Discapacidad sin apellidos
La Calidad de Vida (CdV) es el norte para quienes trabajamos con personas con discapacidad (PcD), razón por la que concentramos nuestro quehacer buscando aportar a su mejora. Sin embargo, nuestro campo de acción es limitado. Por ello, cada persona debe aportar lo suyo, desde su rol, para la consecución de una meta tan ambiciosa como es la mejora de la CdV de este colectivo.
Las familias, entidades educativas, entornos laborales, legisladores y tomadores de decisiones y la sociedad civil en su conjunto, deben jugar su papel para lograr la plena inclusión de las PcD. Éstas pueden hacer su mejor esfuerzo por "incluirse", sin embargo, las barreras de participación no las levantan ellos, sino su entorno. Por esta razón es que la recientemente promulgada ley 21.545, más conocida como "Ley TEA", refleja el compromiso de avanzar en la garantía de los derechos de las PcD, en este caso, personas con la Condición del Espectro Autista (CEA).
Ahora bien, considerando que ya contamos con un marco normativo que garantiza los derechos de las PcD y que, a pesar de encontrarse vigentes, fue necesaria esta ley específica para las personas CEA, es de esperar que su derecho de participación social, "ahora sí" sea efectivo. De no lograrse con esta nueva ley, corremos el riesgo de necesitar una normativa por cada colectivo, cuando en realidad, los marcos regulatorios provenientes de tratados internacionales adscritos por Chile, así como la normativa nacional vigente, deberían ser suficientes para garantizar los derechos de todas las PcD, sin necesidad de legislar específicamente para colectivos determinados.
Si finalmente todos los chilenos aportamos desde nuestro rol a la disminución -y ojalá eliminación- de barreras para la participación, ya no serían necesarias nuevas leyes con "apellido" y todos podrían hacer efectivo su derecho a una mejor CdV.
Alejandra Ríos Urzúa, directora Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello
¿Uso de influencias?
Catalina Pérez, vicepresidente de la Cámara de Diputados, afirmó que "una mujer no debe responder por responsabilidades de hombres adultos". Estas declaraciones son a raíz de la polémica generada por el convenio de $426 millones, entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta (ex asesor de la diputada) y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade (pareja de la diputada).
Esta izquierda posmoderna, cada vez que es criticada y no hay una respuesta racional, acude al discurso del colectivo oprimido. Ya ocurrió, por ejemplo; con Loncon (pueblo originario), el ministro Ávila (LGTB), entre otros. A la diputada se le enjuicia por una eventual influencia en un caso de falta de probidad con dineros públicos y no por ser mujer, como sostiene con su discurso feminista.
María Fernanda González B.
¿A quién representan?
El nuevo llamado a paro y movilización de la Confech bajo el lema "movilicémonos por una educación no sexista" denota una manifestación clara de la falta de prioridades que tiene este organismo estudiantil.
Mientras la mayoría de estudiantes busca estudiar en ambientes alejados de la violencia, rendir las pruebas a tiempo y terminar los estudios, hay una minoría vociferante que insiste y continúa velando por intereses ideológicos e incluso partidistas dentro de las universidades.
Frente a ello, bien sabemos que repetir petitorios que a muchos no les hacen sentido y presionar con paros u otras medidas violentas resulta totalmente contraproducente para los estudiantes que dicen representar y la educación que dicen querer mejorar. La Confech insiste en promover una agenda sobreideologizada y, como es usual, priva a miles de estudiantes de ejercer su derecho de asistir a clases y encontrar en la educación una esperanza de movilidad social.
Vale la pena preguntarse, ¿a quién representan?
Consuelo González
