La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la tasa óptima de donación de sangre es de 20 por cada mil habitantes y, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP) en el primer semestre de 2021, nuestro país se encontraba por debajo de esta tasa, con una donación de 17 personas por cada mil habitantes.

La donación voluntaria al 2020 era de 36,8%, y el 63,3% restante fue donado por "reposición", es decir, por personas que lo hicieron por familiares o amigos que lo necesitaron en ese momento.

La donación de sangre es un acto voluntario que conlleva un proceso bastante simple, que se inicia con el registro de los datos personales y algunas preguntas sobre el estado de salud y antecedentes de su vida personal. La información está legalmente protegida a través de la ley de protección de la vida privada, la 19.628.

Según plantea Ana María Valenzuela, académica de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, la sangre contiene elementos que pueden ser utilizados, como los glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitado. Su uso permite tratar a pacientes con diversas patologías, como la anemia, algunos tipos de cáncer, o en intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y en otras condiciones, como accidentes, hemorragias y quemaduras.

Los requisitos para donar sangre son: tener documento de identificación, como Cédula de Identidad, Licencia de Conducir o pasaporte, tener entre 17 y 70 años, haber dormido 5 horas al menos, pesar más de 50 kilos, haber comido en las últimas 5 horas y una distancia de más de 3 meses para el hombre o más de 4 meses para la mujer desde la última donación.

Cabe señalar que existen condiciones que no permiten la donación y otros criterios de importancia clínica que deben ser revisados en la página web informativa del Ministerio de Salud (www.minsal.cl/dona-sangre/). Las unidades de donación de Sangre disponen de sus instalaciones y constantemente difunden campañas a través de diversos medios de comunicación, van a terreno visitando establecimientos educacionales, empresas, organizaciones sociales, centros comerciales, plazas y otros espacios públicos.

Uno de los principios prácticos que busca explicar hechos acontecidos en diferentes ámbitos se denomina "ley de Murphy". Esta plantea que si algo malo puede pasar, pasará. Haciendo la analogía con el alza de los precios, podemos vislumbrar que si existían probabilidades de ocurrencia de diversos acontecimientos negativos simultáneos para desatar un fenómeno global de este tipo, hoy están sucediendo.

El conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania hoy tiene paralizado cerca de un tercio del trigo que se comercializa en el mundo y más de dos tercios del aceite de girasol, entre otros cereales e insumos agrícolas. Por otra parte, las lluvias anteriores en China y la sequía actual en India, están causando que los dos principales productores de trigo del planeta presenten los peores rendimientos de la historia reciente, pudiéndose generar una crisis alimentaria. Por otra parte, los altos precios de semillas, fertilizantes y combustibles han mermado la producción en muchos graneros del mundo. El gran problema existente en las cadenas globales de suministro, generada por la paralización de importantes puertos en China producto del rebrote del Covid, sumado a la escasez de contenedores ha generado cuellos de botella y retrasos en tiempos de entrega de diversos bienes en los principales puertos.

No suficiente con esto, el brote de gripe aviar en Asia ha generado quiebre de stock de pollo y otras carnes en países importadores encareciendo sus precios. El cambio climático, la sequía y los conflictos internacionales han presionado al alza los precios de la energía, el gas y commodities que finalmente son insumos de producción de otros bienes terminados. Todo lo anterior genera incertidumbre global y local, esto se visualiza en los altos índices de riesgo y caída de los indicadores de confianza de empresas y consumidores, con riesgo de desaceleración en economías emergentes e incluso recesión en EE. UU.

La presión de costos trasunta en alzas de precios finales de bienes y servicios, principalmente de la canasta básica, e incluso tecnológicos, generándose pérdida de poder adquisitivo de las familias. Luego, los bancos centrales han aumentado fuertemente sus tasas de política monetaria, encareciéndose el costo del financiamiento para empresas y el endeudamiento para las personas, derivando esto en inconvenientes de liquidez que conviven con el complejo escenario inflacionario.

El problema es que las múltiples causas requieren de múltiples soluciones y de algún tiempo para que tengan efecto. Por ejemplo, en el plano internacional se debe avanzar en acuerdos de paz en Europa oriental. Para frenar rebrotes de coronavirus es necesario se activen los dispositivos de salud en cada país de forma constante. Para mitigar los efectos del cambio climático deben prosperar los tratados internacionales de protección al medio ambiente. Las políticas monetarias requerirán del apoyo de las políticas fiscales en distintas economías, incluido Chile, para frenar la inflación. Entonces, el fenómeno llegó para quedarse y obedece a causas estructurales que no tienen pronta solución. A saber: si algo malo podía pasar, está aconteciendo.

Humberto Salas Jara,

académico Facultad de Administración

y Negocios, Universidad Autónoma de Chile