Certificado de salud mental para adultos mayores
Soy médico graduado hace 52 años y la mayor parte de estos años profesionales los he dedicado a la geriatría.
En el último tiempo he visto que para efectuar operaciones económicas se les exige a los mayores de 70 años presentar un certificado de estado mental.
Esta exigencia es arbitraria, abusiva, ofensiva y degradante. La edad no es sinónimo de disminución de capacidad mental y un certificado digital, fácilmente falsificado, puede servir para ocultar el dolo que pudiese haber en una transacción comercial.
Las estafas, robos, apropiaciones indebidas, aprovechamiento de vulnerabilidades se ven en todos los grupos de convivencia humana y frecuentemente en las familias, pero no tienen que ver con la edad, sino con falta de valores y ausencia de principios morales.
El artículo 1447 del Código Civil vigente establece incapacidades legales que no contemplan edad y el artículo 1016 del mismo código, referido a testamentos, establece la circunstancia de "hallarse en su entero juicio", confirmado con testigos. No existe esta norma para otra circunstancia, sin definir claramente estos términos.
En los años 2021 y 2022 hay resoluciones judiciales que prohíben específicamente a los notarios solicitar estos certificados, a pesar de lo cual lo siguen haciendo, lo que demuestra la falta de respeto por las disposiciones judiciales.
Como profesional que tiene atribuciones para extender estos certificados me resulta violento, porque si mi paciente no está enfermo, se siente menoscabado/a al tener que recurrir a un médico para probarlo. Y, me ha ocurrido, que al confirmar una discapacidad no atribuible a la edad, sino a una enfermedad, he sido presionada para modificar el documento; o lo desechan y buscan otro profesional.
Si se evalúa defender la correcta comprensión de un contrato económico todas las partes deberían declarar que no saben de limitaciones en la voluntad de los participantes, asumiendo las sanciones si no es cierto y no ampararse en certificados que solo pueden dañar a personas mayores. Estos certificados ilegales solo sirven para avalar "irreprochable conducta" del resto de los participantes del negocio. Si la exigencia de este documento tuviera "buenos fines" habría que pedirlo a todos los mayores de 70 años, incluyendo senadores, diputados, expresidentes, presidentes y directores de grandes sociedades, rectores, académicos y un largo etcétera.
Helia Valencia, médico geriatra U. de Chile
4% al seguro social
El Gobierno improvisa sus ajustes a su reforma previsional, pues hasta el momento sólo sabemos que está dispuesto a ceder un 2% de cotización adicional a capitalización individual, pero nada de los alcances sobre el 4% que propone destinar al "seguro social" o reparto finalmente. Peor aún, ya se descartaron las cuentas nocionales, por lo que es impresentable buscar acuerdos sin tener claros y conocidos los alcances de su propia reforma.
No se puede improvisar a esta altura del periodo presidencial una mala reforma previsional, por lo que perfectamente se puede separar el proyecto y aprobar los puntos donde si hay acuerdo, cómo aumentar la PGU, el seguro de longevidad, etc.
Una simple pregunta: ¿Han dicho que el 4% de cotización en régimen son cerca de US 4 mil millones al año, de propiedad de los trabajadores, que pasan a manos del Estado?
Eduardo Jerez Sanhueza
El "Bukelismo"
Un fantasma recorre a América Latina: el «bukelismo». La mano dura como receta, el populismo punitivo como ingrediente, la testosterona (da igual si lo invocan mujeres) como condimento. Liberales, socialdemócratas y progresistas se indignan con razón, mientras que gobernantes, candidatos, empresarios e intelectuales declaran, cada vez más abiertamente, su admiración por el presidente-influencer y su populismo posmoderno.
Sin embargo, el «bukelismo» dista de ser un fenómeno pasajero o coyuntural de El Salvador: es el síntoma de la incapacidad del Estado para garantizarle a los ciudadanos su vida y su seguridad.
Si nuestros gobernantes no atienden con seriedad las causas de esta enfermedad, el «bukelismo» seguirá extendiéndose, ya no como fantasma, sino como programa de gobierno y política pública. Estamos avisados.
Iván Garzón Vallejo, académico Facultad de Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Chile
