Andrea Arias Vega

Un llamado a la unidad política y a enfrentar "sin complejos ideológicos" la crisis de seguridad pública de la Macrozona Sur es el que realiza el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), quien es partidario de ampliar las facultades del Estado de Excepción y de que el Ejecutivo se querelle contra Héctor Llaitul.

- Voces locales apuntan a que es necesario que el Presidente Boric viaje a La Araucanía. ¿Se suma?

- Espero pronto una señal de su parte, porque en política no basta con las medidas. Las señales y los simbolismos son importantes para la gente: sería bueno que viajara.

- ¿Qué opina de que el Gobierno haya tenido que revertir su opción inicial y optar por el Estado de Excepción?

- Hay que dejar a un lado los complejos ideológicos y actuar con sentido común para enfrentar la violencia, la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo. Desde esa perspectiva, valoro que el Gobierno haya tomado una decisión que le costó tomar, aunque me hubiese gustado que lo hiciera antes.

- ¿Qué opina de la controversia que suscitó el comunicar al inicio que era acotado?

- Fue un error comunicacional del propio Gobierno el instalar el concepto de acotado cuando la figura de Estado de Excepción Constitucional es la misma. No solo es necesario su prórroga en el tiempo, también es necesario ampliar su carácter a otras rutas, infraestructura crítica y territorios donde la conflictividad y el riesgo es mayor. La presencia del Estado a través de las FF.AA. está completamente justificada: tenemos que lograr que las familias que habitan en la Macrozona vuelvan a vivir en paz.

- Tras la denuncia de que las FF.AA. no habrían actuado en el ataque en Curanilahue. ¿Hay que investigar?

- Todos los que actuamos bajo el mandato del Estado estamos sujetos a rendición de cuentas, así es que es necesario que dicha situación sea aclarada con las autoridades de Gobierno. De ser necesario se debe corregir e investigar el error señalado, además de perseguir las responsabilidades que correspondan, porque el Estado de Excepción Constitucional debe ser eficiente y efectivo.

- ¿Cuál es el llamado frente a la acusación constitucional presentada en contra de la ministra Siches?

- Debido a la actual crisis de seguridad pública y a la polarización de la sociedad que estamos viviendo, mi llamado es a la unidad. En este periodo, el futuro y la democracia de Chile dependen de cómo enfrentemos el problema de seguridad pública, de cómo somos capaces de contener la violencia, abordar la crisis migratoria y librar una verdadera guerra en contra del narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos que dejar de lado las peleas políticas, dejar de hablarle a nuestros nichos electorales y hablarle al país con una visión de Estado.

- ¿El Congreso es culpable del conflicto al no haber cumplido con el reconocimiento a tiempo?

- Dado el actual nivel de crisis y conflictividad, la responsabilildad es del Estado en su conjunto, no de una institución o un sector político en particular. Hoy lo que corresponde es que estemos a la altura del momento, por eso, quiero decirle a la gente de la Macrozona Sur que ante los desafíos de la seguridad y el diálogo político, la Cámara de Diputados y Diputadas está a disposición para establecer todos los canales y vínculos que sean necesarios. Y, de hecho, prontamente vamos a visitar la zona.

- La Cámara de Diputados aprobó declarar la CAM y las ORT organizaciones terroristas. ¿Es la voz oficial de la Cámara?

- La decisión que fue mayoritaria es más bien una solicitud al Ejecutivo y una señal política a la sociedad, la que en mi caso comparto plenamente. En La Araucanía y en la Macrozona Sur operan organizaciones terroristas y el crimen organizado. Se aprovechan del conflicto entre el Estado y sus pueblos originarios para sacar provecho político y económico, situación que es intolerable por parte del Estado, por eso hay que actuar con firmeza y decisión aplicando el Estado de Derecho con toda la fuerza de nuestro ordenamiento jurídico.

- Sin embargo Interior no se querella contra Héctor Llaitul…

- Esa es una decisión del Ejecutivo, no es nuestra. En lo personal creo que siempre que ocurren amenazas que pongan en riesgo nuestro Estado de Derecho y democracia se deben utilizar todas las herramientas legales y judiciales para condenar y perseguir.

Al ser consultado por los desafíos pendientes en seguridad, el diputado Soto indicó que "hay que concretar a la brevedad el acuerdo nacional en materia de seguridad pública que deslizó hace unas semanas el Presidente de la República, el cual no se ha concretado. Es necesario que todos los actores relevantes se sienten a la mesa para abordar los problemas. Me refiero a la Macrozona Sur, el narcotráfico, el crimen organizado y la crisis migratoria en el norte. Se necesita consensuar una serie de medidas para terminar con la ruta del dinero y el robo de la madera que mantienen estas organizaciones terroristas. También hay que establecer una nueva política de inteligencia y dejar de estar reaccionando. Y si en el pasado hubo complejos ideológicos que impidieron que esto avanzara, mi llamado es a poner nuestro patriotismo y el sentido de responsabilidad por delante, más allá de nuestras legítimas diferencias. Si los sectores políticos son incapaces de ponerse de acuerdo quienes van a sufrir las consecuencias son los habitantes de la Macrozona Sur.

Diputados de Chile Vamos y Republicanos presentaron un proyecto de ley que busca proteger los derechos humanos de las Fuerzas Armadas y de Orden. La iniciativa es impulsada por la diputada independiente Gloria Naveillán y es apoyada de forma transversal porque también cuenta por el respaldo del diputado Andrés Jouannet.

Según Naveillán, "el proyecto busca que el Estado garantice y reconozca los derechos fundamentales de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, ya que pese a la alta valoración pública, se han visto golpeados por ataques violentos y asesinatos que se han ido recrudeciendo.

La iniciativa apela a los derechos esenciales, reconocidos y garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. "Las FF.AA. y de Orden están de manos atadas frente a la violencia y la delincuencia. Por eso este proyecto consagra el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado y el deber de protegerlos y garantizarlos, en el sentido de prevenir la violación sea por el Estado o por particulares, tal como se reconoció en el informe emitido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados", dijo Naveillán.

Johannes Kaiser agregó que "la idea es que los responsables sean perseguidos como violadores de derechos humanos, es decir, en la misma categoría de aquellas personas que en este momento se encuentran procesadas por los delitos cometidos entre 1973 y 1990. Este es un aviso a la CAM: no va a haber prescripción ni amnistía de la mano de esto", indicó el diputado Republicano.