contención en cuanto a que no podemos llevar al texto de la Constitución todo lo que soñamos o todo en lo que creemos, sino que aquello en lo que tenemos un acuerdo sustantivo.

-¿Cuáles son los consensos más trascendentes que ya están resueltos?

-Cada comisión resolvió algunos mínimos sobre los cuales se va a seguir construyendo, viendo las críticas, escuchando sobre lo que ya se ha construido e incorporando nuevas materias. Por ejemplo, en la comisión de sistema político, que integro y que preside Juan José Ossa, alcanzamos algunos acuerdos sustanciales en modificaciones al sistema político dentro del régimen presidencial. Por ejemplo, nos hemos enfocado en fortalecer la gobernabilidad que creemos que hace algunos gobiernos está deteriorada. En segundo lugar, mejorar la coordinación entre el Congreso y La Moneda, dando más fuerza al sistema de partidos, reduciendo la fragmentación y fortaleciendo la disciplina partidaria. Esos son acuerdos sobre un diagnóstico compartido por muchos hoy en Chile. Lo mismo en representación y participación ciudadana. Por primera vez hay una propuesta de un capítulo nuevo sobre representación y participación ciudadana, que lo que hace es fortalecer el rol mediador de los partidos políticos, y por otro generar mecanismos de participación ciudadana.

-¿No cree que se ve feo que los partidos políticos los eligen a ustedes y luego ustedes potencian a los partidos?

-No, hoy día hay una convicción clara, no sólo en la política, sino que en todos aquellos que analizan la gobernabilidad, en Chile y el mundo, de la necesidad de fortalecer el sistema de partidos para que sea la columna vertebral de la democracia, y eso es un llamado de todas las democracias en el mundo. Entonces, para eso es que hay una serie de mecanismos que no se inventan acá, sino que existen en otras partes del mundo que permiten aumentar la gobernabilidad por la vía de un sistema de partidos. Por ejemplo, la existencia de los umbrales, es decir, que los partidos que llegan al Congreso tengan un porcentaje de apoyo ciudadano mínimo y no puedan ser verdaderas pymes de la política.

-Los partidos políticos son responsables también hoy de la mala imagen de la política. No basta con que la Constitución los fortalezca, sino que ellos también deben estar a la altura, ¿o no?

-Nadie quiere volver a democracias que sean exclusivamente de partidos, como lo fueron durante el siglo XX. Vivimos en una época distinta en la que los partidos no solo en Chile sino que en el mundo, están sometidos a un severo escrutinio, pero eso no implica que podamos olvidarnos o no hacer lo posible por fortalecer un sistema de partidos y hacerlo más flexible, más moderno y transparente, que esté con la ciudadanía; porque en definitiva no hay democracia sana sin sistema de partidos.

-¿Hay algún ejemplo a seguir en el mundo?

-No hay una bala de plata ni un lugar que queramos copiar porque todas las reglas constitucionales deben adaptarse a la cultura política chilena. Pero sí me parece la idea de umbrales que tomamos de Alemania; la idea de una elección parlamentaria en la segunda vuelta que permita formar coaliciones que tomamos de Francia, y otra serie de ideas que tomamos de diversas partes del mundo que han sido examinadas antes en Chile, que no son cuestiones que salen de un sombrero, sino que han sido debatidas. La Constitución por sí misma no va a resolver los problemas de la política. Pero la Constitución puede contribuir con sus reglas a que los políticos ante la ciudadanía vean este desafío con nuevos ojos, a fin de que todos finalmente contribuyamos a que nuestra democracia, que tiene desafíos grandes, pueda por fin entrar en un perfeccionamiento.

-Los equilibrios del poder son fundamentales para la estabilidad. ¿Cuáles son los ajustes que consolidan estos equilibrios?

-Hicimos algunas modificaciones a fin de distribuir mejor de alguna forma el poder. Y también entregarles nuevos poderes a la Cámara y al Senado. Y en ese sentido nuestro objetivo principal fue lograr mejor coordinación entre ambos poderes evitando o canalizando los conflictos. Pusimos cambios en las urgencias, donde permitimos, como en la Constitución del 25, que el Congreso califique las urgencias, pero a la vez para ciertos proyectos muy especiales del Ejecutivo, creamos la llamada agenda prioritaria, que permite que no más de tres proyectos al año deban ser discutidos durante ese año para grandes reformas que siempre tienen los gobiernos.

-¿Interpelaciones y acusaciones constitucionales también entran? Está claro que los partidos han exagerado con ellas.

-Nosotros en la subcomisión miramos muy críticamente el mal uso que se ha dado a estas herramientas hace un buen número de años, porque se les ha utilizado para hacer valer responsabilidades políticas y no como en teoría en el texto dice, que son para hacer valer una responsabilidad constitucional, una sanción.

-De gestión.

