El 18 de noviembre comenzó a regir en plenitud la ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y cuya finalidad es perfeccionar el sistema de pago en favor de los hijos.

La legislación establece doce medidas para penalizar a quienes deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. El Registro Civil está a cargo de mantener esos datos, que influirán en la retención obligatoria de fondos, desde créditos otorgados; de las devoluciones de impuestos; de la compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones; además de establecerse trabas para obtener licencias de conducir y pasaportes. También la norma señala que será considerado un delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, pues eso vulnera la autonomía, el patrimonio y la subsistencia de quienes tienen a cargo los niños y niñas.

Según una encuesta realizada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con Cadem, en noviembre de 2020, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de éstas, un 65% no recibe contribución alguna de pensión. Solo el 16% de los deudores de pensiones alimenticias se hace responsables del pago. Y del total de personas que no reciben el pago de pensión de alimentos, el 65% forma parte de la población de menores ingresos.

Las causas por pensiones de alimentos se encuentran entre las más vistas por los Tribunales de Familia. Son parte de las situaciones que esos juzgados conocen, junto a la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos. Más del 85% de demandados no paga lo que corresponde a sus hijos e hijas, o tiene deudas acumuladas de las cuales no se hace cargo.

Esta legislación representa un gran avance, pues se busca poner límite a problemas que muchas familias arrastran durante años y que obligan a las víctimas a exponerse a reiterados trámites legales para que se respeten sus derechos, o a sufrir incluso extorsión de parte de quienes cometen este tipo de agresión económica. Por otra parte, es positivo que haga partícipes a la comunidad y a instituciones frente a una situación de abuso reiterado, sacándola desde la esfera privada en que hoy suele manejarse, a una pública, con sanción social y material real.

Chile vive una época de cambios que pueden ser decisivos para llevarnos en 10 o 20 años a ser un país desarrollado. Para llegar a ello, la educación tiene que estar en un lugar prioritario en la agenda social y, dentro de ella, los niños deben estar primero.

La primera infancia es un período corto y dinámico. Los primeros mil días son una ventana estrecha de tiempo determinante para el presente y futuro de nuestros niños, por lo que invertir en forma adecuada en esta etapa es la única posibilidad que tiene un país de avanzar hacia el desarrollo. Asegurar calidad, promover y escalar ideas innovadoras en materia pedagógica y aumentar los incentivos para que educadores de excelencia elijan esta profesión, es fundamental.

Y desde las universidades, tenemos dos roles principales que cumplir.

En primer lugar, como formadores de formadores, tenemos la obligación moral de trabajar para entregar al país los mejores profesionales.

Un educador que tenga una mente abierta para aprender a pensar, pues deberá reconocer y definir un buen pensamiento científico basado en evidencias que permita el desarrollo de la voluntad bien educada y un manejo adecuado de las emociones. Esto se logra a través de interacciones de calidad mediante el juego y el aprender haciendo, logrando así desarrollar uno de los factores protectores más importantes de la infancia, que es el goce por aprender.

Los primeros años de vida son la etapa más plástica, receptiva y moldeable de su desarrollo motor, afectivo, social y cognitivo. Durante este período en el cerebro se fragua quiénes podemos llegar a ser. Aquí residen las emociones, las creencias e impulsos, además de las funciones cognitivas, como la comprensión, la memoria y la atención. Como consecuencia de esto, tendremos niños que transitan con la autonomía necesaria desde esa educación parvularia al mundo escolar con un sólido nivel de desarrollo integral, desplegando así sus potencialidades.

El segundo rol que nos corresponde es a través de la investigación, razón por la cual apoyamos estas instancias para proveer validez científica a los conocimientos que se deben manejar.

La investigación en Educación Parvularia debiera responder, además, a diversas iniciativas en relación con la implementación curricular (BCEP, MBE EP), carrera docente, estándares de Formación Inicial y de Desempeño y Política de Aseguramiento de la Calidad. Asimismo, resguardar aspectos como la transversalidad y trayectoria en el nivel, el juego como principal estrategia de aprendizaje, la inclusión como derecho fundamental a la educación, siendo un aporte fehaciente a la política pública que orienta el nivel, desde la formación inicial como continua para su transferencia efectiva en los aprendizajes de niños y niñas.

Tenemos la responsabilidad y oportunidad de instalar a la educación parvularia en el lugar que se merece, como una carrera de primer nivel. Son los educadores de párvulo quienes pueden llevar a nuestro país hacia el verdadero desarrollo. Nuestro desafío es lograr que la educación parvularia sea una profesión de gran importancia y valorada por la sociedad completa.

María Jesús Honorato,

decana Facultad de Educación Universidad de Las Américas