"Si la CAM es declarada inconstitucional, será el primer paso para generar una estrategia nacional contra grupos insurgentes"
Recientemente reconocido en la versión 2023 de los "100 jóvenes líderes" del país, el jurista es actualmente un referente en temas de seguridad a nivel nacional, marcando un hito al haber presentado un requerimiento para declarar la inconstitucionalidad de grupos insurgentes, siendo la primera vez que en democracia se abre el debate en relación a estos movimientos.
Un referente en temas de seguridad integral es el abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez (UIA), Ronad von der Weth Pettinelli (29), oriundo de Talcahuano quien ejerció como secretario ejecutivo para la Reforma a Carabineros y actualmente integra la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías, dirigiendo además la Fundación para la Protección Ciudadana.
El jurista también forma parte del selecto grupo de los "100 jóvenes líderes" en su versión 2023, reconocimiento entregado por la UAI junto a El Mercurio a los menores de 35 años que desde sus diversos ámbitos aportan al desarrollo del país.
- Ronald, ¿Cómo nace su interés en los temas de seguridad integral?
- Me correspondió estar a cargo de la Reforma de Carabineros en el periodo de gestión del exministro Víctor Pérez y en el diseño que armé para la reforma me di cuenta inmediatamente que Carabineros no era el más enfermo del sistema. Acá no estábamos viendo qué pasaba con Gendarmería, con el Servicio Nacional de Adunas y otros organismos; es decir no había una capacidad para integrar a los diferentes actores del sistema de seguridad y es ahí donde parte mi interés por la seguridad integral. Por eso pusimos el eje en la coordinación interagencial e interoperacional de las instituciones que deben participar en un sistema de seguridad integral.
-¿De ahí entonces es que se propone un sistema nacional de protección ciudadana y se plantea la necesidad de crear un Ministerio de Seguridad?
-Efectivamente. Uno de los desafíos que planteamos fue la creación de un nuevo Ministerio encargado de la seguridad pública, porque hoy día las policías se relacionan con el ministro del Interior y eso genera varios problemas. Primero, porque las policías resultan perjudicadas a partir de las decisiones que toma el ministro o la ministra y eso puede repercutir en la valoración ciudadana a las policías. Segundo, el ministro del Interior es el vicepresidente de la República y es también el coordinador del gabinete. En tercer lugar tiene la función de administrar los presupuestos regionales, y entonces, la seguridad pasa a ser la cuarta o quinta prioridad. En definitiva, no hay un ministerio que realmente se enfoque de manera específica en la seguridad y menos en la seguridad integral entendida como la coordinación de los diferentes entes para entregar una mejor respuesta al ciudadano.
- ¿Cuáles son los principales ejes de la Reforma a Carabineros?
- Durante el año 2020, la Reforma de Carabineros tuvo varios ejes importantes. Primero se presentó el proyecto de Ministerio de Seguridad Pública; en segundo lugar una Defensoría Institucional para Carabineros, donde en el fondo garantizamos la defensa penal al policía, y en tercer lugar, se modernizó y modificó el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. A partir de ello, se cambió la pregunta y la reforma ya no estaba referida al 18 de octubre, sino que se hizo una pregunta propositiva sobre qué Carabineros necesitamos para la conmemoración del centenario institucional que se celebra el 2027. De esta manera se planteó una reforma propositiva viendo las necesidades de la población, pero también las necesidades del personal institucional.
- Actualmente integra la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías, ¿cómo se ha desarrollado este trabajo?
