El comercio es uno de los sectores más atacados por la delincuencia y junto con afectar a los comerciantes en su patrimonio y seguridad, también desalienta la inversión en la ampliación de establecimientos y en la iniciación de nuevos emprendimientos. Y con ello también se limita el crecimiento de las fuentes de empleo, con lo cual el daño tiene una notoria derivación social.

Si se realiza un seguimiento de las informaciones sobre delitos graves que se publican en los medios de comunicación, se llega a la conclusión de que muchos de estos son cometidos por reincidentes y sujetos que habían pasado por los tribunales pero fueron dejados en libertad.

La encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) ha revelado que durante el primer semestre de este año, un 58,6% de los locales en el país fueron víctima de algún delito, lo que representa un alza significativa si se considera que en el segundo semestre del año pasado la tasa de victimización fue de 47,9%. El sondeo se realizó en 1.214 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

Este aumento de la delincuencia ha llevado a los comerciantes a reforzar sus medidas de seguridad.

La delincuencia es un tema que preocupa a los ciudadanos en general, y al comercio en particular, porque ven que, más allá del Gobierno de turno, ésta no cede, por lo cual desde diversos sectores se hacen frecuentes llamados a las autoridades para que la aborden de forma constante y persistente y no solo en algunas épocas del año. Es evidente que se requiere de forma urgente una solución a nivel país, impulsada desde el poder central.

Muchas de las víctimas (57,9%) deciden no denunciar los ataques y robos que sufren, lo que es muy frecuente en el comercio minorista, porque estiman que no tendrán resultados, o porque lo consideran una pérdida de tiempo, de manera que al no haber registros oficiales sobre ellos, pasan a integrar lo que se conoce como las "cifras negras de la delincuencia".

El fiscal de Valparaíso pedía 47 años de cárcel efectiva para Daniel Cerda Bustos, el tribunal lo sentenció a "17 de presidio por delito reiterado de estupro, delito reiterado de explotación sexual y delito reiterado de violación de menor de 14 años". Aunque el condenado es absuelto "de tres delitos reiterados de explotación sexual impropia a tres víctimas" entre los años 2018 a 2020 y de otras figuras delictuales, nos parece una sentencia importante e histórica.

Hasta hace no mucho, la mayoría de estos explotadores de niñas, niños y adolescentes, quedaban en la impunidad total, por lo que la gran diferencia que hay entre los 47 años de presidio que pedía el fiscal y los 17 que dictó la Justicia no son 30 años, sino un grandísimo avance en el reconocimiento de un delito que hasta hace poco ni siquiera se nombraba por su nombre: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Hace muy poco se le designaba "prostitución infantil" o "facilitación para la prostitución", conceptos que tendían a que el sistema de justicia estigmatizara y responsabilizara por sus conductas a las víctimas, asimilando sus casos al del comercio sexual adulto, lo que no tiene nada que ver con su realidad.

Para el Hogar de Cristo esta sentencia es particularmente significativa porque fueron las jóvenes de nuestra residencia de protección Anita Cruchaga las acosadas y explotadas por la red que lideraba Daniel Cerda Bustos. La residencia buscaba establecer estándares técnicos de calidad para el cuidado de jóvenes con historias de vulneración y abusos particularmente complejas. Pero desde su instalación en 2017 hasta que se quemó en un incendio en 2019, cuyo origen aún no está claro, fue asediada de manera permanente por estos sujetos.

Cuatro años tomó el proceso judicial.

Hoy esas niñas son mujeres y algunas siguen sintiendo más culpa por los victimarios que por ellas mismas. Eso es lo más dramático y lo que todos como sociedad debemos revertir. Sucesivos estudios del Hogar de Cristo y de la ONG Raíces, han permitido profundizar en las modalidades de explotación: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, favores y, sobre todo, falso afecto; además de pornografía, trata, turismo y viajes, y otros. Los explotadores son de distintas clases sociales y profesiones, predominantemente hombres, sin distinción de edad, con una leve tendencia a ser consumidores o productores de pornografía infantil. Son además maestros en manipulación y seducción, aprovechándose de las carencias afectivas de las jóvenes.

A lo menos son dos los focos en los que debemos poner todas nuestras energías como país: nuestros niños y niñas requieren de acciones efectivas de prevención, detección y abordaje terapéutico de la violencia sexual. Por otro lado, se requiere con urgencia una instancia interinstitucional público-privada, con presupuesto y poder de acción, liderada por la Subsecretaría de la Niñez y con la supervigilancia de la Defensoría de la Niñez, que logre contribuir a la persecución y castigo de delincuentes como los que sedujeron y terminaron explotando sexualmente a las jóvenes de la residencia Anita Cruchaga. Esos que hoy empezarán a pagar su culpa. Ojalá sentencias como ésta resulten ejemplificadoras y contribuyan a desbaratar a estas mafias despreciables.

Paulo Egenau,

director social del Hogar de Cristo