Cincuenta y dos personas mueren al día en nuestro país a causa de enfermedades asociadas al tabaquismo. Por ello, el que los niños y adolescentes de la Región fumen, es un dato que preocupa. Más si recientes estudios del Senda indican que la población escolar regional con edades que fluctúan entre los 12 y 13 años tiene una prevalencia por sobre la nacional en torno al consumo del tabaco.

En concreto, estudios del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol arrojaron que al año 2019 un 3,4% de la población escolar de La Araucanía consumía tabaco a diario, lo que está por sobre la prevalencia nacional (3%).

A ello se agrega que la edad de inicio del consumo de tabaco es a los 12 o 13 años, por lo que una vez que esa persona cumpla 30 años ya podría presentar problemas serios de salud como enfermedad pulmonar (EPOC) o daño cardiovascular.

Por esto, se hace necesario generar las instancias que permitan idear un trabajo transversal que aborde este fenómeno y desarrolle iniciativas concretas tendientes a crear conciencia entre la población más afectada por este problema sobre el daño que produce el tabaco en la salud.

Y en ese sentido hay que poner el acento en no solo en la prevención, sino principalmente en la educación. Aspecto en el que la familia de cada niño cumple un rol vital, toda vez que si los menores ven a sus padres incurrir en ciertas conductas, como por ejemplo fumar al interior del hogar, lo más natural es que tiendan a imitarlos.

Para encarar los desafíos estratégicos del país necesitamos un nuevo impulso económico que posibilite mayor igualdad y bienestar social. Por ello, el Presidente Boric ha lanzado una política global de Desarrollo Productivo Sostenible, que incluye la Estrategia Nacional del Litio y del Hidrógeno Verde, entre otras líneas.

Las dificultades de nuestro desarrollo no residen en una coyuntura particular: son estructurales y previas a la pandemia. La dependencia de las materias primas no es sostenible en el largo plazo. Urge ampliar nuestra visión, integrando el conocimiento especializado en todos nuestros procesos productivos y sociales.

Para ello, la educación superior es fundamental. Sin embargo, su notable expansión en estas décadas no ha tenido los impactos esperados en la productividad ni en la estructura ocupacional. La coexistencia de diferentes diseños y reformas, con sus respectivos efectos no deseados, ha dificultado el vínculo entre educación superior y desarrollo.

La reforma del 2018 instaló un marco normativo que abre oportunidades de futuro. Sobre esta base, la educación superior chilena requiere avanzar en nuevos desafíos: actualización académica articulada con las políticas de descentralización y Desarrollo Productivo Sostenible, condiciones laborales e investigativas adecuadas para su personal, gestión institucional eficiente con mayor participación, un sistema de información integrado, financiamiento que garantice el derecho a la educación y brinde certeza a las instituciones -algunas hoy con dificultades-, y mayor articulación sistémica y fortalecimiento de la educación superior pública.

Como gobierno, impulsaremos con diálogo y consenso una modernización de la educación superior, para orientarla sistémicamente al desarrollo del país y consolidarla como derecho social, con una política de gratuidad sin retrocesos y sin deudas bancarias para las personas que estudiaron y estudiarán en el futuro. Todo esto con mayor eficacia y eficiencia, reorganizando los instrumentos de financiamiento para optimizar su rendimiento, en lugar de profundizar la actual naturaleza expansiva del gasto en el sector.

La mayor riqueza de un país no está en sus recursos naturales, sino en su gente. El conocimiento es el cobre y litio del siglo XXI. Por ello, la modernización de la educación superior debe ser un objetivo que nos una como país, pues nos permitirá encarar con seriedad las grandes tareas del desarrollo.

Víctor Orellana Calderón,

subsecretario de Educación Superior