El Austral

Qué hacer después del plebiscito si gana el Rechazo, se preguntan políticos tanto del oficialismo como la oposición. El Gobierno apuesta por "todo de nuevo", con Convención incluida, el PS aboga porque "se inicie un nuevo proceso constituyente", según su timonel, Paulina Vodanovic, en tanto que su par del PC, Guillermo Teillier, afirma que "no es llegar y decir elijamos nueva Convención, tiene que producirse una reforma constitucional en el Parlamento". En Chile Vamos, el excandidato presidencial Sebastián Sichel propuso una nueva Convención con "respaldo de un comité de expertos apoyado por el Congreso".

"No escucho cuál es la propuesta, qué viene el 5 de septiembre por parte de la derecha, qué dice (el presidente de la UDI, Javier) Macaya, qué dice (el timonel republicano) Rojo Edwards, qué dice (el líder de RN, Francisco) Chahuán, la ciudadanía necesita certezas", cuestionó ayer en Canal 13 la presidenta del socialismo.

"Tiene que salir la derecha que tiene representación parlamentaria, (...) que diga unánimemente que están por una nueva Constitución para Chile, porque la Constitución del 80 ya no da más", indicó Vodanovic, junto con pedir "que lo digan por escrito y lo firmen".

La timonel luego afirmó que "nosotros como PS tenemos muy claro lo que ocurre el 5 de septiembre: se implementa la nueva Constitución, se ponen todos los parlamentarios detrás de esta nueva Constitución", aunque "si no ganara el Apruebo, también nos ponemos en orden para solucionar los problemas urgentes de la ciudadanía, apoyando al Gobierno en las materias más importantes y también nos ponemos a trabajar ese día por una nueva Constitución, para que se inicie un nuevo proceso constituyente".

El timonel del PC, Guillermo Teillier, sin embargo, explicó que "no es llegar y decir elijamos nueva Convención. Tiene que producirse una reforma constitucional en el Parlamento". Además, advirtió, "es difícil tener los 4/7 en el Parlamento" de quórum necesario para este procedimiento, como se acordó hace unos días.

"Hay sectores que dicen que hay que ponerse de acuerdo, llegar a un consenso. No sé qué nueva Constitución puede salir de eso, lo veo difícil. Aquellos que rechazan al Apruebo hoy día, es porque quieren cercenar de esta nueva Constitución todo aquello que sientan que les afecta en sus intereses", agregó Teillier.

Chile vamos

El excandidato a La Moneda por la oposición, Sebastián Sichel, dijo que la propuesta de nueva Carta Magna "no soluciona el conflicto inicial, que era esta crisis institucional y una demanda de la clase media chilena, de ser considerada en la definición de políticas públicas".

Por esto, en caso de ganar la opción Rechazo, Sichel sostuvo que "mi posición es avanzar en un proceso constitucional que sea de origen democrático, es decir, una nueva Convención que se haga en el más corto plazo posible y que ojalá tenga el respaldo de un comité experto independiente apoyado por el Congreso transversalmente".

Con esta respuesta al resultado del plebiscito, según Sichel, "en menos de un año podemos tener una nueva Constitución, pero ahora sí que sea la casa de todos y no solamente de un sector", pero "el Gobierno tiene que cambiar su actitud", ya que "ha pecado de soberbia".

Existen, mínimo, 3 convicciones sobre las Constituciones modernas: La primera es que ellas sirven y se crean para limitar el poder; la segunda es que cuentan con una naturaleza dual, al no ser solo normas jurídicas, sino también de naturaleza política; y, finalmente, la tercera es que dentro de las normas que conforman el sistema jurídico, tienen una jerarquía superior, lo que hace que las demás disposiciones requieran respetar los contenidos constitucionales. Bajo esas convicciones parece bastante lógico que la estabilidad y perdurabilidad de las Constituciones sea no solo deseable, sino que se observe como una garantía de seguridad jurídica para la comunidad política.

Sin embargo, el rasgo de la rigidez constitucional es un tema que debe siempre ser pensado, como todos, en la justa medida. Al final, no es lo mismo beneficiarse de una Constitución rígida de 7 artículos, como la de Estados Unidos, que sobrellevar una con más de 300 artículos. Esto pensando, además, en que entre más extenso sea el texto, más será lo que regula y, en consecuencia, menor será el margen que se tiene para responder a nuevas circunstancias: Incluso, esa reducción de margen para los poderes estatales crea una mayor necesidad de reforma para dar respuesta a la realidad.

En esa dirección, la lectura de este tema en la propuesta de nueva Constitución (capítulo XI) muestra que se incorporaron medidas que no solo refuerzan, sino que hacen demasiado difíciles las modificaciones: Si bien se plantea 2 tipos quórum para el proceso de reforma (uno general de 4/7 y otro de 2/3 para lo de mayor relevancia), un recuento de los temas y su amplitud dentro del texto, acompañado de la indeterminación de lo que sería sustancial en esos contenidos, hace que la reforma pierda factibilidad. Esto, por supuesto, sin contar con el sometimiento a la progresividad y no regresividad del artículo 20.

Así, un rasgo esperable de una Constitución, puede volverse en un elemento casi disuasorio para que se motiven fenómenos, presentes en otros países, como la mutación constitucional o reforma informal de la Constitución -que puede conducir a un activismo judicial- o, peor, a cambios totales, incluso por fuera de las reglas que plantea el texto.

Es claro que más de 700 reformas, como ha pasado en México desde 1917, no es una dirección tampoco deseable. Por esto, el justo medio debe ser contemplado y más cuando parece extenderse la idea que sí se aprueba es para reformar -circunstancia que pasa a resultar, desde el texto, improbable-.

Por consiguiente, si la razón práctica de una Constitución, inclusive en su reforma, implica contar con instrumentos efectivos y que no dejen a la deriva su exigibilidad inmediata y futura, el análisis de la propuesta de nueva Constitución no debe abandonar el pensar la complejidad de su reforma, la inclusión de mecanismos como plebiscitos aprobatorios, la inversión para generarla, la necesidad de consulta previa indígena, entre otros.

Al final si algo se espera, dentro de la sensatez que caracterizan a la población de un Estado Constitucional y Democrático, pasa por reconocer que, ante lo incierto del futuro, las Constituciones que se propongan deberían poder ser (bien) modificadas.

*Investigador posdoctoral de la Facultad de Derecho e investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.