Con una serie de cámaras ubicadas estratégicamente en Santiago se dio inicio al plan piloto de la Ley Cati, cuerpo legal que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que a través de una red de dispositivos complementará la labor de fiscalización de Carabineros y de inspectores de tránsito. Se trata de una nueva herramienta fiscalizadora que permitirá infraccionar de manera electrónica a quienes hagan caso omiso de la normativa vigente y que surge con el objetivo de aportar en la seguridad vial y en la prevención de los accidentes de tránsito, así como mejorar la eficacia a la hora de fiscalizar a los conductores.

Tal como lo explica el propio Ministerio de Transportes, este nuevo servicio público tiene como objetivo salvar vidas mediante la prevención de siniestros viales por medios tecnológicos que permiten una fiscalización automatizada para detectar infracciones por exceso de velocidad.

De hecho, el Ministerio expone que en países donde se ha implementado esta tecnología se han observado reducciones de hasta 40% en las muertes por siniestros viales, el mismo objetivo al que apunta esta iniciativa en nuestro país.

Esta herramienta faculta al Ministerio de Transportes para fiscalizar los excesos de velocidad, el tránsito en áreas urbanas con restricción por contaminación ambiental y las infracciones a normas de transporte terrestre susceptibles a ser captadas de forma automatizada, como el uso de vías exclusivas o ignorar una luz roja, apoyándose en cámaras estratégicamente instaladas, reemplazando así al sistema de fotorradares.

Su implementación, que será paulatina hacia el resto del país, se espera que traiga múltiples beneficios, ya que permitirá complementar la labor de Carabineros, descomprimiendo sus tareas, lo que podría ayudar a destinar dicho capital humano a otras labores de seguridad.

El 8 de marzo del presente año nuestro país ratificó el Convenio 190 de la O.I.T., el que es extensivo al sector público y privado, y que en su preámbulo efectúa importantes reconocimientos como: "la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social".

En atención al objetivo del Convenio, erradicar la violencia y el acoso laboral, surge la importancia de contar con procedimientos legales que logren resarcir los daños ocasionados a las víctimas por estos hechos, resultando relevante la revisión del procedimiento de tutela laboral. Se debe tener presente que, frente a hechos de tal gravedad, específicamente en los servicios públicos, podría llegar a configurarse una auténtica falta de servicio ante el caso que no se tramiten las denuncias, o no se adopten las medidas de protección para las víctimas. Esto último, teniendo en cuenta que el acoso laboral provoca consecuencias en la salud física y psíquica, y afecta también la permanencia en el mercado laboral o el progreso profesional, principalmente de mujeres trabajadoras.

En consecuencia, siendo la indemnización resarcitoria una forma singularmente valiosa para obtener una compensación ante los daños ocasionados frente a una vulneración de derechos fundamentales, lo recomendable es recurrir ante los juzgados laborales a través de un procedimiento de tutela laboral, ya sea durante la relación laboral o con ocasión del despido. Con todo, este procedimiento presenta ciertas limitaciones que dicen relación con el plazo de interposición de la acción y las medidas resarcitorias, y dentro de ellas el pago del daño moral.

El procedimiento de tutela laboral contempla un plazo fatal de sesenta días hábiles para interponer la acción, ya sea con relación laboral vigente, o con ocasión del despido del trabajador o trabajadora. Respecto a las medidas resarcitorias, el artículo 489 inciso 3 del Código del Trabajo señala que el juez ordenará una indemnización adicional que no podrá ser inferior a seis ni superior a once meses de la última remuneración mensual, por lo está condicionada a la remuneración del trabajador y además con un tope de sólo 11 remuneraciones, sin contemplar el pago del daño moral de forma expresa, por lo que existe un vacío legal en la materia.

En síntesis, frente a estas limitaciones, la propuesta de la investigación académica consiste en la incorporación en el derecho laboral de un procedimiento más garantista, con una acción similar a la acción por falta de servicio por responsabilidad extracontractual del Estado, con un plazo de interposición más amplio, contemplando una indemnización sin condicionarla a la remuneración del trabajador e incluyendo expresamente el pago el daño moral, de esta forma se facilita el acceso a la justicia y se garantiza el resarcimiento de los daños ocasionados por la violencia o acoso laboral.

Marcela Novoa Burgos,

abogada y magíster en Derecho, mención Derecho

Público. Universidad Católica de Temuco