Andrea Arias Vega

El asesor de la Federación de Trabajadores a Honorarios de La Araucanía, Pablo Tapia, cuestionó la decisión del alcalde de Curarrehue, Abel Painefilo, quien el miércoles de la semana pasada desvinculó a 82 funcionarios a honorarios del municipio, argumentando el cumplimiento del dictamen de Contraloría número E173171N22 del 10 de enero de este año, el cual entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2023.

Según informó la vocera de los trabajadores despedidos y movilizados desde hace tres días, Karla Navarrete, la explicación que recibieron es que "la municipalidad no tiene opciones financieras, jurídicas y administrativas para renovar contrato a la totalidad de los trabajadores notificados".

De esta manera el municipio solo quedó con dos contratas y 41 funcionarios de planta, ya que se interpretó el dictamen en cuestión como el traspaso de todos los honorarios a contrata.

"ES UN ERROR"

Pablo Tapia es un experto en el tema de honorarios, ya que hace unos años se movilizó denunciando la precarización de este tipo de contratos en el sector público. Es gestor sindicalista y fue candidato a constituyente por el distrito 22.

En virtud de ello fue consultado por El Austral respecto de la situación que están viviendo los funcionarios despedidos, lo que ha gatillado gestiones políticas y también de Amra ante la Contraloría y la Subdere.

En opinión de Tapia, quien acota que estuvo en la capacitación del respectivo dictamen que ofreció Contraloría, la decisión tomada por el alcalde de Curarrehue "es errónea" y denota que "actuaron demasiado rápido. En el fondo optaron por la alternativa más loca y sin sentido".

Al respecto, Tapia explica que el dictamen instruye el traspaso a contrata de un tipo de honorarios muy específico del sistema público, refiriéndose a los de "suma alzada", es decir, aquellos cuyas remuneraciones son por cuenta del presupuesto municipal y que además desempeñen funciones en determinados departamentos.

De este modo, al acoger todas estas especificaciones, Tapia argumenta que existe un conjunto de honorarios que están excluidos de este dictamen, como, por ejemplo, los contratados vía convenios, añadiendo además que "existe la alternativa de contratarlos por productos y servicios" para no tener que despedirlos.

GOBIERNO: "MARGINAL"

Como el dictamen de Contraloría alude a toda la administración del Estado, al ser consultado el delegado presidencial, José Montalva, precisó que a priori no deberían haber traspasos significativos, puesto que su impresión es que la cifra de honorarios existente es bastante marginal.

"En las seremis son muy pocos los honorarios porque la mayoría se ha ido convirtiendo según las indicaciones del propio dictamen de Contraloría. Estoy preguntando las cifras, sin embargo, mi impresión es que debería ser marginal", apuntó el delegado presidencial, José Montalva, quien sí reconoció que las complicaciones están en los municipios.

Por último, y entendiendo que los municipios son autónomos, precisó que "en lo que yo pueda colaborar, vamos a estar siempre disponibles".

"En las seremis son muy pocos los honorarios porque la mayoría se ha ido convirtiendo según las indicaciones del propio dictamen de Contraloría".

José Montalva,, delegado presidencial

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Dado que en el marco del dictamen, Amra señaló que la situación "es compleja" y "pareja" para todos los municipios de la Región. El Austral consultó ayer a Temuco y Padre Las Casas por sus honorarios, señalando ambos que las cifras se están levantando. Al respecto se refirió el alcalde de PLC, Mario González, quien dijo que "estamos esperando la respuesta de Interior y también de Contraloría para saber si estos traspasos serán graduales. También estamos esperando la respuesta de la Subdere para saber si efectivamente tendremos recursos dentro del presupuesto de las municipalidades para ir pagando gradualmente estos traspasos de honorarios a contrata. Adicionalmente estamos trabajando junto al Amra en el ámbito local, y con la asociación de municipalidades de Chile a nivel macro, quienes están conversando con los ministerios y al mismo tiempo con la Cámara y el Senado, ya que esta situación nos apremia, aqueja y complica".

Luego de que el ministro de Agricultura confirmara que hay una denuncia por plantaciones de marihuana en el Parque Nacional La Campana, de la región de Valparaíso, sembrándose así la duda respecto de la misma utilización en otras Áreas Silvestres Protegidas (ASP), el diputado Miguel Mellado se reunió con el fiscal regional, Roberto Garrido.

El parlamentario señaló que en la oportunidad abordó con el jefe regional del Ministerio Público la seguridad en los parques de La Araucanía, luego de las tomas y ataques incendiarios, pero también manifestó su preocupación ante posibles plantaciones de marihuana u otras drogas.

"Me preocupa que nuestra naturaleza se convierta en un punto de encuentro del narcotráfico (...) no queremos que nuestros parques nacionales se transformen en una selva colombiana donde la droga se esconde en túneles", explicó el legislador RN.

Asimismo, agregó que "tampoco podemos dejar de lado lo que dijo el fiscal general colombiano, quien expuso que Chile ya está viviendo fenómenos criminales importantes", indicó Mellado, junto con llamar al Gobierno "a presentar con urgencia la agenda contra el crimen organizado", en el marco del actual clima de inseguridad.