Fiscalía investiga el financiamiento de grupos violentos mediante extorsiones
ANÁLISIS. Jefe del Ministerio Público en La Araucanía estima que los resultados investigativos motivarán incremento de denuncias.
La Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó que se está investigando el vínculo entre los casos de extorsiones, en zonas rurales, con el financiamiento de los grupos violentistas que cometen atentados.
Así lo reconoció el fiscal regional, Roberto Garrido, quien explicó que existe una línea investigativa -a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad- en la que se está "tirando del hilo" que lleve a establecer fehacientemente en dónde termina el dinero solicitado por personas que extorsionan, mediante amenazas e intimidaciones, a agricultores y empresarios o trabajadores forestales.
"Es una vía que tenemos que atacar, porque es lo que permite hacer ingresar una importante cantidad de recursos a los grupos radicales", enfatizó el fiscal Garrido.
Cifra negra
El fiscal regional explicó que las extorsiones son un delito que se sabe que ocurre desde hace años en las zonas rurales de la Región, sin embargo, en el último tiempo se comenzó a enfrentar mediante una "estrategia específica" dedicada a identificar a las personas que lideran los amedrentamientos y chantajes, para que al mismo tiempo se pueda corroborar si los dineros pedidos terminan siendo usados para la adquisición de elementos que son utilizados para la comisión de ataques incendiarios por parte de grupos radicalizados.
"El objetivo de atacar este fenómeno delictual tiene relación con bloquear las vías de financiamiento de los grupos radicales. Este financiamiento, que se obtiene para las actividades violentas, no solo deriva del robo de madera, el robo de vehículos y el tráfico de drogas, sino también de las amenazas que se realizan en contra de empresarios y trabajadores del rubro forestal o agrícola (...) Estamos persiguiendo estas acciones, identificando a las personas que están detrás de ellas y que han recibido los beneficios económicos, que no son menores, y que permiten mantener a estos grupos que son más radicales", informó el fiscal Roberto Garrido.
El jefe regional del Ministerio Público en La Araucanía admitió que si bien el dinero de las extorsiones podría estar financiando a los grupos violentistas desde hace "varios años", lo importante es acreditar aquello ahora y formalizar a los involucrados por los delitos que correspondan.
El persecutor también advirtió que hay "una cantidad de situaciones" de este tipo que no se denuncian, por lo que dijo que el desafío es que "las instituciones del Estado, incluyendo la Fiscalía, transmitan las confianzas necesarias para que las víctimas puedan denunciar".
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"Es deber del Estado, y de la Fiscalía disminuir esa cifra negra, poder transmitir las confianzas necesarias y otorgar la protección a las personas que se atreven a denunciar este tipo de casos de extorsión". Roberto Garrido, fiscal regional
18 millones de pesos fue lo que le pidió un dirigente mapuche de Lautaro a la dueña de un fundo para que pudiera talar un bosque.
5 millones le pidieron tres integrantes de una comunidad mapuche a un agricultor para no quemar su siembra de trigo, en Lautaro.