Establecer un salario mínimo parece razonable y así asegurar a todo trabajador un ingreso que le permita tener un nivel básico de bienestar económico. Es difícil estar en contra de subirlo cada vez que se pueda. No parece una gran cifra hablar de 500.000 pesos mensuales y es de esperar que todas las empresas paguen un salario por sobre ese nivel.

Sin embargo, su fijación puede significar una presión importante para los costos de las pequeñas empresas. En efecto, es probable que a las grandes empresas que facturan cientos o miles de millones de dólares y perciben grandes utilidades, un aumento a este monto resulte mucho menos relevante. Probablemente, dichas empresas, en la lucha por conseguir a los mejores colaboradores, estén pagando salarios por sobre ese nivel.

En cambio, para las pequeñas empresas y sus dueños que viven de su trabajo y del que realizan algunos colaboradores, que reciben utilidades muy ajustadas y quieren crecer en mercados muy competitivos, puede significar una diferencia importante, ya que este aumento de salario mínimo, unido al potencial aumento de la cotización previsional para las pensiones, la alta inflación que está impactando a los insumos de producción, el posible aumento de impuestos y las proyecciones económicas poco alentadoras, puede afectar su rentabilidad, obligando a subir los precios o a reducir el número de colaboradores, generando desempleo.

Claro que es popular subirlo, incluso podríamos decir ¿por qué no subirlo a 1 millón de pesos? Sería muy atractivo, pero probablemente produciría efectos negativos para la economía. Está claro que, producto de la alta inflación, se ha perdido una importante cuota del poder adquisitivo de los salarios y es importante recoger dicha realidad y dar apoyo a los trabajadores y trabajadoras, dentro de lo razonable y teniendo presente el necesario crecimiento económico.

Sin embargo, es muy necesario ser prudentes con el salario mínimo. Hemos visto un aumento sostenido del desempleo en los últimos meses y la presión sobre los costos de los actores más pequeños del empresariado puede terminar perjudicando justamente a aquellos que se busca beneficiar.

Cristián Duarte,

gerente general de Transearch

exdirector nacional de la Bolsa Nacional de Empleo

Los accidentes de tránsito en nuestro país son la primera causa externa de muerte en niños de 1 a 14 años. Por eso, en marzo de 2017 entró en vigencia la reforma a la ley de tránsito que estableció medidas de seguridad para el traslado de niños en vehículos particulares. A partir de entonces, los menores de 9 años deben viajar con un sistema de retención infantil y sólo podrán ir en el asiento del copiloto los mayores de 12 años.

Al disponerse el traslado de los menores a los asientos traseros y el uso de una silla de seguridad cuando corresponda, las autoridades consideraron que los airbags no están diseñados para niños, sino que para adultos. Por ende, estos no los protegerían en caso de accidente, por lo que llevarlos en la parte posterior reduce la posibilidad de un desenlace fatal. De hecho, desde que está vigente esta legislación se han reducido un 51% los menores fallecidos en siniestros de tránsito.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el uso de sillas para niños y niñas puede reducir entre un 50% y un 80% las lesiones mortales y graves de bebés y niños ante un accidente vial. Por ello, este sistema de retención se convierte en algo indispensable para la seguridad de los menores.

Se debe considerar además que en las horas peak el flujo vehicular se incrementa, provocando retrasos, lo que obliga a planificar la ruta diaria, evitando también hacer maniobras arriesgadas. Interesa por sobre todo la vida de las personas y en especial de los menores.

El cinturón y la silla de seguridad ayudan a salvar vidas, lo que está comprobado con investigaciones que se han realizado en todo el mundo. Una cosa es fiscalizar, pero también debe existir el hábito de las personas para velar por su propia seguridad y la de sus hijos.