En agosto se celebra a nivel mundial el Mes del Corazón, instancia orientada a concienciar sobre la importancia de adoptar conductas saludables y prevenir enfermedades cardiovasculares, como el temido Infarto Agudo al Miocardio que afecta a un gran número de personas en Chile, y que según el Ministerio de Salud (Minsal), se encuentra entre las principales causas de muerte en el país, ubicándose muy cerca del accidente cerebrovascular y el cáncer.

El síntoma principal y más reconocido de un posible infarto es el dolor torácico, que generalmente se localiza en el centro del pecho. Aquellos que lo sufren lo describen como una opresión, una sensación de tener una pata de elefante presionándoles el pecho, o incluso una sensación de muerte inminente. Además, este dolor puede irradiarse hacia la espalda, la mandíbula y el brazo izquierdo.

En el caso de las personas que padecen diabetes mellitus, en ocasiones pueden presentar dolor abdominal en lugar del típico dolor torácico. Por lo tanto, independientemente del tipo de dolor, es crucial que los pacientes consulten de inmediato a su Sapu, Cesfam o servicio de urgencia hospitalario.

Es alarmante saber, plantea Carolina Uribe, directora de Enfermería de la Universidad de Las Américas (sede Concepción), que cada 20 minutos una persona fallece en Chile debido a enfermedades del sistema circulatorio. Sin embargo, la buena noticia es que la mayoría de estas muertes, más del 80%, se pueden prevenir o retrasar mediante cambios en nuestro estilo de vida.

En este Mes del Corazón, recordemos que la prevención es la mejor arma contra las enfermedades cardiovasculares. Cuidemos nuestro corazón, adoptemos hábitos saludables y promovamos un estilo de vida activo y equilibrado.

Han transcurrido años desde que la Mesa Asesora Presidencial liderada por el Obispo Vargas (QEPD), encargada por la exPresidenta Michelle Bachelet, que en su informe del 23 de enero de 2016, dejaba en claro un diagnóstico: "La violencia en zonas rurales de La Araucanía ha alcanzado niveles que atormentan a la sociedad regional, generando inseguridad, expulsión de casas y predios a sus habitantes, imposibilitando trabajar en paz, produciendo daños en las personas y sus bienes, agregaba, "(…) Se debe dejar claro que no son víctimas de delitos comunes". "Se trata de delitos que tienen una cierta prolongación en el tiempo y que constituyen una violencia con clara finalidad política, llevada a cabo por grupos violentistas organizados y que proclaman fines ideológicos". Continuaba este informe indicando que "es necesario asumir la responsabilidad del Estado y generar mecanismos compensatorios, sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que le asisten a quienes han sufrido un perjuicio como consecuencia del acto de violencia de carácter político"; "es imprescindible la implementación de fórmulas indemnizatorias para las víctimas de violencia rural, entendiendo que en la destrucción de propiedad privada y en la pérdida de vidas humanas, lo que en efecto ocurrió fue una omisión del auxilio estatal en la labor de seguridad".

La comisión presidencial, mostraba ya en esos años la gravedad de la violencia en La Araucanía y el Bío Bío, hoy extendida a las regiones de los Ríos y Los Lagos, reconocidas por todos como acciones terroristas, por lo cual se hace imperioso que Chile hoy cuente con una Ley de Reparación para las Víctimas de la acción terrorista, lo que considero de toda legitimidad, que el Estado Chileno repare a cada víctima de la denominada violencia rural, el daño recibido por parte de grupos que socaban el Estado de Derecho y realizan atentados contra los bienes y la vida de la población civil en la Macrozona Sur.

El Estado debiera recompensar a quienes fueron privados de sus bienes y por supuesto también a quienes sufrieron la lamentable pérdida de familiares, dado que corresponde a una forma de mantener un comportamiento social adecuado, cuyo objetivo final sea la equidad e igualdad en el tratamiento de los seres humanos en un Estado de Derecho, sobre todo si ya conocemos que otras víctimas de procesos sociales de años anteriores, donde hubo violencia y muertes, ya han sido reconocidas como víctimas por el Estado y luego reparadas al menos en aspectos pecuniarios.

En ese marco es que apoyamos la discusión pública y la propuesta legislativa por una Ley de Reparación para Víctimas de Violencia Rural, que debe ser presentada por el Ejecutivo, porque implica gasto público, por lo que hacemos un llamado a nombre de las víctimas, para que el Presidente de la República la presente al Congreso y luego sea aprobada con el plazo que la urgencia demanda y que busca reparar a las víctimas por hechos que les afectaron en el contexto de la violencia suscitada en las regiones de la Macrozona Sur y que hayan resultado afectados, sea física o psíquicamente, así como desde una perspectiva patrimonial, para que tengan el resarcimiento e indemnización adecuados.

En definitiva, a través de esta ley se debe lograr que las víctimas tengan la posibilidad de contar con procedimientos que efectivamente les permitan optar a alcanzar grados mínimos de justicia y certeza jurídica, los que por años han sido tremendamente escasos para las familias de las víctimas de un terrorismo que tampoco tiene freno en el sur de Chile.

Alejo Apraiz Contardo

Presidente Asociación Víctimas de Violencia Rural AVVRU Araucanía