RN), que representa a la Región de La Araucanía, afirmó que "un Estado de Sitio sería importante, de acuerdo a las circunstancias. Como está todo ahora los terroristas se pasean como Pedro por su casa". Añadió que "comenzaremos a atacar a su Gobierno donde más le duele: con acusaciones constitucionales".

En la misma línea, la senadora Carmen Gloria Aravena (Evópoli) apuntó que "desde que se implementó el Estado de Excepción acotado se han registrado varios ataques de extrema violencia ocurridos lejos de las rutas que están protegiendo, lo que demuestra que es una medida poco efectiva. Lo que se debió hacer es implementarla como corresponde".

A estos cuestionamientos se sumaron gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura, que calificó de "insuficiente" el Estado de Emergencia acotado y la Confederación Nacional de Transporte de Cargas, cuyo líder, Sergio Pérez, acusó que "estamos frente a autoridades que solo ofrecen discursos vacíos, llenos de promesas incumplidas y cargadas de improvisación".

No al "uso político"

Ante estas interpelaciones, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, dijo que "estas situaciones así de sensibles como las que han ocurrido hoy no admiten ser aprovechadas políticamente. Es algo que tenemos que abordar como país, que sucedió cuando también hubo Estado de Excepción antes de que nosotros asumiéramos".

Respecto de eventuales modificaciones al Estado de Excepción, afirmó que "cualquier novedad será comunicada debidamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa".

Luego de la violenta jornada en la provincia de Malleco -en la que resultó un trabajador muerto- y de la solicitud de la oposición para que se amplíe el Estado de Excepción, el ministro Giorgio Jackson pronunció las siguientes frases:

…creo que estas situaciones así de sensibles como las que han ocurrido hoy no admiten ser aprovechadas políticamente. Es algo -concluyó- que tenemos que abordar como país, que sucedió cuando también hubo Estado de Excepción antes de que nosotros asumiéramos.

¿Son razonables esas declaraciones? ¿Tiene razón el ministro al solicitar a la oposición que no las aproveche políticamente?

Desgraciadamente no. No tiene. Y las razones saltan a la vista.

Desde luego es una parte consustancial del juego democrático que la oposición (el ministro Jackson debiera recordarlo puesto que ejerció este papel con gran eficacia y mayor entusiasmo) critique, fiscalice, vigile y haga el escrutinio de los actos de gobierno para verificar si ellos están o no a la altura de sus deberes y si acaso obtienen o no los fines que proclaman a la hora de adoptarlos. Confrontar las decisiones gubernamentales, especialmente en algo tan decisivo a la salud del Estado, como el control de la violencia o, lo que es lo mismo, la mantención de su monopolio por parte del Estado, es una de las tareas básicas de cualquier oposición. En la democracia las discrepancias son relativas a las políticas públicas, es cierto; pero deben serlo sobre todo en lo relativo a la dimensión más básica del Estado que es el ejercicio de la fuerza, la homeopatía de la fuerza como se ha dicho tantas veces.

Y desde luego que esa labor es política ¿o acaso alguien pretende que el control del orden público es una cuestión técnica, algo donde solo el saber experto se pone en juego? Por supuesto que no. Basta recordar que la renuencia inicial del gobierno para decretar Estado de Excepción, y su intento posterior de crear uno a la medida de su propia incomodidad en el manejo del orden, era una decisión política, motivada exclusivamente por consideraciones políticas. Y es también política su decisión -la actual- de mantener un Estado de Excepción como se ha dicho y repetido, acotado. Pues bien. Si eso es así, si la decisión de establecer un Estado de Excepción acotado fue una decisión política, si esa decisión descansa además en una consideración política todavía más general acerca de la forma en que debe ser tratado el conflicto del sur y acerca de la forma en que se maneja el Estado, si todo eso es así, entonces ¿por qué quejarse que la oposición reaccione y se aproveche políticamente de lo que, a ojos vista, aparece como una muestra que la decisión política del gobierno está fracasando? Si, es verdad: lo mismo ocurrió durante el gobierno anterior como el propio ministro Jackson acaba de recordar; pero lo único que eso prueba es que el gobierno del Presidente Boric está actuando en esta materia con tanta impericia, o timidez, o temor o con la misma mezcla equilibrada de todo eso, que el gobierno del Presidente Piñera como el entonces diputado Jackson, a su modo, lo hacía ver, ejerciendo el papel político que le correspondía ¿Por qué el ministro Jackson pretende ahora que la oposición no haga lo mismo?

Sería -es obvio- injusto, culpar de esa muerte al gobierno; pero tampoco sería honrado ni correcto exonerarlo de los deberes que sobre él pesan a la hora de proveer orden y controlar la violencia. Y sobra decir que no basta escribir mensajes en Twitter cuando estas cosas ocurren expresando condolencias o construyendo frases para que ese deber se estime cumplido.

Porque como dice Ortega en uno de sus escritos o se hace política o se hacen frases.

Y el gobierno parece más empeñado, hasta ahora al menos, en lo segundo.