El Austral

Luego de 25 días de vacaciones, hoy los escolares vuelven a sus colegios para iniciar el segundo semestre de clases, que será 100% presencial y con jornada escolar completa.

La polémica extensión de vacaciones, que buscaba bajar el número de menores contagiados con enfermedades respiratorias, fue destacada por las autoridades tras registrar un descenso de consultas en Urgencias pediátricas: bajaron más de 80% de 120 mil a 20 mil semanales.

Tras este buen resultado, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, llamó a todas las familias "a que el lunes envíen a sus hijos e hijas a los establecimientos (educacionales)" y tener "una presencialidad plena".

Este punto fue valorado por el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Bernardo Vásquez, quien apuntó que "perdimos una semana que no es recuperable, hemos perdido muchas clases. Por lo tanto, también me hago parte del llamado que hace el Gobierno, porque considero que es vital que la presencialidad durante este último tramo sea un punto esencial en la educación de a nivel nacional".

El alcalde de Pelarco también indicó que "todos los municipios que son sostenedores de colegios lo tienen claro y tienen preparados sus colegios".

Críticas de profesores

Uno de los puntos que siguen generando dudas es que el segundo semestre cuenta con jornada escolar completa a diferencia del primero, en el que existió una jornada flexible que permitió a los establecimientos educaciones adaptar los horarios.

Según el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, la jornada flexible "vino a resolver varios problemas que se estaban generando y la opinión que hay de parte de las comunidades educativas, indudablemente, es que fue muy provechosa y ayudó mucho a descomprimir y poder volver a la presencialidad de con mayor cantidad de apoyos hacia los estudiantes y también con mayor contención, con mayores espacios de tiempo".

"Lamentablemente no fue posible (seguir con la medida), el Ministerio insistió en la perspectiva de que ahora se vuelve ciento por ciento con la jornada escolar completa, sin flexibilidad", dijo el líder del gremio.

El ministro de Energía, Claudio Huepe, aseguró que el proyecto "Gas de Chile", que busca bajar el precio al gas licuado de Petróleo y se lleva a cabo entre el Gobierno y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), beneficiará a unas 100 mil familias a fin de año.

"El proyecto piloto comienza la próxima semana (esta) y se va a extender paulatinamente en las tres comunas (San Fernando, Chiguayante y Quintero). De ahí, el objetivo es tener un periodo para que la empresa realice algunos análisis, estudie los temas técnicos, operacionales, de registros y de costos de operación para seguir adelante con el proyecto, que va a ir creciendo para llegar a beneficiar a unas 100 mil familias a fin de año y después ya instalándose en el mercado", dijo a Chilevisión.

Esa etapa, según detalló, "es importante porque permite que la evolución del trabajo que va a hacer la empresa sea responsable, eficiente y que busque la manera de reducir al mínimo el costo de todos los procesos".

El secretario de Estado también confirmó que el precio del gas será el "mínimo posible. El precio del cilindro varía en función de los costos de operación, acceso y transporte. Por lo tanto Enap, en esta etapa que no es comercial aún está identificando la manera en que puede reducir al mínimo precio el valor de los cilindros para las personas (...) Será una presión para que todos los precios vayan hacia la baja".

El primer cilindro de este gas se entregó en Chiguayante el viernes pasado y luego el exministro de Hacienda Ignacio Briones criticó la medida en Twitter: "¿No que el 'precio justo' era el precio de mercado? Aparte, sería interesante conocer el 'costo justo' de producción y distribución de este gas a 'precio justo'. No vaya a ser cosa que el costo sea mayor que el precio".

Este Capítulo del proyecto de nueva Constitución se inicia con un cambio de paradigma, ya que se reconoce que "La naturaleza tiene derechos" (art. 127), lo que refleja una influencia ecológica y de ciertas Constituciones. Así, Bolivia (preámbulo, art. 311); y, Ecuador, "La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución" (art. 10). Pero el texto de la Convención deja espacio a interpretaciones, consagra que "La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables" (art. 18). Si ya es complejo que la "Naturaleza" sea sujeto de derecho, al igual que los humanos, ¿cuáles serán los derechos que le sean aplicables? No es menor, pues la propuesta habilita a la ley para establecer restricciones al ejercicio de derechos para proteger a la naturaleza (art. 106). La poca claridad genera escasa seguridad jurídica, pudiendo afectar a emprendedores y a la economía del país.

Sigue el subtítulo "Bienes comunes naturales". Quizás lo más significativo son las "autorizaciones administrativas" para el uso de ciertos bienes (art. 134). Lo discutible es quedar al arbitrio de la autoridad de turno. No obstante disponer un mandato al legislador, el proyecto dispone que las autorizaciones serán temporales, sujetas a causales de caducidad, extinción y revocación. Lo que debería buscarse con una normativa como ésta es la estabilidad y certeza. Sin embargo, no se optó por ello como ideal.

Sobre aguas nuevamente se utiliza el término "autorizaciones", lo que genera inseguridad a los agricultores. Serían otorgadas por la Agencia del Agua (art. 142). Es positivo que se reconozca que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos (art. 140). Sin embargo, ya está en el actual Código de Aguas, gracias a un gran acuerdo transversal del Congreso. Ya es parte de nuestra normativa que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado (art. 5).

Siendo una Constitución extensa y un país minero, lo cierto es que uno podía esperar una desarrollada regulación en el apartado "Estatuto de los minerales", pero es breve (art. 145 al 147). Es positivo que se haya rescatado la norma actual del art. 19 n° 24, "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas" (art. 145). La propuesta habilita al Estado para regular efectos sinérgicos generados de la minería, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización, en la forma que establezca la ley (art. 147). Sin embargo, no se habla de concesiones ni de autorizaciones administrativas, lo que puede generar nuevamente poca certeza de lo que debería aplicarse o de las garantías en la actividad minera.

Por último, se crea una "Defensoría de la Naturaleza" (art. 148 al 150). A nivel comparado existe la Defensoría de la Madre Tierra (Bolivia, ley 71/2010), y en la Carta de Ecuador, el art. 399 hace referencia a una defensoría del ambiente y la naturaleza, pero en la práctica sus funciones las ejerce la Defensoría del Pueblo. Como una alternativa a estas instituciones se planteó crear un Consejo Económico, Social y Medioambiental, como el francés (art. 69 al 71), pero fue rechazado, siguiendo la Convención una mirada monotemática, con alta influencia ecológica y de los casos latinoamericanos citados.

En resumen, es preciso reflexionar si las normas propuestas dan las suficientes certezas a la actividad minera, agrícola, ganadera, forestal, acuícola, entre otras, que son gran parte del sustento y fuente de trabajo de Chile.

"Sobre aguas nuevamente se utiliza el término 'autorizaciones', lo que genera inseguridad a los agricultores. Serían otorgadas por la Agencia del Agua (art. 142). Es positivo que se reconozca que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos (art. 140). Sin embargo, ya está en el actual Código de Aguas".

*Colaborador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. Académico U. Autónoma de Chile.