Ley Antiterrorista
Recientemente el Presidente Boric abrió espacio para (re)iniciar la discusión respecto de la Ley 18.314, sobre conductas antiterroristas, a fin de instar por su modernización y eficacia. De concretarse, permitirá retomar una discusión a nivel legislativo. Cabe destacar que varias propuestas se han conocido en esta materia -la última es de fines de 2022-, pero no han avanzado en el Congreso por carecer de los votos necesarios.
Quienes pregonan que la tipificación es falente, que es dificultoso probar el especial ánimo de comisión, entre otras objeciones, compelen a ocuparse de su ajuste. Así sucede generalmente con toda clase de leyes que con el tiempo y su aplicación presentan insatisfacción para proteger el bien jurídico pertinente.
La Ley 18.314 ha tenido resultados de dulce y agraz como cualquier otra. Pero es un hecho cierto que hay sentencias judiciales aplicándola. Algunos ejemplos: incendio terrorista fundo Poluco-Pidenco (fallo 22/08/2004), asentando que "las acciones desplegadas (…) evidencian que la forma, métodos y estrategias empleadas, tenían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona"; e incendios y atentado contra fiscal (fallo 22/03/2011) expresa: "En un período que incluyó desde 1999, se detalló la ocurrencia de un total de 27 incendios intencionales, … lo cual denota que (…) por medio del hostigamiento, la agresión y el miedo que genera el fuego como instrumento de ataque, pretenden lograr que los dueños de determinadas extensiones de terreno, las abandonen…".
De lo anterior se puede colegir que la Ley 18.314 es ley vigente, ha sido aplicada y como toda legislación puede y debe mejorarse, atendiendo a factores técnicos y de política criminal.
Francisco Ljubetic, vicedecano de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma, exfiscal de La Araucanía
La desinformación, un desafío de todos
La desinformación nos está poniendo nuevos desafíos como sociedad. Si bien en sus inicios este flagelo se centraba en la búsqueda de ilegítimos beneficios económicos de algunos o en la posibilidad de afectar la honra de las personas e instituciones, hoy en el mundo está siendo utilizada como herramienta para amenazar las democracias sanas, ayudando a la proliferación de gobiernos populistas de todos los signos políticos y sostén de regímenes autocráticos, a través de la manipulación para crear temor y desconfianza. Frente a esto, en distintos países la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y en algunos casos las entidades públicas, han explorado caminos para diagnosticar y luchar contra este mal.
La desinformación no se puede enfrentar con herramientas jurídicas que vulneren un derecho humano como es la libertad de expresión, a través de leyes que apunten al establecimiento de una verdad oficial o iniciativas que busquen un mayor control estatal sobre la información. Las herramientas más eficaces y respetuosas de la libertad van por el camino de la educación, del chequeo de datos y de que los mismos lectores asuman un rol más activo y responsable en esta labor.
Recientemente el Gobierno anunció la creación de una "Comisión Asesora Contra la Desinformación" dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y encabezada por la titular de esa cartera, Aisén Etcheberry Escudero. Esa definición hace suponer que se abordará el fenómeno de la desinformación desde la educación y de los avances tecnológicos, que es de donde provienen los mayores desafíos en esta materia. Desde la Asociación Nacional de la Prensa vamos a colaborar con esa instancia si el objetivo es avanzar en esa dirección, como se lo manifestamos al gobierno.
E igualmente, estaremos atentos a cualquier deriva hacia la utilización del flagelo de la desinformación para conseguir mayores controles sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación, como lo fue el controvertido proyecto "Más Voces", que impulsó hace un tiempo el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) bajo la consigna de promover el pluralismo en los medios de comunicación. Una sociedad democrática se sustenta, entre otras cosas, en que ningún gobierno, con la excusa de proteger a la población, pueda erigir sus ideas como verdades únicas, restringiendo, con su poder, otras expresiones y opiniones.
Juan Jaime Díaz Cauquelin, presidente Asociación Nacional de la Prensa (ANP)
