Luego de que el Gobierno presentara el martes en la noche el proyecto de ley corta de isapres para buscar una salida a la crisis de las aseguradoras de salud privada, la Superintendencia del ramo informó ayer que la cifra que se adeuda a los cotizantes supera los 1.400 millones de dólares y anunció que pedirá una prórroga a la Corte Suprema del plazo para que se cumpla con este pago y la aplicación de la tabla de factores de 2019.

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, expusieron ayer el superintendente de Salud, Víctor Torres, y la ministra Ximena Aguilera, quien detalló los principales lineamientos de la iniciativa: se da un plazo de seis meses a las isapres para confeccionar un plan de pago de los montos que deberán restituir, el cual posteriormente será analizado por una comisión experta y luego aprobado o rechazado por la Superintendencia.

Luego fue el turno a Torres, quien sostuvo que se analizaron 1.886.015 contratos, de los cuales 725.878 serían beneficiarios de alguna devolución tras la adecuación a la tabla única de factores -equivalente al 39%-, por un monto total de 1.121.615.765.15 de pesos (un billón y fracción), es decir, más de 1.400 millones de dólares, tal como se había informado hace un par de meses.

El la oportunidad, el regulador también comentó que los ingresos futuros del sistema de isapres tendrán una disminución promedio de 6% de sus ingresos mensuales, producto del efecto de la aplicación de la tabla de factores vigentes desde abril de 2020 a todos los contratos. Esto, según el Gobierno, implicará que cerca de 600 mil afiliados vean rebajas promedio de 50 mil pesos mensuales en sus planes de salud.

Prórroga

Se prevé que este proyecto de ley, que ingresó con urgencia simple, no vea la luz antes del 30 de mayo, fecha en que vence el plazo de seis meses dado a la Superintendencia de Salud por parte de la Corte Suprema.

Debido a lo anterior, el superintendente Torres aseguró que "entendiendo que hay un elemento de juicio importante nuevo, que es la presentación de este proyecto de ley, entendemos que lo más óptimo es requerir este nuevo plazo, de manera que el Congreso pueda debatir este proyecto de ley y no que esté contra el tiempo de lo que originalmente había dictaminado la corte".

Esta extensión sería, explicó Torres, por "seis meses, pero obviamente si la ley sale antes esto se cumple antes de esos seis meses".

Ante este nuevo escenario, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), expresó que "mi impresión es que no va a bastar la celeridad, lo que basta es el contenido de lo que tiene que ser rápido. Este proyecto no tiene asegurada la solución, eso es lo que más me inquieta a mí; se puede despachar, pero se va a poder despachar algo que no resuelve el problema de fondo que se ha planteado y que ha tenido con mucha preocupación a millones de personas".

El presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS), se mostró optimista respecto de encontrar una solución: "En la medida que haya un tiempo razonable donde la obligación de pago se defina muy bien y haya un plazo de devolución razonable, podría hacer que el sistema se sostenga financieramente. Le recomiendo a la gente no hacer movimientos todavía. Sugiero calma. En 2 o 3 meses debería estar más despejado el panorama y las reglas del juego".

El Partido Republicano celebró ayer un cónclave en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso, con la finalidad de fijar sus propuestas para el proceso constituyente, en el cual cuentan con la mayoría de consejeros: tras la elección del domingo 23 representantes de la colectividad estarán en el órgano de un total de 51 integrantes.

Esta reunión de los consejeros con la directiva de la colectividad tiene por objetivo trazar la hoja de ruta para la redacción de la nueva Constitución, definir los roles en la vocería, el liderazgo y unificar la bajada comunicacional.

La cita estuvo marcada por las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, quien cuestionó las 12 bases que fueron fijadas en el Acuerdo por Chile, que habilitó este segundo camino para elaborar una nueva Constitución, al que Republicanos no concurrió con su firma.

En conversación con Emol TV, el jefe de campaña de los consejeros, Martín Arrau, contradijo al legislador: "El Partido Republicano se caracteriza por ser respetuoso de la institucionalidad y la forma, y nosotros respetamos las leyes, las normas constitucionales, el artículo donde están esos 12 bordes es una norma constitucional y la vamos a respetar".

"Si la posición del partido fuera no respetar una norma, una ley, yo no estaría en el Partido Republicano. Hay que entender que el respeto institucional es algo que nos caracteriza, y en ese sentido, quiero calmar un poco el tono sobre todo de las declaraciones para que podamos trabajar como Chile demanda, merece, de manera urgente", resaltó.

Tocaciones

Al cierre de esta edición se conoció que Aldo Sanhueza Carrera, recién electo consejero constituyente por la región del Biobío, renunció al Partido Republicano tras reconocer que no informó a la tienda sobre una acusación de abuso sexual en su contra de 2019.

Sanhueza fue acusado de tocar los genitales de una mujer sin su consentimiento durante un viaje en bus a Concepción, trayecto que el reconoce, aunque el pasado 4 de mayo publicó en sus redes sociales que no cometió ningún "acto inapropiado".