-Eso, por eso proponemos crear un nuevo mecanismo que podría ser interpelación 2.0, que es un mecanismo de control de la gestión de un ministro que lo que busca es canalizar por esa vía los cuestionamientos políticos a los ministros y no mal usar la acusación constitucional bajo el supuesto de una vulneración grave de normas constitucionales.

-El anterior proceso se caracterizó por un gran protagonismo de temas indígenas, incluso se le etiquetó como indigenista. Ahora no se ha escuchado mucho del tema.

-Ha habido discusiones sobre distintas materias vinculadas con los pueblos indígenas. De hecho, la Comisión 3 incorporó una norma de reconocimiento de los pueblos indígenas.

-¿Sólo reconocimiento? ¿No es irse al otro extremo?

-Hay un primer reconocimiento en esta primera etapa. Quedan dos meses y de seguro volverán a discutirse temas vinculados con derechos indígenas. Lo que hemos avanzado en estas dos semanas no significa que esto acabe aquí, sino que es un primer paso, un esqueleto, un primer tiempo. Vamos a seguir debatiendo, por tanto, si alguien extraña algún tema, alguna materia, no es que no estará presente.

-La definición de estado social es algo que se mantiene del borrador rechazado. ¿Puede conversar esa definición con la de un estado subsidiario?

-Son discusiones algo abstractas, pero importantes, que solo aterrizan en los desafíos que tiene el país con la ciudadanía a través de leyes y políticas públicas especiales. Con todo, es necesario decir que el texto de la Comisión 3 incorpora que Chile se organiza como un estado social y democrático de derecho y con eso entra en línea con un concepto que nace del derecho constitucional después de la Segunda Guerra Mundial, pero que convive a mi juicio muy bien con una tradición constitucional chilena vigente en la actual Constitución, que pone énfasis en el respeto a las asociaciones, a la protección de sus propios fines, y a que finalmente el estado social no es puro estatismo, sino que es colaboración entre los desafíos del Estado y aquellos que puedan hacer también las asociaciones. Eso que en el Chile de los 80 se llamó subsidiareidad y que tenía una expresión política de estado mínimo, la verdad es que en abstracto es un llamado tanto a la sociedad civil como a los órganos públicos a colaborar con el bien común. A mí me parece que es perfectamente compatible con nuestra propia tradición de la idea de estado social de derecho que queda muy bien abordada en el capítulo primero y que es una forma de mostrar respeto por la tradición y el cambio. Es decir, continuidad y novedad, que es siempre el desafío de los procesos constitucionales. No pura refundación, sino que también tradición.

-A uno le hablan de Estado social y de inmediato piensa en los países nórdicos, con salud y educación gratis, todos en bicicleta…

-Es importante decir que las cláusulas de estado social de derecho no solo están en las constituciones de Alemania, Italia, y los países nórdicos, sino que también en Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador…entonces, la cláusula admite muchas cosas, por eso más que enamorarnos de un conjunto de palabras, yo creo que tenemos que llenar de contenido esa cláusula para que el Estado de mañana sea un Estado que convoque a satisfacer los desafíos de los chilenos, no sólo a los órganos estatales, sino que también a la sociedad civil.

-¿Han pensado una salida en caso de que la población vuelva a rechazar?

-Nuestra única tarea es presentarle un anteproyecto de nueva Constitución al Consejo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo posible por elaborar el mejor anteproyecto posible con el mayor consenso posible. Ese es nuestro gran deber. Pienso que nuestro actuar tiene que estar inspirado no tanto por lo que vaya a producirse en diciembre, sino por lo que hoy son nuestros desafíos para redactar cláusulas que no pretendan solucionar todos nuestros problemas, que no pretendan abordar todas las preocupaciones de los chilenos, sino que pretendan simplemente escribir una ley fundamental, lo básico, para que el Consejo a partir de junio discuta y delibere.

-¿Qué tanto margen para hacer cambios o agregar temas tendrán los consejeros?

-El 7 de mayo es un día muy importante porque es la elección de los consejeros y quienes tienen lápiz, goma, destacador y tijera, son ellos. Nosotros tenemos solo lápiz, con el que escribimos un anteproyecto y lo entregamos el 7 de junio para que ellos lo trabajen, lo cambien, lo mejoren, lo perfeccionen, eliminen o incorporen nuevos temas. Por lo tanto, quienes en realidad tienen la decisión final son los consejeros electos por los chilenos y chilenas.

Soto dice que la única tarea de la comisión de expertos "es presentarle un anteproyecto" al Consejo que se elegirá en mayo.

"Hay una convicción clara, no sólo en la política, de la necesidad de fortalecer el sistema de partidos para que sea la columna vertebral de la democracia, y eso es un llamado de todas las democracias en el mundo".

"Eso que en el Chile de los 80 se llamó subsidiareidad y que tenía una expresión política de estado mínimo, la verdad es que en abstracto es un llamado tanto a la sociedad civil como a los órganos públicos a colaborar con el bien común".