En esta época la búsqueda y compra de uniformes escolares es una de las principales preocupaciones de los padres y apoderados. Arraigado fuertemente en nuestro sistema educativo, el uso del uniforme escolar, ha sido objeto de atención por parte de la normativa educativa, expresada en leyes, decretos y circulares dictadas por las autoridades competentes.

El marco general para las materias de convivencia escolar y reglamentos internos está dado, en primer lugar, por los cuerpos normativos de aplicación general, como son la Ley General de Educación (20.370) y la Ley de Inclusión Escolar (20.845). Sin perjuicio de ello, el detalle aplicado a la regulación de uniformes escolares se encuentra principalmente en normas reglamentarias, dictadas al alero de esta legislación.

Principalmente, encontramos aquí el Decreto 215 de 2009 del Ministerio de Educación, que reglamenta el uso de uniformes escolares y la Circular sobre Reglamentos Internos de la Superintendencia de Educación del año 2018.

En ellos, según plantea Rodrigo Castillo, académico de Derecho de la Universidad de Las Américas Sede Concepción, se detalla que el uso obligatorio del uniforme escolar debe estar señalado expresamente en el Reglamento Interno de cada establecimiento, junto con las normas sobre su uso. En caso de que un establecimiento decida el cambio de uniforme que utilizarán los estudiantes, deberá comunicarse a más tardar en el mes de marzo de cada año, y con a lo menos 120 días de anticipación a la fecha en la cual el cambio se hará efectivo.

El incumplimiento del uso del uniforme escolar en ningún caso puede significar que se sancione con la prohibición de ingreso al establecimiento escolar.

Todas estas consideraciones deben tomarse en cuenta al momento de aplicar el uso de los uniformes escolares, el cual debe atenerse, como señaláramos, al respectivo reglamento interno; pero también, en el marco de una normativa más amplia orientada, en lo pertinente, por el Ministerio y la Superintendencia de Educación.

Posterior al 18 de octubre del año 2019, el alza del transporte público pasó a considerarse un tema de mayor relevancia política. Es algo que afecta a la mayoría de los chilenos, sobre todo a quienes lo usan de manera diaria.

Esta realidad ha llevado al gobierno a extender el congelamiento de la tarifa del transporte público, pero solo para quienes viven en la capital. El problema de esta medida es que detrás de ella se esconde una discriminación injusta, es decir, una distinción de trato sin justificación.

¿Es solo la Región Metropolitana la afectada por el alza del transporte? Si a este fenómeno se le agrega la variable de la evasión, la que hasta el día de hoy alcanza alrededor del 40%, la situación para quienes viven en regiones se vuelve aún más desfavorable. Pues además se ven obligados a subvencionar no solo la tarifa congelada, sino que también a quienes usan el transporte en Santiago y deciden no pagar por él.

El caso de la Región de La Araucanía es un ejemplo y en particular se puede observar en comunas como Temuco y Padre Las Casas, donde el valor del pasaje en las micros alcanzó los $750 en tan solo tres años. Es verdad que la explicación del alza radica en la situación económica y en el aumento del valor de los combustibles.

Aunque estos transportes no forman parte del sistema regulado por el Ministerio, esto no imposibilita la realización de políticas públicas efectivas. Por ejemplo, plantear una modificación de la ley Espejo del Transantiago.

Las condiciones del transporte público en Santiago son superiores a las de regiones, con mejor infraestructura, una red de metro y combinaciones gratuitas. ¿Es razonable mantener un trato especial en favor de la Metropolitana?

Es urgente que la descentralización deje de ser un discurso y se materialice en aspectos concretos. Las regiones deben asumir en esta o en otras materias un rol protagónico y que dejen de pagar los desaciertos de la autoridad central. Hay que dejar de consentir solo a la capital.

Jorge Cordero Frigerio

cientista político