El abuso sexual de menores es un delito deleznable y doblemente reprochable, si se considera que significa robar la inocencia y marcar la vida de un menor. Cuando un niño es víctima de abuso sexual se corta su línea de desarrollo sicológico y ese daño se observa en su etapa adulta. La experiencia muestra que éstos son delitos que tienen una alta tasa de reincidencia, de manera que la sociedad no puede permanecer indiferente y debe proteger a sus menores.

De acuerdo con estudios realizados antes de la pandemia, 168 millones de niños en todo el mundo y 12,5 millones en Latinoamérica abandonaron su infancia y sus estudios para ingresar al mercado laboral. Se estima que en Chile hay más de 200 mil menores que trabajan, muchos de manera informal.

Desde el segundo semestre de 2019 se comenzó a aplicar en Chile el Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil, herramienta estadística creada por la OIT y la Cepal. Entre los factores de riesgo se cuentan la deserción escolar, el índice de pobreza y la accesibilidad demográfica, pero también hay factores que actúan como protectores, como la realización de controles de la Dirección del Trabajo.

Con el tiempo, los fundamentos originales del Día del Niño, que se celebró el pasado domingo, se han perdido, hasta transformarlo en ocasión de consumo. Tal vez es necesario detenerse a reflexionar acerca de los fundamentos que dieron vida a esta celebración, recordando la necesidad de dar la protección necesaria a nuestros niños en forma permanente.

La construcción es una industria que mueve al país, generando miles de empleos. Representa alrededor de un 7% del PIB nacional, el cual se eleva por sobre el 9% en La Araucanía.

En los últimos años, las empresas que construyen dentro del sector privado, principalmente ligadas a la industria inmobiliaria, han debido enfrentar varias dificultades, con proyectos paralizados y caídas en las ventas, producto del confinamiento obligado y alza en los precios de materiales y disminución de la demanda por aumento en las tasas de interés, a causa de la crisis económica mundial.

Sin embargo, sobre todo en nuestra Región, la mayoría ha sabido reorganizarse y sortear las dificultades, principalmente por la agilidad y eficiencia que permite la relación entre privados.

Lamentablemente, aquellas compañías que se centran en la construcción de proyectos de obras públicas han debido enfrentar una realidad más cruda, debido a la tardanza en la adjudicación de los contratos, el pago de los avances y, por último, retraso en las recepciones y liquidación de los contratos.

Todo esto ha provocado elevados costos financieros, los cuales deben asumir las empresas constructoras. A este contexto, la pandemia por covid-19 agregó importantes sobrecostos, debido a la mencionada alza de materiales y aumento de plazos. Si bien en ciertos contratos públicos se han aprobado reajustes para mitigar esta situación, en un importante porcentaje de ellos aún no se concreta el pago a las constructoras.

En los últimos meses hemos visto cómo importantes empresas nacionales, algunas de ellas con presencia en La Araucanía, se han visto obligadas a solicitar su liquidación voluntaria, con efecto en la pérdida de miles de empleos, en proveedores y contratistas más pequeños, generando un efecto dominó.

Esta situación no afecta sólo a las empresas involucradas y al sector. Es un problema que impacta en la ejecución de proyectos en áreas tan necesarias para las personas como la salud, educación, interconectividad o seguridad, por mencionar algunas. Por lo tanto, es urgente que el Estado busque soluciones y tome acciones que permitan acotar los riesgos para aquellas empresas que construyen en la Región y el país.

Carlos Berner,

Director Ingeniería en Construcción