Se inició una instancia absolutamente inédita y que forma parte del proceso destinado a dar mayores atribuciones a las regiones y así avanzar a una menor dependencia del poder central. Se trata del Foro para la Descentralización, que está a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), proceso que se extenderá por 100 días y tiene por principal meta que los ministerios del comité político elaboren, junto a los gobernadores regionales, el primer paquete de competencias que traspasará el Ejecutivo a los gobiernos regionales.

De acuerdo a lo informado por las autoridades en el inicio del encuentro, realizado en Rancagua, el Foro busca convertirse en una instancia de diálogo político y técnico entre los distintos sectores y niveles de gobierno. El plan es concordar qué facultades podrán ser traspasadas hacia los gobiernos regionales, en los ámbitos de ordenamiento territorial, desarrollo social y cultural y desarrollo y fomento productivo.

El subsecretario Miguel Crispi sostuvo, además, que "esa tradición centralista, una tradición de nuestro Estado chileno y de todas las regiones, es la que nuevamente vamos a intentar torcer en este espacio, por esto quiero celebrar el ánimo con el que llegamos hoy día, donde entendemos que estamos en la misma vereda, en la vereda de la descentralización y de quienes necesitan que las decisiones se tomen cerca de sus hogares, para que sean pertinentes y puedan generar mayor bienestar".

Desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales fueron claros en sostener que la instancia genera expectativas para las regiones y una oportunidad para hacer un desarrollo regional sustentable. Si bien el proceso está comenzando, la mejor señal es que se esté realizando de manera conjunta y a través del diálogo con las regiones.

Los Gobiernos Regionales pueden y deben incidir en lo que suceda en los territorios, no para asumir un exceso de atribuciones, sino para que las regiones avancen hacia donde realmente se requiere y no solo sean zonas donde se repliquen las políticas del nivel central.

En estos días, diversos autores han planteado en distintos medios orales o escritos la afirmación errónea de que lo público está indisolublemente atado a lo estatal.

Cuando se crea el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) en el año 1954, éste estaba integrado solo por dos universidades estatales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado y por cinco universidades no estatales (Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad Austral de Chile y Universidad Técnica Federico Santa María).

Como se puede apreciar, desde muy temprano diversas instituciones no estatales han iniciado su contribución pública al país en las áreas de formación de profesionales, de investigación e innovación científica y de vinculación con la sociedad. ¡Qué duda cabe del inmenso aporte que han hecho al país y especialmente a las regiones, universidades como la de Concepción o Austral, por ejemplo!

Estamos convencidos que el aporte público de las universidades no está restringido o, dicho de otro modo, no es exclusivo de las universidades estatales. Sería largo enumerar los aportes e impactos a la sociedad realizados por las universidades públicas que no son estatales, entre las cuales se encuentra también nuestra Universidad Católica de Temuco.

En relación con nuestra institución, por ejemplo, esta ha sido, y sigue siendo, una universidad que desde 1959 forma a profesores de diversas disciplinas que hoy ejercen en gran parte de la macrozona sur, realizando su importante y trascendente labor pedagógica con millares de niños y jóvenes. ¿Qué más contribución pública que aquello?

En otro orden de cosas, sus investigaciones y aportes han sido importante base para la creación y desarrollo de una política pública de educación intercultural bilingüe, principalmente en contexto mapuche, la que además ha servido para el trabajo con otros pueblos preexistentes en otras regiones del país.

Buena parte de los estudios que se realizaron en Chile para avanzar a la que ahora es la política pública nacional del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), que permite una alternativa más inclusiva de acceso de jóvenes a la educación superior, se realizaron en nuestra universidad.

En lo relacionado con la inclusión y la movilidad social, como importante aporte público, se pueden dar dos datos determinantes: el 80% de los estudiantes que ingresa a nuestra universidad, corresponde a primera generación de su familia en educación superior. Si miramos la pertinencia y calce con la situación del pueblo mapuche en la Región, nos damos cuenta de que el porcentaje de estudiantes de pueblos originarios matriculados año tras año en nuestra institución, supera el 30%.

Los ejemplos citados con datos correspondientes a la Universidad Católica de Temuco se multiplican si consideramos el conjunto de las otras universidades del G9.

Así las cosas, parece banal desconocer el aporte y el compromiso público que estas universidades han entregado y seguirán entregando a la sociedad chilena en su conjunto, particularmente cuando muchas de ellas lo realizan desde territorios alejados de la Región Metropolitana, lo que les otorga aún mayor valor.