Empresa de buses que sufrió embargo erróneo queda en riesgo de quiebra
DESESPERACIÓN. Compañía temuquense afectada por equivocación de tribunal pide que autoridades se involucren en el caso.
Preocupación y desesperación existe entre los trabajadores de la empresa de buses regional que sufrió un embargo producto de un error cometido por tribunales laborales de Santiago.
Se trata de Transportes e Inversiones San Ignacio Limitada, prestadora de servicios en la empresa Terra Tour, que el pasado 11 de agosto sufrió el embargo de 80 millones de pesos como resultado de una causa judicial radicada en la Región Metropolitana y que no tiene nada que ver con ellos.
Desde que se percataron del embargo hasta hoy, los equipos jurídicos de la empresa han levantado varios recursos judiciales a los tribunales santiaguinos, sin embargo, no han tenido respuesta. Por ello, la quiebra está convirtiéndose en una amenaza real.
"Han transcurrido más de dos semanas desde que nos percatamos del embargo, y las obligaciones de nuestra empresa son mensuales. Cada mes tenemos que pagar sueldos, impuestos, cotizaciones y cumplir con los gastos que corresponden normalmente. En unas semanas más van a llegar los gastos mensuales, las fechas límites. Y si seguimos así, lamentablemente la quiebra o el cese de operaciones será una posibilidad que tendremos que analizar seriamente. Eso sería muy triste, porque impactaría en el servicio de transporte de muchas comunas", lamenta Ignacio Maluf, asesor jurídico de la empresa afectada.
Piden ayuda
Desde la empresa de buses temuquense hacen un llamado a diversas autoridades a involucrarse con lo que les está afectando, entendiendo que un resultado adverso con ellos terminaría impactando negativamente en la conectividad de varias comunas de la Región de La Araucanía.
"Hemos tocado todas las puertas posibles en los tribunales de Santiago, pero no nos han querido escuchar. Sin duda que cualquier ayuda de autoridades nos vendría bien para que se haga justicia", finaliza el abogado Maluf.
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"Hemos ejercido los recursos judiciales respectivos, pero los tribunales no nos están escuchando".
Ignacio Maluf,, asesor jurídico de la empresa