En el marco del debate sobre el proyecto de ley de usurpaciones en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Nacional, la Multigremial de La Araucanía y diversas organizaciones que representan a las víctimas de usurpaciones, han hecho un llamado urgente a los legisladores para que no cedan ante la indicación propuesta por el Gobierno.
Dicha indicación presentada por el Ejecutivo busca reducir significativamente las penas por usurpación, limitando las sanciones a meras multas en casos de ocupaciones no violentas y eliminando el privilegio de la legítima defensa. Sin embargo, la Multigremial de La Araucanía y las víctimas de usurpaciones consideran que estas medidas debilitan la protección de los derechos de las personas afectadas.
Carta abierta
En una carta abierta dirigida a los miembros del Congreso Nacional, los firmantes expresan su preocupación ante la posibilidad de que se aprueben estas modificaciones que, a su juicio, pondrían en riesgo la seguridad y justicia de las familias que han sufrido el despojo de sus propiedades. "¿Acaso el Gobierno está más interesado en proteger a los agresores que en salvaguardar los derechos de aquellos que han sido despojados de sus propiedades por la fuerza? Parece que sí", cuestionan.
Alarmante cifra
En la misiva, los representantes de la Multigremial de La Araucanía destacaron el alarmante número de usurpaciones registradas en la Región durante los últimos años: son más de 630 casos reportados entre 2018 y 2022. Estos datos refuerzan la necesidad de tomar medidas efectivas para proteger a las víctimas y garantizar su seguridad.
"Permítannos transmitirles también el dolor profundo que hemos experimentado al ser desplazados de nuestras propiedades. Nuestros hogares, nuestras tierras y nuestros sueños han sido arrebatados sin piedad por aquellos que no respetan el imperio de la ley. La usurpación es un acto de violencia que no solo afecta nuestra estabilidad económica, sino que también socava nuestra tranquilidad emocional y nuestra fe en un sistema que debería protegernos", advierten.
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"Ceder a las indicaciones del Gobierno sería darles la espalda a las víctimas, a cientos de familias que viven pacíficamente".
Carta abierta dirigida, al Congreso