El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja, afirmó ayer que el paro anunciado por el gremio debido al cierre de la fundición Ventanas de Codelco "tiene una aceptación de más de 50.000 trabajadores y lo vamos a iniciar en los próximos días", mientras que los empleados de Puchuncaví cumplieron cuatro días de manifestaciones afuera de la planta. El presidente del directorio de la cuprífera estatal, Máximo Pacheco, reiteró que las personas conservarán su trabajo y el cierre "no ha sido una decisión fácil".

"Vamos a seguir insistiendo que es un error, que no somos la única empresa que está en esta zona de sacrificio (Quintero y Puchuncaví), hay 18 empresas y hay 14 o 15 que no tienen ningún sistema de monitoreo", detalló Pantoja a Tele 13 Radio.

El líder de los trabajadores agregó que, sin embargo, "estamos dispuestos a conversar, a hacer los análisis, reconocemos y valoramos el proceso del medioambiente, pero por favor, no nos endosen todo a nosotros. Hay empresas que están contaminando más que nosotros. (...) Si la ministra de Medio Ambiente quiere salvar el planeta cerrando Ventanas, que me perdone, pero es una irresponsabilidad".

"Esta paralización tiene una aceptación de más de 50.000 trabajadores y la vamos a iniciar en los próximos días. Ya está todo definido, faltan algunos ajustes", sostuvo el gremio.

La FTC luego publicó un comunicado afirmando que 126 dirigentes de todo el país están "en alerta", ya que "las fundiciones del Estado por no tener inversiones, están en riesgo de desaparecer. (...) Mañana serán las demás fundiciones de Codelco".

La presidenta del Sindicato 1 de Ventanas, Andrea Cruces, agregó en radio Cooperativa que "los trabajadores y la comunidad van a sufrir el flagelo de la depresión económica, (...) a nosotros nos están cerrando de manera injustificada".

"no ha sido fácil"

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, reiteró en una carta que "ninguna de las 348 personas de la fundición quedará sin trabajo" y "ésta no ha sido una decisión fácil", pero "todas las medidas tomadas por las autoridades, su cumplimiento por parte de la fundición y una inversión de US$156 millones en los últimos años no han sido suficientes".

"Hoy la fundición produce 62% de SO2 de la zona", agregó Pacheco, reconociendo que "es cierto que muchas de las crisis ambientales no son responsabilidad de Ventanas y que se producen por otros contaminantes. Es verdad que en las últimas semanas han existido episodios que han dejado a casi 500 personas intoxicadas, a pesar de que nuestra planta estaba detenida", pero "cada vez que ocurren estos incidentes se teje un manto de dudas sobre la fundición".

"no se privatizará"

La ministra vocera Camila Vallejo dijo que "respetamos los derechos laborales y sindicales de paralizar como una herramienta", y reiteró que "la decisión que tomamos es la correcta".

"Queremos ser muy enfáticos, y el presidente lo ha dicho: no vamos a dar paso a privatizaciones. Nosotros creemos en la empresa pública", agregó.

"La comunidad va a sufrir el flagelo de la depresión económica, (...) nos están cerrando de manera injustificada".

Andrea Cruces, Presidenta Sindicato 1 de Ventanas

"En las últimas semanas han existido episodios con casi 500 intoxicados, pese a que la planta estaba detenida".

Máximo Pacheco, Presidente directorio de Codelco

El Décimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó ayer prisión preventiva durante 120 días para Juan González Quezada (24), imputado por el asesinato del cabo -ascendido póstumamente a suboficial mayor -David Florido Cisterna, ocurrido hace poco más de una semana en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana. La medida también se aplicará a los encubridores del presunto culpable, la funcionaria del Poder Judicial Marcela García Vásquez, y Julio Vidal Araya, quien facilitó una casa en San Fernando.

Desde la tarde de ayer y hasta la mañana del viernes 24, González permanecerá en el penal Santiago I, para luego ser trasladado al módulo de máxima seguridad, en donde deberá cumplir los 120 de días de prisión, por riesgo de fuga.

González se encontraba en libertad condicional, cumpliendo una condena de ocho años de cárcel en Colina I que terminaba en 2024, cuando el 10 de junio percutó el disparo que habría terminado con la vida del carabinero.

El fiscal Christian Toledo señaló que el imputado fue a una barbería en Pedro Aguirre Cerda para cortarse el pelo. Allí, uno de los clientes vio que llevaba una pistola, por lo que llamó a Carabineros.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, el sujeto se escondió en el baño, por lo que pidieron refuerzos. Tras un intercambio de palabras, el acusado salió y apuntó a los carabineros, con quienes se produjo un forcejeo, en intento de reducir a González, momento en que se produjo el disparo contra Florido.

Los peritajes indicaron que el proyectil entró por la frente al cuerpo del carabinero, razón por la cual produjo su fallecimiento en pocos minutos.

En el forcejeo, el acusado también recibió un disparo en un pie, motivo por el que su huida y posterior refugio se dificultó al luego tener que llevar un aparato ortopédico.

Sin embargo, esto no impidió que se reuniera con la encargada de sala del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y ahora también imputada, Marcela García Vásquez, con quien mantenía una relación amorosa desde abril de este año, tras conocerse en el Centro de Justicia de la capital.

El imputado señaló a la funcionaria que le habían intentado robar el auto, de la marca BMW, y en el forcejeo recibió un disparo en un pie. "No sabía que si de su arma salió el disparo con el cual murió el paco, porque todos habían disparado", le dijo a García horas después.

La pareja se reunió en un motel en Quilicura y, tras unos días, se trasladó a San Fernando, Región de O'Higgins, donde se refugió en un condominio en el sector de Puente Negro, cercano a un paso fronterizo menor, utilizado por arrieros.

La casa es de la familia de Julio Vidal Araya, quien, asimismo, fue imputado en calidad de encubridor. Durante los días en Puente Negro, García le dejó ropa y víveres a González.

Posteriormente, el imputado regresó a San Bernardo, en la capital, con la idea de huir hacia Argentina. El viernes, en la autopista de Los Libertadores fue detenido mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad.