Minvu inició sumario contra seremi de Vivienda del Maule blindado por Boric
CASO CONVENIOS. A sólo tres días de que el Presidente afirmara que hasta ese momento no había antecedentes como para pedir la renuncia de Rodrigo Hernández, el ministro Carlos Montes aludió a nuevos datos para la investigación administrativa.
Se habló de "blindaje" de parte del Presidente Gabriel Boric para la delegada regional del Biobío, Daniela Dresdner y el seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, cuando el Mandatario afirmó el jueves que en ese momento no había antecedentes suficientes como para exigirle a alguno de ellos la renuncia por eventuales vinculaciones con el Caso Convenios, destapado por las transferencias a la fundación Democracia Viva desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
El escándalo desatado por los traspasos directos de más de $420 millones de pesos a la ONG dirigida por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, por parte del organismo de Gobierno que lideraba Carlos Contreras (todos militantes de RD), ya había provocado que se extendieran las sospechas hacia todas las fundaciones que trabajan con el Ejecutivo y a todas las reparticiones dependientes de La Moneda. Y el Jefe de Estado dijo que no era posible meterlos a "todos en el mismo saco".
Sin embargo, ayer uno de los defendidos por Boric dejó de ser inmune a las sospechas: el ministro de Vivienda, Carlos Montes, reveló que se había iniciado un sumario contra Hernández (también RD), la autoridad de su cartera en la Región del Maule, quien había dicho a su favor que se inhabilitó en la votación de entrega de recursos a la fundación Urbanismo Social, que había integrado durante siete años. Pero datos conocidos ayer revelaron que dicha inhabilitación fue apenas un día después de recomendar la adjudicación de recursos a dicha institución.
El titular de Vivienda informó que "al seremi del Maule hemos resuelto iniciarle un sumario administrativo producto de una información que no coincidía entre el periodo que él solicitó inhabilitarse y en que se tomaron las decisiones (...) A partir de lo cual hemos conversado con el equipo del Presidente y se ha resuelto iniciar un sumario que se le ha comunicado a él ya", acotó sobre Hernández.
Además, Montes informó que "recibimos información respecto a la situación de Antofagasta y hemos entregado al Ministerio Público antecedentes de una funcionaria que firmó una solicitud de la contratación de ciertas personas el 1 de febrero de este año. Eso es totalmente irregular y lo enviamos al Ministerio Público. Estamos analizando qué provocó lo inescrupuloso que fueron ciertos funcionarios, además de reestudiar el sistema de transferencias".
Paralelamente, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Ejecutivo no ha descartado presentar una querella en contra de las personas involucradas en el caso Democracia Viva.
En entrevista con Canal 13, expuso que "esto es una preocupación del Gobierno en general. Nos ha indignado tener que enfrentar una situación como esta (...) ya hay una investigación en curso. Todavía no descartamos una querella. Por el momento lo que estamos haciendo es recabar toda la información en el Ministerio de Vivienda".
Desde el punto de vista de parlamentarios oficialistas, el diputado Gonzalo Winter (CS) planteó que todo lo que se ha destapado a partir del caso de Democracia Viva debe ser investigado "con la mayor transparencia posible y que todos los actores políticos y de opinión pública tenemos que estar a disposición de que los organismos que corresponden, Contraloría, Ministerio Público, sumarios internos, tengan toda la información necesaria".
Baja aprobación del Gobierno
Ayer se conoció una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano, la que en medio de la polémica desatada por el Caso Convenios mostró que la desaprobación al Gobierno del Presidente Gabriel Boric alcanzó el 60,2% mientras que el 28,9% aprueba su gestión. Junto con ello, el 71,2% dijo que desaprueba la labor del Congreso Nacional y sólo el 13,7% aprueba su trabajo. Respecto al Poder Judicial, el 71,1% desaprueba su gestión y el 13,7% desaprueba la labor de los Tribunales de Justicia.