Según el "Informe de sistematización de las recomendaciones al Estado de Chile en materia de tierras y derechos del pueblo Mapuche", la reciente instalada Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento debiera ser la última de un listado de seis anteriores en 34 años (1989-2023).

En este contexto, la sugerencia es transitar a un mecanismo distinto y aplicado internacionalmente . "Una incorporación relevante derivada del estudio del derecho comparado sugiere en lugar de comisiones: la consideración de un mecanismo más independiente del gobierno, teniendo en perspectiva el sistema del tribunal de títulos nativos, instalado en el marco del Tratado de Waitangi en Nueva Zelanda".

Así lo indica el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,

Salvador Millaleo Hernández, en el capítulo "Balance" de dicho informe, en donde además determina las brechas de la propiedad indígena en el sistema jurídico chileno, siendo una de ellas que no hay información completa y actualizada de las tierras ancestrales, también denominadas antiguas o no tituladas, que pudieran ser reclamadas.

INFORME

El informe es un documento científico y de consulta, consistente en 120 páginas que elaboraron 10 universidades convocadas por el Presidente Gabriel Boric (entre ellas la Ufro y la UCT), como un insumo para los ocho comisionados.

Dicho texto sintetizó "los diagnósticos y propuestas" de las comisiones para abordar las demandas y problemáticas de los pueblos indígenas entre 1989-2018.

En este contexto, fue el rector de La Universidad de La Frontera, el doctor Eduardo Hebel, quien presentó el informe en la instalación de la Comisión el pasado 21 de junio en La Moneda.

En la oportunidad, Hebel aseveró que "a través de este trabajo hemos podido constatar que "hay una historia de promesas no cumplidas" y que "nos resulta muy claro que, sin resolver el tema de los territorios no podremos avanzar en el camino de resolver las heridas del pasado y en asumir las tareas conjuntas del futuro".

El informe además recopila recomendaciones en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y entrega el marco normativo internacional de los pueblos indígenas.

También se agregan las consultas indígenas y los diálogos participativos realizados en los procesos constituyentes de los años 2016 y 2022. De hecho, la mayoría de las propuestas en materia de autonomía, expropiación y justicia indígena que incorporó el proceso constituyente anterior son recomendaciones de las comisiones anteriores.

PROPIEDAD INDÍGENA

Al analizar las brechas en materia de propiedad indígena descritas "A modo de Balance" en el informe, se indica que según el derecho internacional "el Estado debe adoptar las medidas para devolver las tierras tradicionales a las poblaciones indígenas ", y que cuando se vea imposibilitado "deberá entregarles tierras alternativas de igual extensión y calidad".

La ausencia de un criterio unificado respecto de las tierras ancestrales es una de las brechas de la propiedad indígena que se enumeran en el capítulo.

Al respecto se señala que "el criterio de ocupación y continuidad histórica de las tierras no es un estándar suficiente, sino que se necesita la confirmación estatal", sumando que "el Estado no cuenta con información completa y actualizada de las tierras no tituladas que pueden ser reclamadas como tradicionales por parte de los pueblos y comunidades indígenas".

Otra brecha es la "demarcación" de las tierras indígenas, planteándose que "no existe un conocimiento completo y actualizado de las tierras que están en efectiva posesión material de las comunidades indígenas y aquellas que están en manos de terceros".

Agregan que respecto de las tierras ancestrales, es decir, aquellas sin titulación estatal, "no se tiene información sistemática, ni menos existe una demarcación disponible".

Completan la lista de brechas la "Restitución" y la "Reparación". Al respecto se informa que "la restitución de las tierras comunitarias perdidas sin consentimiento de las comunidades indígenas no está garantizada hasta ahora en el sistema jurídico chileno" y que además "no se tienen datos precisos, en cuanto no hay determinación de la demanda pendiente".

Por lo anterior se concluye que "no existe hasta ahora una política de largo plazo, que tenga los fondos asegurados de manera que se pueda garantizar la restitución de tierras".

Por último, en materia de "Reparación", se consigna que "la restitución no ha sido definida como una hipótesis de reparación dentro del sistema jurídico interno de Chile" y que "tampoco se han determinado reparaciones por el daño consistente en la pérdida histórica de los territorios y los recursos asociados a ellos para las comunidades".

"Nos resulta muy claro que, sin resolver el tema de los territorios no podremos avanzar en el camino de resolver las heridas del pasado y en asumir las tareas conjuntas del futuro".

Eduardo Hebel,, rector de la Ufro

"No existe hasta ahora una política de largo plazo que tenga los fondos asegurados de manera que se pueda garantizar la restitución de tierras".

Salvador Millaleo,, Universidad de Chile