Correo
Un Estado cómplice de la violencia
La madrugada de este miércoles, en Traiguén, fueron quemadas una posta, una escuela y una iglesia, y este último punto me quiero detener porque si comenzamos a hacer memoria, en el marco del denominado conflicto mapuche, hasta el año 2018 se habían quemado más de 27 iglesias, como señala la organización "Puertas Abiertas". Durante los años que han transcurrido hasta el día de hoy, este fenómeno no ha estado ni cerca de desaparecer, sino que por el contrario, hemos visto continuas quemas y atentados hacia comunidades religiosas que no solo afectan a los templos sino que también a escuelas confesionales, como la quema a la escuela de la Alianza Cristiana y Misionera de Bollilco, que ocurrió en junio de este año.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que los actos terroristas constituyen una clara violación de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. Nuestra Región de La Araucanía ha sido escenario de esas graves vulneraciones, particularmente la libertad religiosa, por parte de grupos terroristas que han llevado a cabo, mediante incendios, la destrucción de templos, iglesias y lugares de culto religioso, hechos que constituyen una grave vulneración de la libertad religiosa, generando un clima de intimidación y miedo en las comunidades locales afectadas, limitando, al mismo tiempo, la capacidad de ejercer libremente su fe y de desarrollar las actividades religiosas que ampara el ordenamiento jurídico en un entorno seguro.
Es necesario y urgente que el Estado tome medidas contundentes para reparar, condenar y prevenir estos actos terroristas, protegiendo así los derechos y la seguridad de los habitantes de La Araucanía. En la lamentable situación de violencia sistemática que vive la macrozona sur, hay responsabilidades políticas cruzadas que apuntan a la pasividad y poca determinación de los Ministerios del Interior, Justicia y la Segpres del actual Gobierno en enfrentar de raíz a los grupos violentistas que vulneran los derechos más fundamentales de los chilenos que viven en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Stephan Schubert, diputado
¿Aumento de impuestos?
En nuestra cara, la de todo el pueblo, vemos lo que parece ser un saqueo nacional de muchas autoridades del gobierno, paralelamente y con desfachatez, ellas se permiten proponer un aumento de impuestos como si estos fueran en otro país. ¿Es posible entonces que los contribuyente directos o indirectos aceptemos esta burla sin igual?, ¿cómo entenderlo o los hechos que son noticia como delitos, son aislados de poca monta o no son más que una ficción?
Muy por el contrario, solo una vez que se aclaren las supuestas malversaciones de fondos, que se devuelvan los dineros desviados a fundaciones y otros y se encarcele a los responsables; solo entonces que éste o cualquier gobierno tenga cara para hablar de alzas de impuestos, pues esta bofetada ha sido a todo el país y especialmente a la gente de menos recursos.
José Manuel Caerols Silva
Pacto fiscal y PGU
El pacto fiscal anunciado por el Gobierno ha generado distancia por parte de la oposición, por lo que nuevamente estamos frente a anuncios con poca probabilidad de acuerdo.
Es importante tener un punto de partida, algo en donde se fortalezcan las relaciones de los distintos conglomerados políticos, y ese punto de partida puede ser el aumento de la pensión garantizada universal -PGU-, a $250.000, a partir de un pacto fiscal acotado que permita su financiamiento sostenido en el tiempo.
Mejorar la PGU es una gran reforma previsional por sí sola, mejora las pensiones de todos los chilenos de manera directa, y para lograrlo sí existen los acuerdos para su financiamiento en los distintos sectores, por lo que hay que dejar de utilizar la PGU como moneda de cambio para otros fines, y comenzar a trabajar de manera transversal en todos los puntos que hay acuerdos, tanto previsionales como tributarios, y a partir de ellos seguir avanzando.
Eduardo Jerez Sanhueza