Hace unos días comenzó a regir la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que no sólo establece un mecanismo de pago permanente para la o las deudas de pensiones de alimentos con cada uno de los hijos de la persona deudora, sino que además introduce al Estado como el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros documentos financieros de quienes poseen deudas, mejorando así el acceso a esta información.

La nueva norma establece que la persona a cargo de los niños a quienes se les adeuda el pago de la pensión tendrá que solicitar la retención de los fondos desde las cuentas bancarias o de otros instrumentos financieros y/o de inversión de la persona que debe a través del sitio web del Poder Judicial.

Además, en los casos en que no exista conocimiento de las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros, se procederá a aplicar el procedimiento especial.

Este es el punto clave de la normativa, ya que es entonces cuando el tribunal de familia deberá investigar cuál es el patrimonio que posee la persona deudora. Una vez que se pueda determinar si existen fondos, se ordenará a las entidades financieras que informen sobre los saldos y movimientos de las cuentas. Después de eso, el tribunal de familia ordenará, mediante resolución, el pago de la deuda y para asegurar que no haya posibles movimientos de los dineros detectados dictará una medida cautelar de retención de los mismos. La autoridad llamó a quienes aún no tramitan sus causas y solicita que se acerquen a la Corporación de Asistencia Judicial para obtener la ayuda necesaria para iniciar las demandas respectivas que permitan aprobar el cobro de las pensiones.

No hay evidencia más contundente de que en la Macrozona Sur de Chile existe terrorismo, que los siete mil ataques que se han registrado en esta parte del país desde 2017 a la fecha, y que como nación nos ubicamos en el lugar 17 del Indice Global de Terrorismo, superados sólo por Colombia en la región.

Sin embargo, para las actuales autoridades de gobierno, lo que hay es más bien violencia rural o común, como suelen llamarla. Es cierto que el Presidente Boric reconoció tibiamente la existencia de "actos terroristas" en su visita a La Araucanía en noviembre pasado, pero Eso no es suficiente para enfrentar este grave problema.

La pregunta natural que surge ante esta negativa de parte del oficialismo de reconocer que en la Macrozona Sur hay terrorismo es ¿por qué se niegan a admitir algo que para la gran mayoría de los chilenos y para reputados organismos internacionales es más que evidente? ¿Qué se esconde detrás de esa incapacidad para asumir este tema en su verdadera dimensión y alcance?

Una mirada benevolente podría centrarse en que las actuales autoridades de gobierno tienen miedo de referirse a la violencia que se registra en la zona como terrorismo por temor a represalias o que los atentados se incrementen ante una postura más firme del Estado en contra de las orgánicas radicales. No obstante, pensar que se debe a este motivo es más bien ingenuo, considerando que quienes están hoy en La Moneda tenían claro que deberían enfrentar este asunto previo a que asumieran sus cargos y que tendrían la responsabilidad de hacerse cargo de este. Porque si una persona o grupo que postula para asumir la conducción del país, lo hace con miedo, mejor que no lo haga, ya que no podrá desempeñar adecuadamente las funciones para las que son elegidos.

No descarto que algo de lo anterior puede haber, pero a mi parecer, lo que se ajusta más a la realidad de lo que ocurre y explica esta situación, es que una parte importante de los dirigentes que hoy gobiernan tienen una profunda afinidad ideológica con las orgánicas radicales y sus supuestas reivindicaciones históricas, que los lleva a ser más laxos al momento de adoptar decisiones de confrontar a estos grupos. Si hasta el propio Presidente estuvo presente en alguna oportunidad en Temucuicui, y cuando el oficialismo era oposición, muchos de sus integrantes se referían a esa zona del país como "Wallmapu".

Afinidad que queda muy en evidencia cuando uno empieza a escudriñar en declaraciones de prensa pasadas y en redes sociales de aquellos que hoy están instalados en el Palacio de gobierno, quienes desde que asumieron hace más de un año se han visto obligados a modificar su discurso obligada por las circunstancias de los hechos, pero es claro que esa afinidad se mantiene en muchos casos como una convicción, salvo que en la actualidad no lo pueden expresar públicamente.

El estado de situación no da para que el gobierno mantenga un discurso a favor de enfrentar a estos grupos radicales, pero con la firme decisión de no reconocer que son orgánicas terroristas. Mientras eso no ocurra, el problema se seguirá agravando.

Carmen Gloria Aravena,