El Austral

Tras el aumento exponencial de delitos de mayor connotación social en la localidad de San Ramón, situación que a su vez se agudiza por la falta de conectividad digital y la distancia existente entre la localidad y la comisaría más cercana, el alcalde de Padre Las Casas, Mario González, junto a dirigentes del sector, llegó hasta el palacio de La Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, audiencia gestionada por el diputado Henry Leal, en la que se analizó la situación de San Ramón en materia de seguridad pública.

En la ocasión, el jefe comunal, Mario González, solicitó a la autoridad de Interior soluciones de corto, mediano y largo plazo para combatir la delincuencia en la localidad, entre ellas, mayor presencia policial, mejoramiento de la conexión a internet en la zona y la posibilidad de contar con un retén de Carabineros que permita una presencia permanente de contingente policial, donde los vecinos puedan realizar sus denuncias, sin tener que desplazarse hacia la zona urbana de Padre Las Casas, ubicada a 25 kilómetros de distancia.

La autoridad de Gobierno escuchó los requerimientos del edil y el clamor de los dirigentes vecinales que viven con el constante temor de ser víctimas de la delincuencia y se comprometió a enviar un equipo a la zona, el que será liderado por el jefe de gestión y modernización de las policías con el objetivo de analizar en terreno la factibilidad de contar con una infraestructura que posea presencia policial de forma permanente en la localidad.

Avances

Al respecto, el alcalde González señaló que "el subsecretario escuchó nuestros requerimientos y se comprometió a enviar a un equipo a San Ramón, liderado por el jefe de gestión y modernización de las policías para evaluar en terreno la posibilidad de contar con una infraestructura, ya sea retén o garita o alguna estructura similar donde exista la presencia permanente de Carabineros, un requerimiento anhelado por muchos años por los vecinos de San Ramón".

Por su parte, el subsecretario Monsalve, respecto a la reunión con el alcalde González, precisó que "abordamos diversos temas de interés en materia de seguridad, uno de ellos es la conectividad y respecto a este tema se han otorgado respuestas bien concretas que se están desplegando y que van a permitir cambiar sustancialmente las condiciones de conectividad telefónica y digital que tienen los casi 6 mil habitantes de San Ramón. También nos hemos comprometido a enviar un equipo a la localidad para evaluar en terreno la demanda principal que es tener algunas dependencias con la presencia de carabineros, respecto a lo cual, una vez que se haga esa evaluación, esperamos tener una respuesta a su solicitud durante el mes de octubre".

Con el objetivo claro de obtener soluciones para los habitantes de San Ramón, la comitiva liderada por el alcalde Mario González, tras la reunión con el subsecretario del Interior, se trasladó hacia las dependencias de la Dirección Nacional de Carabineros de Chile, donde sostuvieron un encuentro con el general inspector Marcelo Araya, director nacional de Orden y Seguridad, quien aseguró que la institución trabajará para reforzar la seguridad en la localidad e implementará las estrategias necesarias que permitan otorgar la tranquilidad que los vecinos de San Ramón requieren.

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"Nos hemos comprometido a enviar un equipo a la localidad para evaluar en terreno la demanda principal que es tener algunas dependencias con la presencia de Carabineros".

Manuel Monsalve,, subsecretario del Interior

Un estudio realizado por José Miguel Aldunate, director del Observatorio Judicial, que analiza el robo o hurto de madera en la macrozona sur entre 2018 y 2021, evidenció que existe una baja participación del Ministerio del Interior en perseguir estos delitos, principalmente porque no se produce una afectación directa del orden público.

"Mientras en los delitos violentos el Ejecutivo suele jugar un rol preponderante, en materia de robo y hurto de madera la mayoría de las causas se inicia por querellas de los particulares", quienes han dejado de recurrir a la justicia "a menos que cuenten con muy buenos antecedentes", plantea el documento.

