Correo
Crímenes de cuello blanco
En 2020, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley destinado a combatir los delitos que caen bajo el concepto de "crímenes de cuello blanco". La decisión constituye un importante avance destinado a llenar un grosero vacío en el derecho penal.
El notable esfuerzo legislativo destaca en la sistematización de los delitos económicos cometidos por personas ligadas al mundo profesional, en grandes empresas o corporaciones y que provocan inmensos estragos en el patrimonio particular o en el orden socioeconómico. Además, se produce la introducción estructural, al derecho penal chileno, de los atentados contra el medio ambiente. Hay que recordar que en esta materia solo existían escasas normas aisladas, cuya aplicación práctica era compleja y poco frecuente, desamparándose al ecosistema.
Se modifican, también, diversos cuerpos legales y se adecuan las penas aplicables a los delitos referidos, incluyéndose un novedoso sistema de pago ("días multa") de acuerdo con el ingreso percibido por el infractor, lo cual tiende a evitar la desproporción que ha regido históricamente en el cálculo de multas.
Ahora, tras su entrada en vigor, habrá que observar cómo se va aplicando en la práctica, a fin de determinar si la decisión legislativa ha sido o no la necesaria.
Dr. LLM. Javier Castro Jofré, académico Universidad Autónoma de Chile
Reflexión autocrítica
Hace pocos días la ministra Jeannette Jara (PC) ha señalado (textual): "La izquierda ha hecho una reflexión autocrítica sobre su rol en los 70, a diferencia de otros". Se entendería de usurpar los recursos económicos de muchos particulares entre otros a punta de tomas violencia y expropiaciones en tiempos de Allende a usurpar y saquear los recursos económicos de todos los chilenos en forma subrepticia actuando a través de las arcas fiscales para (Fundaciones y etc.). Vaya eficiente puesta en marcha de su autocrítica.
José Manuel Caerols Silva
Precisiones sobre dualidad de la acusación constitucional
Me parece que, tal como fue en el caso de la fallida acusación al ministro de Educación, Marco Antonio Figueroa, el líbelo contra Giorgio Jackson desnuda nuevamente las dos aristas que inundan a la acusación constitucional: una jurídica, y otra política. Sobre esto, creo conveniente hacer ciertas precisiones.
Un primer punto a remarcar es sobre la naturaleza de la propia carta fundamental (que sustenta a la institución que es la acusación constitucional): toda constitución es, en lo inmediato, un elemento jurídico-político. A esta dualidad estará sometido, inherentemente, todo mecanismo que tienda a su defensa y supremacía.
Luego, la propia acusación constitucional está sometida a una evidente mixtura. El profesor Francisco Zúñiga ha detallado en esto al referir que, por un lado, hay responsabilidad jurídica al fundarse en "inconductas constitutivas de ilícitos constitucionales" que se persiguen en un procedimiento dual con resguardos garantísticos mínimos; y hay responsabilidad política por que quienes juzgan y acusan son órganos políticos bajo un amplio margen de libertad o discrecionalidad.
Una vez comprendida la evidente mixtura de la acusación constitucional, la pregunta de fondo es cuál de aquellos dos elementos se impone sobre el otro. ¿Estamos frente a un juicio mayoritariamente político o jurídico? Sobre esto ha habido extenso debate no solo a nivel doctrinario, sino que también en el Congreso en los últimos años cuando, en forma recurrente, se ha apelado a este mecanismo.
Los argumentos tendientes a cada postura son extensos, por lo que responder a esa pregunta excede con creces el propósito de esta carta. Eso sí, estamos frente a una cuestión cuya resolución es trascendental, pues determina la concurrencia o no del líbelo para quien es acusado constitucionalmente.
En concreto, en el caso del ministro Jackson, es evidente que las responsabilidades políticas que sobre él recaen exceden con creces su responsabilidad jurídica (en caso contrario se debió haber optado por acusar al ministro Montes). Existe una evidente inviabilidad e insostenibilidad de su presencia en el gabinete, cuyo origen es anterior y mucho más profundo que el caso Fundaciones. Luego, en cómo se vote en el Congreso, dependerá de la ponderación interna que haga cada legislador en su mérito.
Ignacio Tobar Pincheira