Como un estamento a cargo de la modernización de la labor del Estado, garante del avance en la carrera funcionaria y con la tarea de dotar de transparencia en el proceso de designación de cargos directivos en el Estado, en junio de 2003 se creó el Servicio Civil junto al sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Sistema que cumple 20 años, y registra una serie de avances, pero también de desafíos para el futuro inmediato.

En ese sentido, resulta esencial que los procesos de elección de autoridades vía ADP mantengan y aumenten los estándares de transparencia en cada una de sus etapas, con la posibilidad también de acortar brechas de género y dejar de lado el componente político, que en ocasiones pareciera ser que se ocupa como moneda de cambio en la llegada de toda administración.

Esto, pese a que desde el propio Servicio Civil reconocen que este último punto es imposible. "El sistema combina la meritocracia en el ingreso y avance de las nóminas con la democracia que es el ejercicio del gobierno, y se estima legítimo que elijan las autoridades más afines para llevar adelante el programa de gobierno", explicó Felipe Melo, director nacional del Servicio Civil.

Es allí donde elementos como la meritocracia y la democracia deben combinarse de la mejor forma posible para que, quienes asuman los cargos que en la mayoría de los casos duran tres o cinco años, con posibilidad de prórroga en los primeros, tengan la seguridad de ejecutar las políticas públicas que se definen y con un cierto margen de acomodar su labor a lo que el territorio en el cual ejercen les demanda. Lo anterior, sumando a la experiencia y conocimiento que tiene cada director del área en la que se desempeña.

La Araucanía no está en paz. Desde el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, pasando por centenares de incendios de viviendas, muertes, destrucción de maquinarias e insumos indispensables para la vida, extorsiones, entre otros, no cabe duda alguna que estamos ante una crisis grave de violencia que requiere de un debido reproche penal, justicia para las víctimas y un mensaje enérgico contra sus autores y promotores, sean activos o pasivos. Los delitos de los que estamos hablando no tienen como propósito un móvil asociado al fin propio de cada tipo penal, si no que resultan ser pluriofensivos; es decir, atentan contra una cantidad superior de bienes jurídicos penalmente protegidos.

La situación de La Araucanía se ha visto agravada por la impunidad, en gran medida producto de la impericia de los organismos encargados de la persecución penal, como de una mirada laxa por parte de la clase política.

En esa dirección, la bancada del Partido Republicano ha presentado varias enmiendas a fin de resolver o mitigar esta grave crisis. En primer lugar, proponemos mantener al terrorismo como una conducta contraria a los derechos humanos, impulsando la idea de indemnizar a las víctimas. Por otro lado se plantea la creación de una Fiscalía Nacional especializada en delitos terroristas y de un tribunal especial de carácter nacional para juzgar los mismos, a fin de evitar el amedrentamiento a jueces y fiscales de la zona. Además, proponemos la creación de una defensoría de las víctimas, a fin de proteger y entregar un apoyo concreto a quienes han sufrido ataques o han sido víctimas de este tipo de delitos. Por último, proponemos modernizar los Estados de Excepción, lo que implica incorporar de forma más efectiva al Congreso y al Poder Judicial en las renovaciones y evaluación de éstos.

Creemos que la redacción de una propuesta constitucional es una oportunidad para resolver la deuda institucional y la inacción que ha mostrado el Estado a la fecha. Recuperar la autoridad y el imperio de la ley en la Macrozona Sur debiese ser prioridad, ya que no hacerlo es un atentado a la soberanía y al Estado de Derecho, pero lo más importante, es un atentado a familias y trabajadores honestos que, día a día, viven y salen de sus casas con miedo. Y esa violencia, no resiste más.

Héctor Urban,

consejero constitucional