Un llamado al Gobierno a reconocer de forma concreta la existencia de violaciones a los derechos humanos en la Macrozona Sur y conformar una "mesa de reparación y justicia" que indemnice a los afectados por la violencia terrorista, hizo la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena.

La congresista realizó esta solicitud en un contexto donde han recrudecido los ataques en esta parte del país, con atentados a personas y a diferentes predios, instalaciones y maquinaria en las regiones de La Araucanía y el Biobío, y que desde enero de este año a la fecha, le ha costado la vida a siete personas a manos de las organizaciones criminales que operan.

La senadora Aravena señaló que por muchos años se ha invisibilizado a las víctimas de la violencia que se registra en la Macrozona Sur, que incluye a personas que han perdido la vida, usurpación de terrenos, agresiones con armas de fuego, incendios a predios y maquinaria, entre otros delitos graves que se comenten con frecuencia.

Preocupación

"En La Araucanía y el Biobío se registra una constante y flagrante violación a los derechos humanos de sus habitantes, una vulneración de su derecho fundamental a vivir en paz, a poder trabajar con normalidad, a que se respete su propiedad privada y una serie de otras vulneraciones de las que el Estado no se ha hecho cargo, dejándolos en la más absoluta indefensión", puntualizó.

En la misma línea, la parlamentaria agregó que "así como se han establecido mesas para reparar a víctimas en otras circunstancias de hechos de violencia, es de toda justicia que el Estado, y el Gobierno como administrador del aparato estatal, asuma la responsabilidad que le cabe en la vulneración de los derechos fundamentales de los chilenos que han sido víctimas de la violencia en la Macrozona Sur".

Poco avance

La senadora Aravena recordó que en los últimos años se han anunciado iniciativas que apuntan a reparar a las víctimas de la violencia en esa parte del país, pero ninguna ha prosperado, mientras las víctimas continúan esperando una justa reparación por el daño causado y por la incapacidad del Estado de garantizar un derecho tan fundamental como es vivir en paz".

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"Se registra una constante y flagrante violación a los derechos humanos de sus habitantes, una vulneración de su derecho fundamental a vivir en paz, a poder trabajar con normalidad, a que se respete su propiedad privada y una serie de otras vulneraciones de las que el Estado no se ha hecho cargo".

Carmen Gloria Aravena,, senadora

"Aquí hay que puntualizar que son miles las víctimas de la violencia terrorista en La Araucanía y el Biobío, tanto directa como indirectamente, que llevan años esperando una respuesta del Estado al daño que les ha causado la incapacidad de éste de garantizarles su seguridad y la de sus familias, entendiendo que todos quienes viven en La Araucanía son chilenos que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos del país, y que esperan que rija la igualdad ante la ley. Entonces, si el Estado ha desembolsado millones de dólares en reparar a víctimas de la violencia en distintas circunstancias, no hay razón para que en el caso de la Macrozona Sur no se aplique el mismo criterio, cuando el Estado ha sido incapaz de ofrecer a sus habitantes un mínimo de seguridad", enfatizó Carmen Gloria Aravena. "Salvo que el gobierno considere a los chilenos de la Macrozona Sur ciudadanos de segunda clase no veo razón para que no se instaure en el breve plazo una mesa de reparación y justicia en este caso, ya que solo se requiere de voluntad política del gobierno. Veremos qué disponibilidad tiene el Presidente Boric de impulsar una iniciativa de este tipo", finalizó la parlamentaria.

El diputado por el Distrito 23, Henry Leal (UDI), emplazó al delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, para que solicite a la brevedad posible el auxilio de la fuerza pública en la comuna de Nueva Imperial, luego que la empresa a cargo de las obras de pavimentación en la ruta entre Cancura y Catripulli decidiera paralizar las faenas a raíz de los graves ataques que han recibido sus trabajadores a manos de grupos desconocidos.

Al respecto, el parlamentario advirtió que desde aproximadamente un mes que la empresa constructora se encuentra solicitando medidas de seguridad al Gobierno, sin recibir hasta la fecha una respuesta favorable, lo que ha provocado que las obras -que llevan un importante porcentaje de avance- se retrasen debido a la desprotección en que permanecen los trabajadores. Por lo mismo, el diputado gremialista decidió oficiar a las autoridades a fin de que le informen a la Cámara Baja las razones para no adoptar ninguna medida hasta ahora.

A través de un comunicado publicado en el sitio oficial de la institución, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de La Araucanía informó que la jefa actual de la cartera local, Minerva Castañeda, dejó el cargo para asumir nuevas funciones como directora del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

La decisión respondería a una evaluación de la cartera a nivel nacional, instancia que definió fortalecer la gestión del ISL en La Araucanía con el objetivo de visibilizar la repartición, particularmente, para revelar su rol como mutualidad del Estado.

El propósito de esta nueva destinación es apoyar la difusión de aquella información relacionada con el seguro laboral, las prestaciones de salud y los derechos relacionados a trabajadores y trabajadoras, ya que existiría un desconocimiento de parte de la población en estas áreas de gran sensibilidad.

De acuerdo a los expresado por la seremía, Minerva Castañeda tendrá la responsabilidad de promover, informar y desarrollar la gestión de dicha repartición pública de acuerdo a las necesidades reales que La Araucanía requiere.

Si bien la cartera informó acerca de la nueva destinación, aún se desconoce quién asumirá la jefatura de la seremía y tomará la posta del trabajo iniciado por Castañeda a fines de marzo pasado.