La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), a través de su presidente, Juan Jaime Díaz, respondió a través de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, a la invitación del Gobierno para integrar una mesa de trabajo sobre los medios. La siguiente es la carta de respuesta.
"Por medio de la presente, y en relación a la materia de la referencia, queremos agradecer la invitación que nos ha hecho llegar, para participar en la mesa de trabajo sobre el futuro de los medios de comunicación denominada 'Más amplitud, más voces, más democracia'.
Desde hace más de 70 años, la Asociación Nacional de la Prensa ha sostenido un profundo e irrestricto compromiso con el fortalecimiento de la libertad de prensa en nuestro país. Son muchos los avances logrados en esta materia durante las últimas décadas, y así lo han reconocido los rankings internacionales que colocan a Chile en un lugar destacado en materias de libertad de expresión, al tiempo que reconocen el papel que juegan los medios de comunicación como espacio de debate público y en la fiscalización de las autoridades.
Sin embargo, hay numerosos desafíos pendientes y nuevas amenazas que se plantean al ejercicio de esta libertad fundamental, tanto desde el ámbito regulatorio como de fenómenos sociales que se han potenciado con las nuevas tecnologías de la comunicación.
Por de pronto, en el contexto de la crisis de octubre de 2019, diversos medios sufrieron ataques y atentados que destruyeron parcial o totalmente sus instalaciones. Y en estos tres años la labor periodística se ha visto afectada por un inédito clima de crispación, con amenazas y hostigamiento a profesionales de la prensa. Asimismo, la violencia imperante en la llamada macrozona sur del país ha golpeado con particular dureza la actividad periodística destinada a informar de ella, lamentándose amenazas y lesiones sufridas por colaboradores de los medios de comunicación.
En otro plano, tras una década de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de innegable relevancia para el ejercicio de la actividad periodística, se ha hecho evidente la necesidad de actualizarla recogiendo la experiencia y recomendaciones del Consejo para la Transparencia y el consenso técnico de los expertos.
Preocupa también la escasa promoción de los mecanismos de financiamiento al desarrollo de los medios regionales y a los estudios sobre pluralismo en el sistema informativo que establece la Ley de Prensa. Eso impide que esta normativa, largamente tramitada en el Congreso, cumpla sus fines, generando una comprensible frustración.
Estas materias, entre varias otras, nos parecen de la mayor importancia para el fortalecimiento y la profundización de la libertad de prensa en nuestro país.
La iniciativa promovida y coordinada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y tres universidades del Estado para elaborar, en un plazo de seis meses, un informe público sobre los derechos asociados a la comunicación e información, y del ecosistema medial chileno, no nos parece el camino apropiado para abordar los temas señalados anteriormente y, por el contrario, conlleva potenciales riesgos para la libertad de prensa.
Desde luego, si el objetivo es promover un debate académico respecto de estas temáticas, y del sistema de medios actual, caracterizado en una multiplicidad de voces que se han podido generar gracias a la presencia digital y multimedial, no se entiende el protagonismo del Ministerio Segegob, su realización en dependencias gubernamentales y el criterio de selección de instituciones académicas exclusivamente estatales encargadas de su realización.
Asimismo, la mesa de trabajo conformada por el Ministerio Segegob para elaborar el referido informe público -para cuya ejecución compromete usar "sus plataformas comunicacionales" y 'financiar los gastos de transporte'-, es ajena a los estándares y prácticas internacionales en materia de libertad de información. Hay que recordar que las señales como estas suelen anteceder a lesiones a la libertad de prensa, según se puede ver en la experiencia de otros países.
Inevitable es que emerja una duda respecto de si esta iniciativa podría derivar en la definición de políticas públicas o incluso en la presentación de propuestas legales que introduzcan nuevas regulaciones para el funcionamiento de los medios.
En cualquier contexto democrático fundado en una sociedad libre, los medios de comunicación tienen un rol de control del ejercicio del poder y de promoción del debate público sobre las principales inquietudes de la sociedad. Para el cumplimiento de este mandato, cimiento de la libertad de prensa, es clave la independencia para poder desplegar sus respectivos proyectos editoriales.
Creemos que remover los obstáculos legales y enfrentar la violencia que amenaza la labor periodística deben ser los focos de atención de las autoridades interesadas en fortalecer la libertad de prensa en nuestro país. Como ANP estamos plenamente disponibles para contribuir a su identificación y análisis con las autoridades públicas responsables. Por el contrario, para resguardar la libertad editorial de los medios de comunicación, pensamos que la reflexión sobre los medios y las dimensiones de interculturalidad, género, ética, educación, derecho a la comunicación y otros -que se listan en la tabla que impulsa el Ministerio Segegob para su mesa de trabajo del viernes 26 de agosto- se debe abordar desde la sociedad civil, sin intervención de las autoridades gubernamentales.
De este modo en esta ocasión nos excusamos de formar parte de la mesa del Gobierno porque, lamentablemente, las condiciones en que está hoy planteada esta iniciativa hacen imposible nuestra participación, pero seguimos disponibles para dialogar con todas las entidades que sea necesario sobre los asuntos planteados".
