Un nuevo flanco de críticas hacia la ministra Siches luego de que afirmara durante una entrevista con Canal 13 que "en la actualidad Carabineros es una entidad autónoma y lo que esperamos es avanzar en mayor poder civil sobre las policías".

La frase llamó especialmente la atención, ya que de acuerdo con la institucionalidad del país las policías dependen directamente del ministerio que encabeza la propia jefa de gabinete, algo que le recordó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

"Cinco meses después de asumir no sabe que los carabineros dependen de ella, que ella es la jefa. No se acuerda de que en la legislatura anterior se acusó constitucionalmente a un intendente de la Región Metropolitana (Felipe Guevara) por el copamiento que había hecho Carabineros; no se acuerda de que también se acusó constitucionalmente a (Andrés) Chadwick por el caso Catrillanca", cuestionó el parlamentario gremialista.

Al legislador se sumaron voces de exministros del Interior. Jorge Burgos, quien ocupó el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, dijo a La Tercera que "es una declaración errónea, Carabineros no es autónomo, es una institución que no corresponde a ninguna de las características de la autonomía (...) Los nombramientos en Carabineros todos dependen del Presidente de la República, son a través de decretos, no se autogenera su conducción, presupuestariamente depende de Interior. (...) El error lo puede cometer cualquiera, pero es más complejo cuando lo emiten las personas de la cual Carabineros se relaciona y del cual dependen. Es complejo. Este es un grave error".

Rodrigo Delgado, jefe de gabinete durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, coincidió en que "Carabineros no es una institución autónoma por varios motivos, pero los más importantes tal vez es que depende del Presupuesto de la nación, no tiene patrimonio propio, su alto mando puede ser designado o removido por la autoridad civil. Y lo más importante es que depende del Ministerio del Interior y se relaciona a través de la subsecretaría del Interior".

Querella a llaitul

En cuanto al conflicto en la Macrozona Sur, Interior emitió ayer un documento en respuesta a cuestionamientos de legisladores por no asumir nuevas acciones legales contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras sus recientes declaraciones en que reconoció el robo de madera.

En el texto el Ejecutivo afirmó que la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE) que presentó el pasado 28 de julio contra el cabecilla de la agrupación sí permite perseguirlo por esos dichos.

La querella de Interior "habilita al Ministerio Público para investigar, en el contexto de la LSE al señor Llaitull, por cualquier hecho que se asocie con sus declaraciones, pasadas, presentes y futuras", aseguró la División Jurídica de la cartera.

La página 4 del escrito señala además que "al deducir este Ministerio del Interior la facultad del artículo 26 de la LSE, entiende que al dirigirla 'en contra de quienes resulten responsables' y respecto de 'todo nuevo hecho que se determinen durante el transcurso de la investigación que desarrolle a efecto el Ministerio Público', el ente persecutor queda facultado para desarrollar la actividad investigativa respecto de todo hecho que se relacione, como en este caso, directamente con el objeto de la persecución penal vigente en la presente investigación".

El texto añade que es "indudable que las declaraciones que ahora se difunden están en la misma línea de las anteriores que llevaron a la ampliación de la querella del Gobierno, indicando la realización de hechos precisos que podrían ser constitutivos de delito. Pero, además, estos hechos se enmarcan en delitos comunes que, conforme las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público para investigar, puede hacerlo de oficio sin necesidad de una querella de esta parte".

Ayer por la tarde el Congreso aprobó el proyecto de ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensión de alimentos, que permitirá que las obligaciones parentales puedan ser pagadas de forma automática desde cuentas bancarias, ahorros previsionales y otros instrumentos financieros.

Con esto se establecerá un mecanismo de pago permanente de la deuda de pensión y se podrá mejorar el acceso a la información financiera de las personas deudoras.

Este mecanismo permitirá solicitar el pago de la deuda de tres meses impagos o cinco meses de pagos parciales al Tribunal de Familia, que podrá obligar a que sean pagadas de forma automáticas desde cuentas bancarias. En caso de no tener, se sacará el dinero desde el fondo de pensiones.

La iniciativa se aprobó por unanimidad, con 136 votos a favor, en la Sala de la Cámara, por lo que quedó lista para ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric la próxima semana.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, destacó que "esta ley solo tuvo votaciones unánimes en toda su tramitación y eso es gracias a que hicimos un trabajo transversal en el que pudimos contar con el apoyo de senadoras y diputadas tanto de la oposición como el oficialismo y también de quienes están en el espectro de independientes".

"A partir de la entrada en vigencia de este proyecto de ley, que tardará seis meses, y en eso queremos ser claras para no generar distorsiones, porque son los meses que se van a tardar los tribunales en poder tener operativo el mecanismo de interconexión con las instituciones financieras, vamos a poder tener un mecanismo de pago de las pensiones eficiente, estable en el tiempo y que va a entregar dignidad, tiempo y valor al trabajo no remunerado", explicó la titular de la cartera, que apuntó al funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.