El llamado urgente por ayuda presentado, una y otra vez, por la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) que trabaja en la Macrozona Sur para poder moverse con tranquilidad tuvo un giro inesperado, recientemente. Hace pocos días la Organización Internacional del Trabajo, OIT, declaró admisible la reclamación presentada contra el Estado de Chile por incumplimiento del Convenio 187 y le dio plazo a nuestro país hasta el 11 de junio para responder y presentar sus descargos.

Desde la entidad en reclamación, el gerente de la Acoforag, René Muñoz, afirma que el convenio es bastante claro en su articulado y exige al Estado dar garantías a los trabajadores y trabajadoras, las que no se estarían cumpliendo, y no solo para quienes se desenvuelven a diario en el ámbito forestal.

En particular, el artículo número 3 del Convenio 187 de la OIT expresa textualmente que: "todo miembro deberá promover un ambiente de trabajo seguro y saludable mediante la elaboración de una política nacional; y deberá promover e impulsar, en todos los niveles pertinentes, el derecho de los trabajadores a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable".

De acuerdo a la información histórica entregada por la asociación, la afectación al sector forestal se expresa en 447 atentados incendiarios ocurridos desde enero de 2014 a la fecha, hechos concentrados especialmente en la macrozona sur, cifra que colisiona con los datos oficiales, pero que es parte de sus argumentos.

Hoy, explica Muñoz, existe una instancia previa que podría resolver la reclamación antes de la fecha límite. Para ello la OIT propuso un comité tripartito, sin embargo, hasta ahora - comenta el dirigente - no hay señales de que esto pudiese ocurrir porque no ha habido comunicación alguna con ellos desde el Gobierno.

DESOÍDOS

- ¿Las cifras que ustedes plantean - 447 atentados desde 2014 - tuvieron un peso muy importante en esta reclamación?

- Las cifras son una realidad. Nosotros no inventamos nada. Las delegaciones regionales dicen que no se ajustan la realidad, pero esto es lo que nos ha ocurrido desde 2014 a la fecha producto de los atentados.

- ¿Qué tan inédito es este reclamo?

- Nosotros no tenemos noción de que en Chile haya existido un reclamo en función del no cumplimiento del Convenio 187, que dice relación con generar la prevención con un sistema que vaya produciendo ambientes seguros y saludables para la vida del trabajador. Ese es el concepto que establece este convenio. Uno siempre escucha mencionar el 169, a propósito de la reivindicación mapuche. Pero este es mucho más desconocido. Nos costó llegar a él. Felizmente, dimos en el clavo y creemos que aquí el Estado es el que tiene que preocuparse de generar estos ambientes saludables, mediante políticas nacionales de seguridad acompañadas de las medidas necesarias para que ello se cumpla.

- Usted ha dicho que esta reclamación no es contra un gobierno, sino contra el Estado de Chile. Respecto de lo que les aqueja, ¿se sienten desoídos o abandonados por parte del país?

- Nos sentimos desoídos y abandonados. Absolutamente. Aquí el problema de los trabajadores forestales se arrastra hace mucho tiempo y se podría incluir en esto también a los comerciantes, a los que trabajan en el turismo y a los agricultores, porque a todos afecta esta situación; pero nosotros lo hemos canalizado a través de nuestra asociación y creemos que estamos haciendo lo correcto. Y es efectivo, nosotros no estamos contra el Gobierno, porque este es un problema de Estado y cuando uno habla de Estado es algo más grande; y es algo que tiene que ser solucionado a través de políticas claras. Para ello van a tener que ponerse de acuerdo en este gobierno, porque le tocará asumir. Lo que esperamos es que nos llamen, primero que nada, para que expliquemos lo que significa esta reclamación y podamos avanzar para trabajar.

QUE SE ENTIENDA

- Chile tiene plazo hasta junio para responder, ¿qué esperan que suceda?

- Lo primero que esperamos es que el Gobierno entienda que es no es un problema del Gobierno sino global, es del Estado. Nosotros planteamos en el mismo reclamo una alternativa de conciliación, porque queremos que esto se resuelva y esto se tiene que conversar. Para esa conciliación entendemos que la OIT ya notificó al Gobierno. Esperamos que alguien nos llame; hasta el momento eso no ha ocurrido. Nosotros creemos que es necesario sentarse a conversar para ver cómo llegamos a un acuerdo razonable en términos de que los trabajadores forestales puedan desarrollar sus labores. Si nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, sólo estamos pidiendo que nos dejen trabajar, porque hoy la condición no es segura. Una faena forestal es atacada en cualquier momento y los trabajadores son golpeados, les queman sus equipos de trabajo, sus pertenencias personales y son humillados. O sea, son condiciones contrarias a las que plantea el Convenio 187 de la OIT.

- ¿De qué manera la respuesta del Estado podría darles garantías de que esta no será una mesa más de trabajo? ¿Qué podría hacer la diferencia?

- Nosotros tenemos experiencia en exigir mejores condiciones. De hecho, ganamos dos recursos de protección en la Corte Suprema respecto del problema de seguridad en La Araucanía y Biobío. Y ¿cuál fue el resultado? Obtuvimos tres reuniones en La Araucanía y una en el Biobío y nunca más supimos de una mesa de trabajo. Lo que queremos plantear es eso, queremos que, a pesar que hay fallos judiciales de la Suprema que no se han cumplido, creemos que como el reclamo tomó un carácter internacional, hoy, tenemos más herramientas publicitarias a nuestro favor para hacer que la conversación funcione, porque el no cumplimiento se sabría y el Estado corre un riesgo, porque podría ser amonestado, recibir una recomendación e incluso corre el riesgo de ser expulsado del convenio, con todo lo que significa el prestigio internacional de un país como Chile, que se dice en vías de desarrollo, al verse expuesto por no cumplir los convenios. Ese es el pie distinto que tenemos hoy.

"El problema de los trabajadores forestales se arrastra hace mucho tiempo y se podría incluir en esto también a los comerciantes, a los que trabajan en el turismo y a los agricultores, porque a todos afecta esta situación".

"Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, sólo estamos pidiendo que nos dejen trabajar, porque hoy la condición no es segura. Una faena forestal es atacada en cualquier momento y los trabajadores son golpeados, les queman sus equipos de trabajo, sus pertenencias personales y son humillados".