El caso Fundaciones
Debe existir una señal política y jurídica contundente respecto de los funcionarios que cometan actos de corrupción.
En medio del Caso Fundaciones, el Gobierno presentó la Comisión de Expertos para la Probidad y Transparencia en Corporaciones y Fundaciones, que tiene como objetivo principal hacer propuestas que permitan mejorar las relaciones entre las fundaciones de la sociedad civil y el Estado.
La iniciativa ha sido valorada. Sin embargo, según Jorge Astudillo, académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, "con toda seguridad las propuestas que emanarán de esta Comisión no distarán mucho de lo que los especialistas y el sentido común claman a gritos desde hace muchos años. Algunos mecanismos que me parecen efectivos para hacer frente al flagelo de la corrupción son: reducir los ámbitos de discrecionalidad en la toma de decisiones en la Administración Pública. En efecto, el caso Fundaciones está marcado por convenios firmados mediante un trato directo, designando recursos prácticamente a dedo entre amigos y correligionarios. De esta manera, los convenios suscritos bajo esta modalidad deben ser los mínimos".
En ese sentido, se debe fomentar la transparencia y el control. Cada vez que un particular reciba fondos públicos para prestar servicios públicos en forma directa o indirecta, debe estar sometido al principio de transparencia, tal como lo está la administración del Estado. La transparencia permitirá que el control sobre estos entes provenga no solo de órganos estatales, sino que también desde la ciudadanía y la prensa.
Debe existir, según Astudillo, una señal política y jurídica contundente respecto de los funcionarios públicos y políticos que cometan actos de corrupción. La función pública implica ejercer poder, por lo que la reacción de las sociedades democráticas frente a este tipo de actuaciones debe ser drástica.