El 80% de los procesos parte por una querella de los propietarios, un 19% por denuncia y el 1% del total corresponde a las causas presentadas por la Intendencia o el delegado presidencial. Igualmente, se identifica que el grueso de ellas está en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín.

Una de las principales críticas que recibió la propuesta de la Convención recientemente rechazada es que sus autores no habrían sido respetuosos ni deferentes con la "tradición constitucional chilena", optando más bien por llevar a cabo una "refundación" de la institucionalidad conocida mediante una "hoja en blanco". La deferencia puede analizarse tanto concreta como simbólicamente, y en ambos casos los convencionales efectivamente estuvieron al debe.

Lo primero, pues experimentaron con normas ajenas a la realidad histórica del país. La plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, el bicameralismo asimétrico y el Estado regional son todas cuestiones que se apartan de nuestra cultura política, la cual, si bien es dinámica y cambiante, contiene algunos pilares relativamente intocados desde al menos la década de 1820.

Lo segundo, porque la mayoría de los procesos constituyentes en Chile -en especial los de 1828, 1833 y 1925- siguieron un recorrido más consensual que rupturista, más moderado que radical. Gracias a ello, sus contenidos se legitimaron simbólica y factualmente a lo largo del tiempo.

Veamos.

En la Carta de 1828 se encuentra una solución intermedia (es decir, no extrema) al complejo problema de la división territorial: con el fin de responder a las demandas administrativas, económicas, judiciales y fiscales de las distintas zonas en las que estaba conformado el naciente país, los constituyentes de ese año se decidieron por un Estado unitario, pero dividido en ocho provincias con sus respectivas asambleas. Dicha salida buscó poner coto al federalismo extremo del período inmediatamente anterior, aunque sin desconocer el valor de la descentralización.

Otro tanto puede decirse de la siempre tirante relación entre la Iglesia y el Estado: aun cuando la Constitución sostiene que la religión de Chile era la "Católica Apostólica Romana", el hecho de que no se prohibiera el ejercicio "privado" de otros credos sirvió para que, con el paso del tiempo, los protestantes fueran integrándose a la sociedad local.

La Ley Fundamental de 1833, por su parte, fue pensada como una "reforma" de su antecesora por sus autores, quienes aceptaron e incluyeron en su articulado las herencias del pasado. Así, en la década de 1870 -y sin incurrir en un quiebre institucional- fue posible introducir importantes cambios a la Constitución a través de una apelación directa a los principios que habían sido consensuados durante los años veinte del siglo XIX.

Y si bien la Carta del 25 fue el resultado de un verdadero terremoto político, tanto en su redacción como en su contenido se aprecian, otra vez, soluciones intermedias o reformistas antes que maximalistas o revolucionarias. El texto, en efecto, sobresale por su simpleza, por su laxitud y porque gobiernos de muy distinto signo (como los de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva) pudieron desplegar sus programas bajo su influencia conceptual.

No podemos decir lo mismo, sin embargo, del origen de la Constitución de 1980, como tampoco de la fallida propuesta de la Convención: en ambos casos -aunque por razones ideológicas opuestas- primó la arrogancia y no el diálogo racional. ¿Qué camino seguiremos ahora que nos aprestamos a retomar la discusión constituyente? ¿El de la refundación o el de las soluciones intermedias? ¿Seremos capaces de redactar una Constitución que sea deferente con nuestra historia, pero que al mismo tiempo tenga un pie firme en las urgencias del siglo XXI? De las respuestas que demos a estas interrogantes depende, me parece, el destino de los próximos meses.

"En la Carta de 1828 se encuentra una solución intermedia (es decir, no extrema) al complejo problema de la división territorial: (...) los constituyentes de ese año se decidieron por un Estado unitario, pero dividido en ocho provincias con sus respectivas asambleas".

"Y si bien la Carta del 25 fue el resultado de un verdadero terremoto político, tanto en su redacción como en su contenido se aprecian, otra vez, soluciones intermedias o reformistas antes que maximalistas o revolucionarias".

*Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP)