Es evidente que la delincuencia se ha potenciado por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas. El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego y resulta alarmante ver cómo en las redadas realizadas por las policías, se incautan pistolas y revólveres a jóvenes y hasta a niños, lo que indica que pese a los operativos que se realizan y a la destrucción de material, queda mucho más en circulación o que se va reponiendo.

De acuerdo a la Dirección General de Movilización las personas mayormente las adquieren para tenerlas como protección en su domicilio, aunque eso no les da derecho a portarlas. No obstante, hay mucho armamento no registrado.

Ya no son extraños los casos de balaceras entre traficantes en las poblaciones, que pugnan por el control de los barrios, sino que también los asesinatos y los ajustes de cuentas de miembros de bandas rivales. En ocasiones, han caído víctimas inocentes, incluso niños, como resultado de las balas perdidas. Carabineros y la PDI incautan con frecuencia armas de fuego y municiones en sus operativos policiales, y a la vez recogen el material que la ciudadanía opta por entregar en forma voluntaria. El proceso de entrega voluntaria se realiza en cualquier unidad policial, donde la persona puede identificarse, si lo desea, o bien puede mantener el anonimato. El 25 de enero del presente año 2022 se publicó la modificación de la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad y mejorar los mecanismos de fiscalización y trazabilidad a través de un registro. A las entidades fiscalizadoras de Carabineros les corresponde inspeccionar que la tenencia de armas se dé en el marco de la ley, que estén en los domicilios informados y si se trasladan a otra zona, debe ser autorizado.

El Gobierno ha propuesto el plan "Menos armas, más seguridad", de manera de limitar el acceso a las armas de fuego al mundo civil, lo que ha originado la reacción de algunas organizaciones que defienden su tenencia responsable.

Las redes sociales desempeñan un papel fundamental sobre las interacciones ciudadanas como mecanismo de comunicación. Sin embargo, la excesiva cantidad de contenidos que circula en dichas plataformas a menudo no es verificada y las personas se ven expuestas a noticias falsas que afectan su opinión, especialmente en la toma de decisiones políticas, por tanto, el consumo de comunicados imprecisos presenta efectos perniciosos en el desarrollo democrático y sobre todo en el nuevo proceso electoral.

En particular, las noticias falsas son un contenido cuyo objetivo es la desinformación y responde a grupos de interés que buscan instalar esas mentiras para su provecho (Gohdes, 2017). Durante meses se ha posteado información relativa a la falta de protección respecto a la propiedad privada, que la propuesta de nueva Constitución permite la interrupción del embarazo hasta los nueve meses, etc. En consecuencia, el propósito del mensaje es conectar con el profundo sentir ciudadano causando estragos en la opinión pública a través de redes sociales.

Según la encuesta Barómetro Regional (2019) los medios y redes digitales más utilizados por los chilenos son Facebook, Instagram y Twitter. En este sentido, el 68.9% de los encuestados utiliza redes sociales para informarse, por ende, dichos medios presentan un alcance significativo en sus usuarios respecto a la proliferación de noticias falsas, lo que coincide con los resultados del sondeo realizado por Datavoz y Estudios Digitales, en donde "un 58% de los encuestados manifestó haber conocido información sobre la Convención Constitucional que finalmente resultó falsa" (CNN, 2022).

Sin duda, el uso de plataformas de internet ejerce un papel cada vez más importante a la hora de la difusión de información (Zeitzoff, 2017). Principalmente, estos medios proporcionan la experiencia de buscar y compartir contenidos de forma instantánea, sumándose a esto no solo ciudadanos comunes, sino que empresarios, autoridades y exconvencionales que han recogido esta nueva forma de comunicación. Por tanto, es sumamente inquietante que líderes de opinión e incluso autoridades de nuestro país difundan información imprecisa que confunde a la ciudadanía, lo que deriva en aversión al contenido del texto y es fundamental recalcar la responsabilidad mediática como claro llamado de atención a los rostros del apruebo y del rechazo para comprobar la veracidad de los datos emitidos.

En definitiva, lidiar con el exceso de datos distorsionados representa un desafío complejo para la ciudadanía que debe discernir sobre el contenido real del texto y lo que no está establecido en la propuesta de nueva Constitución, por ende, es clave que logremos enfrentar el legado de las noticias falsas en este nuevo proceso cívico, asumiendo con responsabilidad la difusión de datos y estableciendo parámetros de prevención ante la desinformación electoral.

Carla Escalona Oyarzo,

cientista política.