Atentado en Traiguén
Los niños que estudian en la Escuela Básica de Traiguén no pudieron asistir a sus clases, pues una vez más han sido víctimas del terrorismo que afecta a La Araucanía. Esta vez, no sólo su derecho a vivir sin miedo, sino también su derecho a la educación ha sido vulnerado como consecuencia de la quema de su escuela, en un grave atentado que se adjudicó la orgánica radical Resistencia Mapuche Malleco. Este no es un hecho aislado, ya que según datos oficiales del Ministerio de Educación, desde el 2018 a junio de este año, 25 escuelas rurales han sido destruidas por atentados.
El terrorismo ha dejado en una grave situación de precariedad a los niños de nuestra zona, pero también a toda la comunidad, ya que además destruyeron la posta y una ambulancia, la iglesia y la sede social. El ataque ha dejado a muchas familias en total desamparo y sin la debida protección del Estado, que hasta ahora ha sido incapaz de desarticular a estos grupos violentistas.
Este es de los actos terroristas más graves que se ha registrado en el último tiempo, porque se atacó al corazón de una comunidad, especialmente la de menos recursos, que en gran medida depende de los servicios que entregaban los recintos que fueron destruidos.
Como senadora que vive en esa misma zona, vuelvo a reiterar el llamado al gobierno para que se haga cargo de verdad del problema, no sólo aumentando la presencia policial y militar en la zona, sino que desplegando una estrategia antiterrorista, agilizando la aprobación de los proyectos de la agenda de seguridad y estableciendo un plan efectivo para desarticular a estos grupos, deteniendo a sus integrantes.
Carmen Gloria Aravena, senadora por La Araucanía
Reforma a Ley Antiterrorista
El Presidente de la República abrió un espacio para (re)iniciar discusión respecto de la Ley 18.314, que fija conductas antiterroristas, a fin de instar por su modernización y eficacia, según señaló.
Quienes sostienen que la actual ley es insuficiente, que la descripción penal o tipificación es falente, que resulta dificultoso probar el especial ánimo de comisión, entre otras varias objeciones, no hacía más que justificar -en mi concepto-, el abocarse a su ajuste, según factores técnicos y de política criminal. Esto sucede con toda ley que con el tiempo y en virtud de su aplicación presente alguna insatisfacción para proteger debidamente el bien jurídico. Su última modificación relevante data de 2010.
Esta semana, vía la ministra del Interior, se han conocido ciertas "ideas fuerza", del que sería el futuro proyecto modificatorio, recogiendo propuestas de los exmandatarios Bachelet y Piñera, de la Ley 21.577 sobre crimen organizado, nutriéndose de modelos de España, Alemania y Estados Unidos. En concreto, puede destacarse que se anuncia en la futura propuesta la eliminación del elemento subjetivo que hoy se exige, llamado "ánimo terrorista" contenido en el artículo 1°: "cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie…". En el ajuste en estudio se utilizarían elementos objetivos cuya prueba es factible para determinar que los actos constituyen terrorismo.
Habrá que esperar, cierto, pero es un avance frente al siempre dificultoso camino en esta materia.
Francisco Ljubetic, vicedecano de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma, exfiscal de La Araucanía
Uso de la fuerza
Si los policías o militares tienen prohibido usar sus armas letales contra quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas u otros delitos graves -y solo pueden usarlas en casos de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas- quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y reducidos a la calidad de meros espectadores; sin poder resguardar eficazmente la infraestructura crítica, servicios públicos esenciales, iglesias patrimoniales, etc.
Con tal restricción no hay Estado de Excepción constitucional alguno que valga.
Adolfo Paúl Latorre