- El Gobierno del Presidente Boric me convocó para integrar la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías como una voz más. Si bien yo pertenezco a otra línea política, porque soy una persona de derecha, no tengo complejo de estar integrando esta mesa de diálogo siempre y cuando sea mirando el bienestar de las instituciones y de las policías. Si bien, al principio estábamos avanzando muy lento, hoy día existe un funcionario con dedicación exclusiva que dispuso la ministra del Interior y hemos podido avanzar en diferentes temas como la especialización preferente de las funciones de las policías y ahora estamos viendo materias como el sueldo de las policías y otros ejes relativos al bienestar. Por ejemplo en la Región de La Araucanía tenemos un déficit de viviendas fiscales para las policías y eso nos genera dos problemas: primero al carabinero se le va la mitad del sueldo en arrendar una vivienda y, en segundo lugar, tenemos a las viviendas desprotegidas. Entonces si nosotros hacemos una inversión fiscal para tener una zona de seguridad para las familias y para los funcionarios, podemos subir el nivel de vida, con carabineros y policías tranquilos cumpliendo sus funciones al tener a sus familias resguardadas.
- Como Unidad Consultiva, ¿se han establecido plazos para que la reforma a las policías esté en plena vigencia?
- Más que como Unidad Consultiva propiamente tal, acá hay dos planes de desarrollo estratégico policiales que miran a 6 años la planificación institucional y ahí ellos tienen que desarrollar capacidades, condiciones de bienestar pero también mejorar las condiciones de formación. No es que la Unidad Consultiva vaya a reformar las policías o a modernizarlas; si no que ya hay un proceso de modernización que está vigente por la Ley de Modernización de la Gestión de las Policías que implica un plan a largo plazo para ambas policías.
- Como uno de los redactores de la Ley Naín Retamal, ¿Qué aspectos se lograron mejorar en cuanto a protección de los policías?
- Con la Ley Naín Retamal extendimos la protección a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que cumplen rol de orden de público, por ejemplo los que están desarrollando hoy funciones en La Araucanía. También logramos cubrir de mejor manera la protección al funcionario y en definitiva hicimos modificaciones en varios cuerpos legales, entre ellas modificamos los apremios ilegítimos que antiguamente tenían una regulación muy amplia, entonces cualquier conducta de un funcionario era consideraba apremio ilegítimo. Hoy día es restrictiva, requiere requisitos y se hicieron varias modificaciones al tipo penal que han permitido la revisión de las sentencias y por ende la absolución de muchos funcionarios. Personalmente conozco al menos 15 casos de revisión de sentencia.
-En lo que respecta a La Araucanía, usted ha manifestado que el tema de la pobreza es urgente de abordar porque se relaciona al de la seguridad, ¿podría explicar este planteamiento?
- Efectivamente en La Araucanía y también en la Región del Biobío, hay un problema que trasciende netamente la seguridad que es la pobreza. Es un desafío a enfrentar porque ha sido una bandera de apoyo a estos grupos insurgentes que amenazan día a día a los ciudadanos y se aprovechan de las condiciones precarias de algunas comunidades para poder asentarse y preparar su área de influencia en la Región. Entonces uno de los problemas que hay que enfrentar sin duda es la pobreza tanto en La Araucanía como también en la zona de Arauco.
-Sobre los grupos insurgentes, ¿en qué etapa se encuentra el requerimiento para declarar la inconstitucionalidad de la CAM?
-Todavía no entramos a la fase de desarrollo del juicio propiamente tal, pero efectivamente junto al actual consejero constitucional Antonio Barchiesi (Republicano), presentamos un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional a la Coordinadora Arauco Malleco, pero también a otras 4 ORT que sirven de apoyo a la CAM. Esta es la primera vez en democracia que se debate la inconstitucionalidad de una organización y eso es lo histórico de la admisibilidad para tramitar este requerimiento.
- En caso de concretarse, ¿qué permitiría la declaración de inconstitucionalidad de organizaciones como la CAM?
-Si conseguimos que la CAM sea declarada inconstitucional al igual que estas ORT, será el primer paso para generar una estrategia nacional contra estos grupos insurgentes, de manera que todos los gobiernos sin excepción e independiente de su color político, tengan que perseguir a estos grupos que amenazan y atentan contra la integridad de la sociedad.
"Efectivamente en La Araucanía y también en la Región del Biobío, hay un problema que trasciende netamente la seguridad que es la pobreza. Es un desafío a enfrentar porque ha sido una bandera de apoyo a estos grupos insurgentes que amenazan día a día a los ciudadanos".